El Parlamento avala el decreto de recuperación de La Palma que anticipa la futura Ley de Volcanes

El Parlamento de Canarias convalidó en un pleno extraordinario, con la abstención del PSOE y NC-Bc, el decreto urbanístico de reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite, con lo que socialistas y canaristas rompieron la unanimidad que sí hubo en la Comisión de Cabildos celebrada la pasada semana respecto al mismo texto. 

Un decreto que, como defendió la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, "es el primero" de los cuatro textos legislativos "que mira al presente y el futuro de La Palma" y que se constituye en "el precedente normativo que culminará en la Ley de Volcanes que entrará en febrero" en la Cámara para su tramitación.

"Este decreto no solo garantiza a todos los palmeros y palmeras sus derechos que la lava arrasó y que serán compensados económicamente, sino también marca la senda legislativa para todos los canarios que sufrirán una nueva erupción. Porque no sabemos dónde y cuál será su dimensión, pero la habrá", enfatizó Barreto.

La consejera Barreto insistió durante su defensa del decreto ley en materia territorial y urbanística que es el primero "la hoja de ruta trazada" y que en los próximos meses se aprobarán los relativos a materia agraria, vivienda y el de la reactivación de la actividad comercial e industrial, garantizando que "todo lo que quede sin resolver en uno, se resolverá en el siguiente".

Recalcó también que el texto refrendado reconoce el derecho de las personas afectadas a percibir una compensación económica por el valor de lo perdido y que lleva aparejado el plan de pagos que se pondrá en marcha con los 150 millones con los que cuenta el Gobierno de Canarias este año (50 millones de fondos propios y 100 millones del Estado), además de garantizar el derecho de propiedad de los afectados sobre sus parcelas y reconocer el derecho de los causahabientes de los afectados ya fallecidos y permitir que los afectados puedan trasladar su derecho a la reconstrucción a cualquier parte de la isla y hacerlo extensible a las segundas viviendas y viviendas vacacionales.

Tramitación urgente

Socialistas y canaristas sí apoyaron la tramitación del decreto como proyecto de ley por la vía de urgencia en base a los mismos argumentos que usaron para su abstención: "el texto es manifiestamente mejorable vía enmiendas".

Para la socialista Alicia Vanoostende, el decreto "relega a los afectados a ser meros espectadores, ya que eliminan su participación en un consorcio en el que tenían poder de decisión, pues se crea un consejo consultivo en el que solo podrán dar su opinión, pero no tendrán voto en las decisiones, que quedan en exclusiva para el Gobierno de Canarias".

Por su parte, el canarista Luis Campos consideró que "no es cierto que solucione todas las situaciones provocadas por el volcán y crea muchas incertidumbres", toda vez que "no resuelve la situación de quienes tienen una propiedad en la colada de más 10 metros" y, además, "prima a quienes más recursos económicos tienen" y pueden afrontar el desembolso que supone "la instalación de los servicios de luz, agua, saneamiento y demás necesarios para poder habitar en su propiedad hasta que los proyectos urbanísticos sean aprobados", lo que "las personas con más dificultades económicas" no podrán afrontar.

Además, tanto el PSOE como NC-Bc pusieron reparos a que se anule cualquier tipo de planificación previa en materia urbanística no solo para la residencia habitual sino para segundas viviendas o vacacionales, incluso si estaban fuera de los planes de ordenación. Para Vanoostende, esto se debe a la "cultura del pelotazo propia de la derecha canaria" y para Campos "una vivienda no habitual no puede ser reubicada en suelos rústicos de protección agraria o de protección ambiental".

Vanoostende cree que el decreto da vía libre a la "cultura del pelotazo que defiende la derecha"

La necesidad de implementar mejoras en el texto normativo también fue un argumento esgrimido por el PP y Vox, aunque ambos votaron a favor de la convalidación, en base a varias consideraciones que hizo el Consejo Consultivo de Canarias en su informe preceptivo.

Precisamente, el dictamen emitido por el Consultivo pide que, "tal y como prescribe el artículo 180 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos", se exija a la "Consejería competente en materia de medio ambiente un informe favorable" antes de proceder a actuaciones de recuperación en estas zonas.

Un necesario organismo supervisor

Según el Consultivo, aunque en el artículo 13 del decreto ley se asegura que "excepcionalmente solo podrán ejecutarse" durante el proceso de declaración de espacio natural protegido ""obras públicas o relacionadas con la prestación de servicios de interés público o general que resulten necesarias", este órgano insiste en que debe haber un organismo supervisor.

Otra de las observaciones del dictamen, y sobre la que la diputada Paula Jover (Vox) hizo hincapié durante su intervención en el pleno extraordinario, está referido al artículo 6 del decreto, pues "en contra de lo que dispone el artículo 3, el apartado 2 de este precepto dispone que la construcción, reconstrucción o rehabilitación de edificaciones o la recuperación de usos o actividades preexistentes se legitimará en cualquier parcela respecto de la que acrediten ser titulares de cualquier derecho subjetivo suficiente, no únicamente con el título de propiedad de los terrenos". 

Por tanto, esta institución consideró en su dictamen que "hay una contradicción entre ambos preceptos que deberá corregirse", pues el artículo 3 es más restrictivo que el 6 de la misma norma, lo que crea una inseguridad jurídica que Jover consideró que hay que subsanar.

Por su parte, la conservadora Raquel Díaz reconoció que el decreto "no da respuestas inmediatas a muchos de los afectados", pero insistió en que fija las condiciones para la reconstrucción.

La aplicación de la nueva norma está destinada a "la construcción y reconstrucción de edificaciones destinadas a uso residencial" en cualquiera de sus modalidades, "incluyendo la vivienda vacacional, en situación legal o asimilada a la legal".

Asimismo, será de aplicación "a la rehabilitación de inmuebles afectados" por la erupción "para ser destinados a uso residencial, con o sin modificación del uso actual".

Al respecto, el decreto ley define la edificación en situación legal como "aquella que fue ejecutada al amparo de un título administrativo habilitante y fuera conforme con la ordenación aplicable, así como aquella que se encuentre en situación legal de consolidación o en situación legal de afectación por actuación pública", mientras que aquellas en situación asimilada a la legal son las que están "fuera de ordenación".

En cuanto a los usos, pueden edificarse para destinarlas "a alojamiento habitual o no habitual de personas, incluidas las llamadas segundas residencias y la vivienda vacacional", además de todas aquellas obras cuyo objetivo sea "lograr la adecuación estructural de la edificación, construcción o instalación proporcionándoles condiciones de seguridad constructiva, estabilidad y resistencia" para evitar su derrumbe.

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