Cabildos y partidos apoyan el decreto ley urbanístico del Gobierno canario para la recuperación de La Palma

Los cabildos insulares apoyaron sin fisuras hoy jueves en el Parlamento regional el primero de los cinco decretos que prevé el Gobierno canario para la reconstrucción social y económica de La Palma, dañada por el volcán. La norma, que entró en vigor el 19 de diciembre, será llevada ante el pleno del Parlamento el próximo 17 de enero para su convalidación. También todos los grupos parlamentarios valoraron positivamente este decreto si bien pidieron que se tramite como proyecto de Ley para "mejorarlo" con sus aportaciones y dar respuesta a las dudas suscitadas por el Consejo Consultivo que, no obstante, avala en general la norma.

Por tanto, tanto cabildos como grupos parlamentarios celebraron esta nueva norma, después de ocho borradores en la pasada legislatura, y que haya contado con una amplia participación de la ciudadanía de La Palma, para dar soluciones a las familias que siguen afectadas por el volcán, y en especial, no solo en la reconstrucción de sus viviendas y en ayudas económicas sino en favorecer medidas para la salud mental de quienes perdieron todos sus enseres y casa. A excepción del Cabildo de Gran Canaria, que no estuvo presente en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento, los dirigentes de las corporaciones insulares, y en especial el presidente de La Palma, Sergio Rodríguez, precisaron que se coloca "a las personas en el centro de las decisiones" y esperan, en concreto, respuestas para las familias que tienen enterradas sus viviendas en las zonas rojas, las más próximas a las zonas de emisión de lava, pendientes de la delimitación de espacios naturales protegidos. A este respecto, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la palmera Nieves Lady Barreto, está buscando fórmulas de compensación.

La Comisión General de Cabildos Insulares se reúne para abordar el decreto ley de recuperación de La Palma

El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, se encargó hoy de presentar a los cabildos insulares el decreto ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística que regula la reconstrucción de la zona dañada por el volcán de Cumbre Vieja.

Sentar precedentes

Afonso detalló ante la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento los principales aspectos del decreto asegurando que “todo lo que está haciendo el Gobierno, sienta precedentes jurídicos para futuras erupciones en Canarias, y puesto que somos la única región del Estado con esta realidad, de ahí, la trascendencia e importancia que tiene esta norma y las que están por venir”.

El viceconsejero explicó a los presidentes insulares y a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios que la norma se ha redactado teniendo muy en cuenta lo expresado por los afectados en todo este tiempo. “La decisión del Gobierno de Canarias ha sido atender y dar respuesta a la voluntad de las personas afectadas de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban. No se trata de algo meramente individual, sino que persigue rehabilitar las comunidades vecinales que fueron deslocalizadas por la tragedia, el retorno de la población para evitar, en la medida de lo posible, el desarraigo del Valle de Aridane.

El derecho a la propiedad

Con respecto a la filosofía que motiva el decreto, Pedro Afonso explicó que el Gobierno ha trabajado en un documento basado en garantizar el derecho a la propiedad privada como elemento fundamental, así como en habilitar la mayor recuperación posible de lo perdido, “que es, ni más ni menos, lo expresado mayoritariamente en estos dos años por las personas damnificadas”. 

El viceconsejero también expuso que el decreto busca ese equilibrio necesario entre impulsar la iniciativa de la reconstrucción en manos de las personas, que quieren decidir dónde y cómo quieren vivir, actuando la Administración para facilitar el marco jurídico para poderlo llevar a cabo, y compensando económicamente para que las personas que así lo deseen puedan reconstruir, no solo sus viviendas, sus actividades, sus usos, sino sus proyectos de vida, sin menoscabo de las acciones que las administraciones, en función de sus competencias, tengan que acometer en todos aquellos elementos públicos estructurantes necesarios para la recuperación, como, por ejemplo, infraestructuras y servicios públicos. 

Respecto al dictamen del Consejo Consultivo sobre la norma, Afonso informó de que es favorable y reconoce que la Comunidad Autónoma ostenta competencias para regular el objeto del decreto, que aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad para dictar el decreto y que su contenido se adecúa a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, así como al ordenamiento jurídico que le es de aplicación.

No obstante, este dictamen del Consejo Consultivo hace una salvedad, pues detecta que en el decreto ley de reconstrucción de La Palma no hay suficiente control del daño que pueden hacer futuras obras públicas en espacios naturales protegidos. Por ello pide que, "tal y como prescribe el artículo 180 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos", se exija a la "Consejería competente en materia de medio ambiente", un "informe favorable" antes de proceder a actuaciones de recuperación en estas zonas.

Según el Consultivo, aunque en el artículo 13 del decreto ley de reconstrucción (referido a las condiciones de las zonas de recuperación sujetas a medidas cautelares), se asegura que "excepcionalmente solo podrán ejecutarse" durante el proceso de declaración de espacio natural protegido "obras públicas o relacionadas con la prestación de servicios de interés público o general que resulten necesarias", este órgano insiste en que debe haber un organismo supervisor.

"Esas obras, por mucho que existan razones imperiosas de interés general, pudieran suponer una transformación sensible de la realidad física y biológica que puedan llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de la eventual declaración como espacio protegido de esa zona, por lo que en cualquier caso debería exigirse el informe favorable de la Consejería competente en materia de medio ambiente", asegura el informe.

Solo existe esta salvedad en un dictamen en el que el Consejo Consultivo incluso avala, en contra de sus propias tesis previas de años anteriores, que se sacrifique el planeamiento anterior a la erupción en favor de proyectos nuevos.

El presidente del Cabildo de La Palma y exalcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, recalcó en la reunión que la mayoría de los afectados por la erupción volcánica "quieren recuperar lo que tenían donde lo tenían" y que el objetivo principal del decreto es precisamente el arraigo.

Reconoce que el decreto "no es la solución a todas las necesidades", pero recuerda que es "uno de los cinco" que el Gobierno de Canarias pretende aprobar.

534 hectáreas recuperables

En referencia a la superficie de 534 hectáreas recuperables, Rodríguez remarca que en aproximadamente la mitad ya se puede actuar, y ha informado de que el número de licencias concedidas asciende a 249 tras una nueva tanda de 99.

Rodríguez recibió en la comisión parlamentaria el respaldo de sus homólogos de los demás en la Comisión de Cabildos, al igual que de los grupos parlamentarios, si bien algunos diputados insistieron en tramitar el decreto como proyecto de ley, como Raúl Acosta, del Grupo Mixto, que ha hablado de cuestiones por perfilar para evitar "contradicciones".

Juan Manuel García Casañas, del PP, se ha referido a "posibles ambigüedades" y Manuel Plasencia, del PSOE, a "incertidumbres", mientras que Luis Campos, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha avanzado que hay varias cuestiones del articulado que le generan "dudas", como la asimilación de propiedades dentro y fuera de normativa o de viviendas habituales y vacacionales.

Diana Lorenzo, del Grupo Nacionalista, ha indicado por su parte que este primer decreto es "una norma viva y el primero de muchos otros por venir", y que "poco tiene que ver" con los ocho borradores elaborados por el anterior ejecutivo canario "para salir del paso" y que "solo recogían visos de inconstitucionalidad e invasión de competencias".

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado 18 de diciembre el decreto ley en materia territorial y urbanística para la recuperación de La Palma, que modifica la norma de suelo rústico de la pasada legislatura e irá seguido de otros tres en materia agraria, de vivienda y de disponibilidad de suelos.

Con esta modificación, se amplía a toda la isla la posibilidad de que los afectados pueden construir en un terreno en su propiedad, ya sea que lo tuviera antes del volcán o bien que lo haya comprado o vaya a comprarlo después.

Además, el derecho ya no es solo para la vivienda habitual, sino también para cualquier tipo de vivienda, como segundas residencias o vacacionales. También se reconoce a los herederos de personas afectadas ejercer los derechos del fallecido.

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