Informe anual de la Diputación del Común | Suspenso a las políticas sociales canarias
Cada cuatro horas muere en Canarias una persona dependiente en espera de ayudas
El Diputado del Común asegura que Canarias es "incapaz de cumplir con la gente más vulnerable" debido a "la insuficiencia presupuestaria en políticas sociales"
Una persona dependiente en silla de ruedas y su acompañante pasean por la calle. / E.D.
Una persona con dependencia muere cada cuatro horas en Canarias mientras está en la lista de espera: en 2023 han sido un total de 2.300 las fallecidas en esta situación. Esa es la "radiografía fiel de la parte social de Canarias" que supone el informe de la Diputación del Común del pasado año que su titular, Rafael Yanes, entregó a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez.
Para Yanes, se confirma una tendencia, pues ya sea con el Gobierno del pacto de las flores o con el gabinete que preside Fernando Clavijo, "la Comunidad Autónoma de Canarias es incapaz de cumplir con las personas más vulnerables debido a la insuficiencia presupuestaria en políticas sociales".
Al respecto, incidió en que en las Islas el gasto por habitante y año en políticas sociales es un 35% inferior a la media nacional y, por ejemplo, la mitad que en Extremadura: "comunidades como Castilla y León, con un 10% más de habitantes que Canarias, gasta solo en dependencia más dinero que toda la Consejería de Bienestar Social en dependencia, discapacidad, Renta Ciudadana y política de menores".
Una persona que tramite una solicitud de dependencia en las Islas no tendrá respuesta hasta el año 2026
Los datos que desgranó Yanes tras la entrega del informe en el Parlamento confirman la dantesca situación de las personas en situación de vulnerabilidad que dependen de la ayuda de la Administración canaria: 16 meses para abonar la Renta Canaria de Ciudadanía (cuando por ley serían tres meses), 60 meses (la legislación prevé seis meses) para la resolución de grado de discapacidad y 23 meses para las de dependencia, cuando por ley debería ser medio año.
Gestión desastrosa
Hasta tal punto es desastrosa la gestión de las políticas sociales en el Archipiélago que "si una persona presentase el 21 de marzo una solicitud por dependencia en Castilla y León la tendría resuelta antes del 28 de julio, es decir, 4 meses y 7 días, mientras que si esa misma persona la presentase en Canarias, tendría que esperar al año 2026, y eso si no fallece antes".
"En dependencia llevamos dos años mejorando, pero seguimos siendo los peores de España en el dato más importante, que es cuánto tardamos en dar la ayuda a las personas", afirmó Yanes.
No es de extrañar, por tanto, que la Dependencia continúe siendo el área más numerosa en reclamaciones a la Diputación del Común (368), aunque por segundo año consecutivo se produce una disminución con respecto al ejercicio anterior (-26,10%).
Quejas
De las quejas presentadas en esta área, 102 se refieren a la revisión del grado de dependencia y 93 al reconocimiento del mismo; 42 a la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) y 29 a su revisión; siete a la resolución de recursos de alzada, otras siete a la efectividad de las prestaciones reconocidas y diez reclamaciones de cantidades por entidades prestatarias.
Hay un grupo de 78 quejas referidas a traslados desde otras comunidades autónomas a la de Canarias (por cambios de residencia de las personas afectadas), reclamaciones de responsabilidad patrimonial, resolución de recursos de reposición, suspensión del pago de prestaciones, así como a la obstrucción al derecho de acceso de la ciudadanía a la información sobre sus expedientes.
Discapacidad
También es destacable que la Discapacidad siga en segundo lugar «por el reiterado incumplimiento de los plazos establecidos para la resolución de los expedientes». Por este motivo, la Diputación del Común elaborará un informe extraordinario sobre esta materia para aportar al Parlamento de Canarias algunas propuestas de mejora.
Los problemas derivados de la sanidad y la salud pública generaron 203 nuevas quejas
En el área de Discapacidad, al cierre del ejercicio 2023 figuran en trámite 288 expedientes, 246 de ellos pertenecen a quejas abiertas en el año 2023 (supone el 82,82% de las quejas en trámite en esta área), 38 del año 2022 (13,19%) y 4 del año 2021 (1,38%).
En el año 2023 se han presentado doscientas tres (203) nuevas quejas relacionadas con los problemas derivados de la sanidad y salud pública, lo que significa un descenso de expedientes del 6,02% con respecto al ejercicio anterior.
Aunque supone un ligero descenso con respecto al año anterior, donde se recibieron 216, el porcentaje sigue siendo significativo al objeto de considerar que la ciudadanía sigue considerando a los problemas relacionados con la sanidad pública canaria como uno de los más importantes, y especialmente los que tienen que ver con los retrasos que origina el incremento de las listas de espera en las intervenciones quirúrgicas, en las citas médicas, en los diagnósticos o procesos de rehabilitación, o los que se derivan de la falta de respuesta a las reclamaciones en el ámbito sanitario presentadas por la ciudadanía y de la tramitación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
Adjuntía Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género
La Adjuntía Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común se creó en el año 2018. Desde entonces, Beatriz Barrera, titular del área, tramitó uno total de 527 expedientes, repartidos entre particulares e investigaciones de oficio.
En el informe referido a 2023 se afirma que a lo largo de los cinco últimos años se constata "el descenso de denuncias ante esta Adjuntía" y, de forma concreta, el pasado año, en el que además "se ha conseguido resolver de forma favorable casi la mitad de las 35 quejas nuevas gestionadas".
Se procedió al archivo de 103 expedientes durante el periodo anual de 2023, correspondiendo 30 al pasado año, 43 de ellos al año 2022, 25 al año 2021 y cinco a 2020. Un total de 62 quejas se cerraron con resolución, de las cuales 30 tuvieron un resultado positivo, lo que representa el 43.38% de las cerradas con resolución.
Además, siete se trasladaron a otras instituciones (cuatro al Defensor del Pueblo y tres al Consejo General del Poder Judicial); 27 se inadmitieron y el resto de los cierres, ascienden a siete. | S.L
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