Canarias exige al Estado que abone el 100% de la gratuidad de guaguas y tranvía

El Gobierno de Canarias lo tiene claro: el Estado debe asumir el sobrecoste que supone que en las Islas el número de usuarios del transporte público se incrementó el 43,6% desde que se aprobó su gratuidad, lo que a su vez provocó un crecimiento de las flotas y de los puestos de trabajo. Todo ello supone una inversión de 141 millones de euros, pero el Gobierno central solo abona los 81 millones presupuestados para 2023, de ahí que los 60 millones restantes se estén abonando durante estos primeros meses de 2024 por parte de la Comunidad Autónoma y los cabildos insulares.

"Cuando se negoció la partida para la gratuidad del transporte en Canarias se planteó que eran 81 millones, basándose en un cálculo del gasto anterior, pero esa partida tendría que adaptarse al gasto real actual y ya hemos trasladado al Ministerio que son 141 millones debido en gran medida, al incremento de los costes de explotación, por lo que ese déficit lo tienen que abonar", aseguró el consejero de Obras Públicas y Movilidad, Pablo Rodríguez.

La tesis del Gobierno de Canarias es que los 81 millones de euros para la gratuidad incluidos en los ya prorrogados de forma definitiva Presupuestos del Estado de 2023 sea una "partida abierta" que se tiene que "adaptar" para no generar más déficit y que "tiene que asumir el Estado", vía decreto ley o mediante modificaciones presupuestarias puntuales.

Rodríguez reconoció que durante las negociaciones para aprobar el ya no nato Presupuesto de 2024 se garantizó por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que se cubriría ese déficit. Sin embargo, la decisión del presidente Pedro Sánchez de renunciar a las cuentas estatales de este año deja en el limbo ese dinero hasta 2025.

Injusticia absoluta

Para el titular canario de Obras Públicas y Transporte, el Archipiélago «no puede esperar a los Presupuestos de 2025» y el Ministerio debe "abonar ya" ese déficit.

"La financiación al 100% de la gratuidad la tiene que pagar el Estado, de eso no hay ninguna duda, pues en la Península el tren de media distancia no lo pagan las comunidades autónomas y sería absolutamente injusto que Canarias, sean los cabildos o sea el Gobierno, tenga que poner un euro para pagar la gratuidad del transporte", remachó el consejero.

En la ficha financiera del transporte público en este momento hay tres partidas: el déficit de explotación, para el cual el Estado aporta 47,5 millones de euros y que el Gobierno de Canarias transfiere a los cabildos, los 81 millones de euros de la gratuidad y 10 millones que aporta el Gobierno de Canarias para el abono residente canario.

Pablo Rodríguez cree "injusto" que en la Península sí se financie el tren de media distancia

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las compañías de transporte público urbano en guagua que operan en Canarias movieron el año pasado a 87,2 millones de viajeros, un 43,6% más que en 2022, cuando se desplazaron en sus rutas 60,70 millones de usuarios Es más, el crecimiento en el número de viajeros que provocó en el Archipiélago la decisión de hacer gratuito ese servicio para los usuarios regulares del transporte público duplica el incremento que generó esa bonificación en el resto de España, que fue del 20,9%.

En las dos islas capitalinas, Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria cerró 2023 con 47,9 millones de viajeros (12,7 millones más que en 2022) y la empresa Titsa transportó en Tenerife el año pasado a 69,4 millones, un 45% más que en el año 2022, que fueron 21,4 millones de pasajeros, a los que hay que añadir los 19 millones de usuarios del tranvía, casi 4 millones más que en 2022.

Los trenes, a la espera

En cuanto al resto de consecuencias que la prórroga presupuestaria tendrá para su departamento, Rodríguez reiteró que no existe problema respecto a las "partidas ya consolidadas en el convenio de carreteras" suscrito entre Canarias y el Estado, aunque sí para los trenes que se impulsan tanto en Gran Canaria como en Tenerife, toda vez que "estábamos buscando fórmulas para establecer un marco de financiación estable y el Presupuesto del Estado de 2024 era una oportunidad para encontrar ese marco de financiación".

"Ya no va a ser posible aprovechar esa oportunidad, aunque vamos a intentar la vía de la Ley de Movilidad Sostenible", apostilló.

Para Canarias, los dos trenes entran de lleno en varios de los pilares en los que se basa la futura legislación estatal: la sostenibilidad y la cohesión social y territorial.

Precisamente, la Ley trata de promover alternativas atractivas al vehículo privado y los dos proyectos ferroviarios son, para la Consejería de Obras Públicas y Movilidad, una solución factible "a nuestro modelo actual, que está totalmente saturado".

Las empresas de transporte público urbano movieron el año pasado 87,2 millones de viajeros

Por ello, y como ya afirmó el pasado 15 de marzo durante una comparecencia en el Parlamento de Canarias, el consejero cree que la Comunidad Autónoma tiene encaminada su negociación para lograr que el Gobierno de España, tal y como se aprobó en las resoluciones del Debate sobre el estado de la nacionalidad, declare de interés general la red ferroviaria de las islas sin perjuicio de que la competencia sobre los trámites territoriales y ambientales continúe residenciada en los cabildos insulares.

Como se recordará, el pasado 6 de marzo Rodríguez mantuvo una reunión con el ministro Puente y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano en la que se creó un grupo de trabajo para financiar los trenes canarios sin que se integren en el organismo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Tal y como explicó en su momento el consejero de Obras Públicas y Movilidad, "en ningún caso el ministro puso en duda la viabilidad de los proyectos ferroviarios, todo lo contrario, pues los datos que se aportaron demostraron la necesidad de una alternativa al vehículo privado".