«La corrupción sólo parará si se corrigen lagunas institucionales». Son las palabras del magistrado Joaquim Bosch que ayer presentó su libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España (Editorial Ariel) en el marco de la 34ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria.
Bosch subrayó que «continuará la corrupción mientras no se cambien los instrumentos institucionales que facilitan mucho que se produzca». Y recordó que «hemos visto en la pandemia todos los escándalos en la compra de material sanitario, mascarillas, etc., que demuestra que en nuestro país la legislación aún facilita mucho adjudicar los contratos públicos a familiares, amigos, tramas corruptas de todo tipo y yo creo que esto no es por casualidad». Todo esto ha demostrado que «no hay insuficiencia por errores técnico, sino que es conocido que el sistema institucional deja esos huecos, pero aún no ha habido voluntad política de corregir estas anomalías».
El magistrado, que estuvo presentado por los abogados Vanessa Ramírez y Roberto Orive, reconoció que mucha corrupción procede del antiguo régimen. «Las grandes prácticas corruptas en nuestro sistema democrático tienen un origen en dinámicas del régimen anterior, lo cual resulta lógico porque es el sistema inmediatamente precedente al actual», señaló. «Yo documento casos en el libro desde la Edad Media, pero parece claro que debe haber más influencia del franquismo y es evidente que Jesús Gil no inventó la corrupción vinculada al urbanismo y turismo de Marbella. Y en Canarias, igual que en Valencia, Baleares y otros territorios turísticos, pasó lo mismo. Fueron cargos del régimen en la época de Franco los que en Canarias practicaron todo tipo de dinámicas corruptas y esto continuó en democracia porque, no olvidemos, que hubo en Canarias muchos cargos políticos de la dictadura que formaron parte de los partidos democráticos».
Bosch reconoció que el caso de Dimas Martín, desde el análisis eminentemente criminológico, es importante, ya que la democracia aporta continuidad al régimen anterior, «pero también discontinuidades» porque hay un sistema pluralista, los partidos políticos se tienen que financiar y, mayoritariamente, lo hacen ilegalmente como demuestran las sentencias en los hechos probados.
Elecciones
«Luego hay que nombrar cargos en las elecciones democráticas y aparecen las dinámicas antiguas ligadas al urbanismo, al turismo y a la adjudicación de contratos públicos, pero también nuevas dinámicas vinculadas al funcionamiento democrático de las instituciones y el caso Dimas Martín es el caso de un político que participa en sobornos para comprar cargos para configurar instituciones de concejales, además con la situación realmente llamativa de una aceptación por parte de los principales partido políticoss».
Bosch reconoció que le había impresionado cómo en el 2003, cuando el político había sido condenado varias veces por soborno y sólo estaba pendiente el ingreso en prisión, fue elegido como presidente del Cabildo de Lanzarote y «no solo por los cargos de su partido, que me parece rechazable, sino por los representantes de Coalición Canaria y el Partido Popular». Aún así el magistrado señaló que «yo creo que la mayoría de los políticos son personas honradas que intentan mejorar las vidas de sus vecinos en las distintas administraciones. Pero basta que haya una minoría amplia instalada en sectores con mucha capacidad para decidir para que esto pueda contaminar a todo el sistema». Y, desde su punto de vista, «creo que esto ocurre, que no hay una minoría de cuatro manzanas podridas sino que son más de 400 y 4000 en el conjunto de nuestro país. Y si esto no se soluciona la corrupción va a seguir existiendo. De hecho vemos que el origen es muy antiguo, pero hay prácticas muy institucionalizadas porque han salpicado a los principales partidos». El magistrado también reconoció que «las sentencias demuestran que los principales partidos de nuestro país se han financiado ilegalmente gracias a la corrupción, nos dicen que las tesorerías de las grandes fuerzas políticas han desviado dinero negro, se han financiado de manera ilegal sus campañas electorales, han pagado sus sedes con dinero procedente de la delincuencia. Yo sé que todavía hay demasiada resignación de la corrupción, pero son hechos graves que haya tanta cercanía de espacios centrales del espacio democrático con prácticas corruptas a mí eso me parece muy preocupante». Y lo peor es que España es el país de Europa occidental con más niveles de desigualdad social, a bastante distancia los sectores más desfavorecidos de los aventajados y la corrupción es uno de los que favorecen esas desigualdades porque «la corrupción es básicamente antisocial» porque lo que hace es capturar rentas de los sectores más desfavorecidos y desviarlas hacia quienes están mejor. «La corrupción siempre la perpetran privilegiados, gente que vive bien, pero que quiere vivir mejor a costa de la sociedad. No son personajes marginales, excluidos socialmente, sino que hay un desvío de rentas hablando a niveles estructurales, no es un problema de que un corrupto se lleve varios millones de euros, sino que pasa en magnitudes muy estructurales, afecta al propio sistema de mercado del país. No olvidemos que en España la contratación pública supone doscientos mil millones de euros al año y cualquier desvío de esas cantidades es importante porque son más de 50 mil millones de euros al año».
Pero Bosch también reconoció que la corrupción no es un problema biológico, ni genético, ni climatológico. «Hay corrupción con dinámicas que no son muy diferentes en el Congo, Papúa, Guatemala y España. Lo que hay en común son deficiencias en la configuración de las instituciones. Si tuviéramos un sistema institucional como el que tiene Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda o Alemania, estas cosas no pasarían». Al mismo tiempo «la corrupción política española no tiene equivalentes en ningún país europeo democrático en la forma en la que se ha exteriorizado, ni en Sicilia ni en Nápoles. En otros ámbitos existe la corrupción sistémica que afecta a políticos, jueces, policías, militares, que es lo que pasa mucho precisamente en Centroamérica.
Y a menos escala en Sicilia o Nápoles, donde hay corrupción política, pero también corrupción policial o funcionarial». Sin embargo, el magistrado subrayó que la gran singularidad española, que llama la atención en los expertos internacionales, es que la corrupción está muy centrada en lo político y esos porcentajes no tiene equivalentes en Europa y se aproximan a los de Guatemala u Honduras. Y en muchos territorios han sido encausados y entrado en prisión el presidente, concejales, alcaldes».
En cuanto al caso del rey emérito, el magistrado afirmó que «todos los cargos públicos de una sociedad democrática, sea el jefe de Estado, el presidente del Gobierno, el presidente autonómico, o los alcaldes, deben dar explicaciones, rendir cuentas y actuar con transparencia. No puede haber ninguna excepción. En una sociedad democrática hay que explicar a la ciudadanía lo que se ha hecho en el ejercicio de las funciones y conocer los elementos básicos del perfil de un cargo público, sus ingresos, una declaración de patrimonio, por razones de transparencia y por saber si realmente los comportamientos han favorecido tramas de tipo corruptas».
Por este motivo, según Bosch, la jefatura del estado no puede quedar fuera, «y tampoco me parece razonable que un organismo público tan importante que tiene las máximas responsabilidades simbólicas y representativas de un país tenga una especie de carta blanca para poder delinquir. Creo que la inviolabilidad supone una excepción injustificada en la igualdad antes la ley sobre todo si se aplican actitudes privadas que no ayudan en nada al ejercicio de la función publica. Por tanto, creo que la inviolabilidad tendría que ser revisar».
