En una década se jubila el 40% de los empleados públicos autonómicos

La media de jubilaciones anuales supera los 2.000 funcionarios y laborales

La tasa de reposición es ya del 120% pero es insuficiente para cubrir las vacantes

Personal sanitario del Servicio Canario de Salud en el Hospital Universitario de Canarias.

Personal sanitario del Servicio Canario de Salud en el Hospital Universitario de Canarias. / LP/DLP

Los últimos datos estadísticos del personal que trabaja para las administraciones públicas reflejan un incremento sustancial de los empleados que trabajan para la Comunidad Autónoma hasta llegar a los 92.378 ya que se han contabilizado todo tipo de contratos, incluidos los de menos de seis meses y los de formación y prácticas. Aunque puedan parecer muchos el problema de fondo se presenta a medio plazo ya que en una década le llegará la jubilación a cerca de un 40% de la plantilla de la Administración autonómica, todos los que entraron en los años 80 y principios de los 90 en la Comunidad Autónoma y que tienen actualmente entre 50 y 55 años. No solo se trata de funcionarios de carrera de los centros directivos, sino también de personal laboral, sanitarios, docentes y empleados de la Administración de Justicia.

Los problemas derivados de la crisis financiera que se inició en 2008 y las fuertes políticas de austeridad aplicadas en esos años paralizaron las ofertas de empleo público, lo que supuso la entrada de miles de interinos pero, a la vez, la edad media de los funcionarios y empleados con plaza ha ido aumentando, sin que haya un relevo acorde con el elevado número de trabajadores que están en la fase final de su actividad laboral. Con las oposiciones convocadas en los últimos años se han ido rejuveneciendo las plantillas pero sigue siendo insuficiente. En el caso del Archipiélago, no fue hasta finales de 2017 cuando el Gobierno regional reinstauró la tasa de reposición del 100% para el personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma, el personal estatutario del Servicio Canario de la Salud, el personal de la Policía Canaria y de la Agencia Tributaria.

Actualmente se jubilan en las Islas entre 2.000 y 3.000 empleados públicos al año. Según los últimos datos oficiales, en la Administración General le llegó la jubilación a 230 funcionarios en 2022. El cese por jubilación no es el único parámetro que se usa para calcular la tasa de reposición que sirve de base para las convocatorias de ofertas de empleo público. Hay también otros motivos que generan vacantes como excedencia, comisión de servicio, fallecimiento, concurso de traslado o pérdida de la condición de funcionario, si bien la finalización de la vida laboral es la más habitual. Para calcular la convocatoria de la oferta de empleo público de 2023, aprobada en diciembre, se sumó 175 vacantes entre los funcionarios de carrera y 204 entre el personal laboral fijo. La jubilación afectó a 114 funcionario y 116 laborales.

En el ámbito de la Educación también hay un progresivo envejecimiento de la plantilla docente, lo que ha acelerado el número de jubilaciones entre el profesorado en los últimos años. El curso pasado lo hicieron 842 profesionales, por 870 el anterior, según datos oficiales de la Consejería de Educación. La plantilla en la enseñanza pública no universitaria canaria se eleva a unos 27.000 docentes y en los últimos años se jubilan una media de entre 800 y 1.000 maestros y profesores.

En Sanidad hay una media de jubilaciones en los últimos años de entre 600 y 700, a tenor de las tasas de reposición que se han calculado en las convocatorias que se han aprobado. Durante la crisis hubo ocasiones en las que se han «prestado» plazas entre consejerías para poder sacar las ofertas de empleo, sobre todo en los años donde estaba limitada la tasa de reposición. La mayoría de las plazas que se convocan por tasa de reposición ordinaria salen de jubilaciones, pero hay otras por traslados, fallecimientos, incapacidades permanentes y otras contingencias. En la última OPE sanitaria de 2023 publicada en el BOC se ha tenido en cuenta una tasa de reposición del 120%, porcentaje que también se ha puesto en otros servicios públicos que se consideran prioritarios.

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Primero la crisis financiera de 2008 y después la pandemia del Covid, los problemas y las interferencia han ralentizado en los últimos años la incorporación de personal estable a la Administración para ir cubriendo las bajas que se producen a través de las ofertas de empleo público. A la misma vez se ha inflado el número de interinos y temporales que se han ido incorporando para solventar esta situación y que ahora se pretenden estabilizar de una sola vez por imposición de la Unión Europea, que cuestiona la elevada temporalidad existente en las administraciones públicas españolas, una de las mayores del continente. La pandemia obligó a incrementar la plantilla de sanitarios y docentes para hacer frente a la crisis motivada por el Covid y también en las áreas sociales se ha tenido que contratar a personal para sacar adelante los expedientes de la dependencia, el ingreso mínimo vital o las ayudas autonómicas de inserción, además de los empleados que se han contratado para gestionar los fondos europeos Next Generation. Por otro lado, las empresas y fundaciones públicas también han inflado sus plantillas en los últimos años. Sin embargo, existe un tapón entre los funcionarios y laborales que se jubilan, cuya cantidad irá a más en los próximos años, y los que entran por interinidad o contratados que suelen ser más jóvenes pero no entran en la función pública para cubrir las vacantes que dejan los mayores, generalmente con plazas más cualificadas que requieren de una formación superior.

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