Si lo pierdes, lo pagas

Si en una de las carajeras entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en los tensos debates que se traen en el Congreso, uno de los dos, o los dos, en un acto de ofuscación lanzan el móvil al suelo y se rompe, o la tableta por la ventana y se pierde –sin que achoque a ninguno de sus compañeros, claro–, que sepan sus señorías que van a tener que pagar la reparación o el nuevo dispositivo de su bolsillo.

Tal y como está el grado de confrontación política por los casos de corrupción durante la pandemia con la compra de mascarillas, la prórroga de los Presupuestos Generales de 2024 o la aprobación de la Ley de Amnistía, el cuidado de los objetos tecnológicos que los ciudadanos sufragan a los políticos cuando acceden a sus cargos parece una cuestión baladí. Pero no lo es.

Días antes de la hecatombe del caso Koldo, el pasado febrero, la Mesa del Congreso acordó endurecer las medidas para los móviles y tabletas de los diputados. Parecía que los sueldos de los representantes del pueblo no eran lo suficientemente altos, y hasta entonces el Congreso también cubría todo tipo de arreglo o sustitución del dispositivo en caso de romperse o perderse.

Sin embargo, ahora, si le roban el móvil o la tableta de alta gama a un diputado o diputada, tan solo se le comprará otro, y solo si presenta la denuncia de la sustracción. Y, además, si los aparatos se rompen o se averían, el Congreso se encargará de arreglarlos o de sustituirlos en el caso de que no haya reparación posible. Eso sí, el acuerdo deja claro que «tan sólo se procederá a una sustitución por cada dispositivo con cargo al Presupuesto de la Cámara».

Descuento de sus retribuciones

Y en el supuesto de que vuelvan a romperse o estropearse, el diputado podrá solicitar su reparación al Congreso, pero se le descontará de sus retribuciones el importe del arreglo. Además, como venía sucediendo hasta ahora, los diputados que cesen a lo largo de la legislatura tendrán que devolver los dispositivos y accesorios puestos a su disposición por la Cámara, salvo que deseen adquirirlos por el precio que corresponda al momento en el que causen baja. Para calcular su valor se han diseñado unas tablas de amortización concretas.

A los diputados se les entrega un kit tecnológico al inicio de la legislatura, con un teléfono móvil de última generación, en concreto, un iPhone, y una tableta iPad –igual que en el Parlamento de Canarias–. Esto significa que cada uno de los 350 diputados de la Cámara baja –15 provenientes de Canarias– tienen móviles de entre 900 y 1.800 euros.

¿Qué pasa en Canarias?

El Parlamento regional, que preside la popular Astrid Pérez, no tiene una norma escrita respecto a los dispositivos móviles o tabletas que entregan a sus 70 diputados, pero la institución hace tiempo que actúa como el Congreso de los Diputados, afirman desde la Cámara regional. No repone los teléfonos móviles o tabletas que desaparecen (por robo o pérdida) ni repara los dispositivos que se rompan, salvo que se encuentren aún en periodo de garantía.

Si los diputados y diputadas de las Islas sufren algún percance con sus dispositivos los arreglan directamente o lo sustituyen con sus propios medios. Hasta hace unos años –al menos hasta hace dos años donde se ven en los contratos menores compras de móviles para diputados– en la Cámara canaria sí se reponían los dispositivos perdidos o dañados. En la actualidad se entregan como herramienta de trabajo, y cada persona es responsable de su cuidado y reparación a partir de ese momento (salvo que se trate de un defecto que cubra la garantía).

Además, los móviles del Parlamento de Canarias no pueden reutilizarse para otros fines, ya que cuentan con una aplicación interna que impide que se usen de una forma libre. Esto es, no se lo pueden dar a personas allegadas – que seguramente no lo hacen– porque los dispositivos están controlados.

Los móviles cuentan con tarifa plana de voz y datos. Los parlamentarios que dejan sus cargos deben devolver los dispositivos puestos a su disposición durante la legislatura.

¿Cuánto cuestán?

Desde el Parlamento indican que en 2022, cuando la Cámara la dirigía Gustavo Matos, se hizo un concurso público para la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el ámbito de la telefonía fija, móvil y datos, tanto en sede parlamentaria como fuera de ella. La licitación fue adjudicada por 423.999 euros, más los impuestos correspondientes, durante dos años. Es decir, que este año debería haber un nuevo contrato o extenderse el actual.

En 2015, cuando Podemos aún habitaba en el Parlamento, pidió que la Cámara destinara al «rescate ciudadano» el coste de los móviles y tabletas de alta gama que reparte a los parlamentarios, y se usaran unos más económicos. Al explicarles que estos dispositivos no se pagaban aparte o por unidades, sino que se incluyen en un paquete de telefonía convocado en concurso público, los diputados de Podemos decidieron usarlos y no comprarse otros más baratos con su sueldo.

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