Decadencia del estado caribeño

El derrumbe cubano

Más de 180.000 personas, jóvenes en su mayoría, abandonaron la isla en 2022 por el deterioro de las condiciones de vida y la carestía de oportunidades | La situación de la vivienda es ruinosa debido a la falta de conservación y miles de familias subsisten en condiciones insalubres

La familia de Irene (60), reunida en el habitáculo del albergue.

La familia de Irene (60), reunida en el habitáculo del albergue. / J.O. / M.M.

Laura Luque

El pueblo cubano sufre por un futuro incierto y un presente precario. Mientras el gobierno se centra en recuperar el sector turístico, el país se enfrenta al mayor éxodo migratorio de su historia. El año pasado, más de 180.000 personas abandonaron la isla. La inflación, la tercera más alta del mundo por detrás de Zimbabue y Venezuela, unida al bloqueo económico por parte de Estados Unidos y a la gestión disfuncional de las administraciones, provoca que la gran mayoría de los cubanos no puedan cubrir sus necesidades básicas.

La situación de la vivienda es un claro reflejo del hundimiento del país. En La Habana Vieja —la zona más antigua de la capital y su foco turístico— edificios en ruinas colindan con grandes hoteles de lujo formando un paisaje de contrastes socioeconómicos. Las viviendas cubanas ya se encontraban en mal estado debido a su antigüedad y la falta de mantenimiento, pero la situación empeoró significativamente tras el huracán Irma (2017), que provocó diez muertos, daños en 158.000 viviendas y 14.000 derrumbes en el país. En 2022, cuatro de cada diez domicilios cubanos se encontraban en regular o mal estado técnico, según estadísticas oficiales, y la cifra continúa aumentando. Mientras el gobierno se centra en reflotar el sector turístico, el año pasado solo construyó el 58% de las viviendas planeadas, dejando a miles de cubanos viviendo en un lugar —y un país— que se cae a pedazos.

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«Eso es lo que pasa aquí en La Habana cuando llueve demasiado. Como estas construcciones son del tiempo de la colonia, cuando cae mucha agua y luego sale mucho sol, las estructuras comienzan a agrietarse y se caen», argumenta Niovis (33). Vive junto a su hermana Salin (32) en un pequeño habitáculo en Muelles La Coubre, unas antiguas oficinas portuarias que se usan como albergue. Cuando el edificio donde vivía Salin cedió, el Estado las reubicó a este espacio como medida temporal, pero los cuatro meses iniciales se han convertido ya en más de cinco años. El albergue no cumple los requisitos mínimos de habitabilidad, todo es eléctrico y los apagones están a la orden del día. Las perspectivas de las hermanas son escasas: «Nosotras estamos peladas, aquí, sobreviviendo», comenta Niovis tras soltar una carcajada irónica. Los signos de malnutrición ya comienzan a ser visibles en sus cuerpos, les queda un trozo de pollo para los próximos 23 días. Ninguna de las dos trabaja, Salin tenía un empleo en el sector de la limpieza, pero ya no hay trabajo.

«Aquí hay muchos bebés, demasiados. Y todos casi siempre están enfermos», dice Salin. Uno de ellos es el pequeño Kendri, que según indica Naiara (19), su madre, se ha acatarrado tres veces en sus siete meses de vida. Ambos viven con la madre de Naira, Mairelis (37), su hermano Daian (17) y su abuela Irene (60). La situación de esta última es particularmente complicada, perdió las piernas a causa de la diabetes y los problemas circulatorios que sufre: «Yo no bajo de aquí, hace dos años que vivo aquí arriba y no me muevo pa’ ningún lado», comenta. «Nosotros nos sentimos pésimos, porque lo mínimo que debe tener el ser humano son unas condiciones de vida que nosotros no tenemos», lamenta Mairelis. Reciben una pensión de 3.702 pesos para Irene —como persona dependiente—, su hija, y Daian, por estudiante. Aseguran que con este dinero no llegan a comprar la comida de más de una semana, así que subsisten «inventando», como dice Naiara. «Ese mismo hijo mío tiene 17 añitos y él vende pomitos de refresco a 15 pesos. Me ayuda bastante, hay que darle gracias a Dios», agradece Mairelis.

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Afirma que hay una historia delicada acerca de la casa donde vivían, en el 102 de la calle Vives, situada en el barrio habanero Jesús María. El edificio fue declarado inhabitable y el Estado lo desalojó con la intención de demolerlo. Tres años después, en diciembre de 2020, un balcón se derrumbó, ocasionando la muerte de tres niños de 11 y 12 años: «La casa nos quedaba frente a una escuela y era una fecha señalada, al día siguiente se celebraba el aniversario del nacimiento de José Martí. Allí vivíamos nosotros…», relata Mairelis. El caso tuvo una gran repercusión a nivel global: «Todo lo que es mediático, todo lo que es noticia internacional, se soluciona. Ahora, si no hubo afectación ninguna, estás cagao. En este caso, el edificio fue reconstruido y quedó precioso. El objetivo es que no se vea lo que no quiero que se vea», critica R. (51), ex restaurador de edificios.

El negocio de la especulación

Actualmente, R. se dedica a la compra-venta clandestina de material para la construcción: «Todo aquí se mueve por el mercado negro, no se mueve nada por lo legal porque hay carestía de todo. Y a la vez que hay carestía de todo, la inflación es grande», explica. En Cuba hay tres almacenes distintos: el Rastro, destinado al pueblo, que lleva años vacío; el almacén de las PyMEs y el de la UCM (Unión de Construcciones Militares): «Este último está lleno de material importado, lo único cubano es el acero. Allí no hay carencia de material», indica R.

La UCM, junto a GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) y otras organizaciones militares, dominan el 70% de la economía cubana y tienen el monopolio de los sectores más rentables, como el del turismo. Aquellos que necesitan comprar material de construcción, sobre todo para realizar reparaciones, no tienen más remedio que adquirirlo mediante el mercado negro. R. asegura que detrás de la falta de mantenimiento y reconstrucción de las viviendas, hay una intención especulativa: «El gobierno deja que se destruyan las cosas, las compra a bajo coste, las vende a cualquier compañía extranjera y hace un acuerdo con ellos. Trabaja la UCM junto con cualquier firma inversora». Al inicio de la revolución, el Estado convirtió los grandes hoteles en pisos, el modelo de resolución de la vivienda se basaba en el usufructo gratuito. «Toda la gente que vive en este tipo de construcciones, se va para el albergue directo cuando se derrumban. Las personas que sí que tienen propiedad y se les cae la casa, tiran todos los muebles para fuera, cierran la cuadra y duermen con los muchachos al aire libre», explica R.

Romilio (80) y su hijo Isaac residen en una de las zonas que siguen en pie en el número 62 de la calle Cuba, donde Romilio ha pasado los últimos 30 años de su vida. El edificio se encuentra en situación de derrumbe parcial, lo primero que cedió fue el patio de un vecino y, posteriormente, el cuarto: «Al viejito que estaba arriba lo sacaron los bomberos de debajo los palos. Se salvó de milagro…», recuerda Romilio. Otra vecina no tuvo tanta suerte, el derrumbe de un cuarto acabó con su vida, su hija y su nieto pudieron escapar a través de un agujero que los vecinos hicieron en la cocina. Actualmente, nadie sabe cuál es el futuro de este lugar: «Aquí no hay mantenimiento, no hay nada. Dicen que van a arreglar, pero todo es mentira y cuento. En Cuba sí que hay material de bien, pero arreglan lo que les conviene a ellos», asegura Romilio. Marta (62), exinspectora de reforma urbana, explica por qué hay personas que deciden quedarse en un lugar cuyo riesgo de derrumbe es elevado: «Si a mí se me cayera el piso que tengo en propiedad, me albergan. Deberían llamar para darte una casa, pero no te la van a dar nunca. Si te vas, se pueden colar personas para reparar el lugar y vivir allí, o también puede ser que el gobierno compre el espacio para hacer una pizzería, un hotel…».

Marta es tía del rapero y activista Denís Solís, uno de los tres detenidos por las marchas del Movimiento San Isidro (un movimiento artístico y social que centra su actividad en la crítica de la gestión gubernamental). Su detención causó un gran revuelo a nivel nacional e internacional, estuvo en prisión durante ocho meses y abandonó el país tres meses después, en octubre de 2021. Se refugió en Estados Unidos, donde reside junto a otros cuatro familiares, entre los que se encuentra la hija de Marta y su nieta. «Mi hija no me dijo que se iban aquel día. Vino un carro con dos hombres grandes y se despidieron rápido de mí. Ni besarlos pude. Ahora me he quedado sola con mi hijo y ya», lamenta.

Los albergues dan techo a quienes han perdido su casa, pero estos comparten espacio con filtraciones, insectos y ratas.

Ella ha trabajado como inspectora en tres lugares distintos. Aun así, su pensión de 1.540 pesos no le permite tener una jubilación digna. «Por eso hago mandados y lavo ropa. Por ejemplo, hay un viejito que me manda con su cartilla a hacer cola para comprar su pan. Me da 10 pesos, los panes cuestan dos, así que me quedo con ocho. Madrugo porque el pan está difícil», relata.

La propiedad de Marta es antigua y necesita de reparaciones, pero es su hogar. Los albergues dan techo a quienes han perdido su casa, pero estos comparten espacio con filtraciones, insectos y ratas. La familia de Jani (34) compuesta por su marido, sus tres hijos y su nieta de tres meses, lleva cinco años en muelles La Coubre. El Estado les proporcionó una sola litera cuyos colchones no pueden utilizar a causa de los chinches. Ella limpia todas las noches con cloro para desinfectar, pero aun así aseguran que no duermen tranquilos.

Leyanis (16), hija de Jani y madre de la pequeña Silenai, recuerda que cuando estaba embarazada le entró una cucaracha en el oído mientras dormía y requirió de asistencia médica. «Aquí no hay quien se sienta bien», confirma con voz triste. La joven ha sido madre en un lugar donde ni siquiera tienen asegurada el agua potable y las condiciones insalubres atentan contra su salud física y mental.

R. admite que hay un conformismo generalizado por miedo a las represalias. Por ello, cuando los cubanos hablan con los periodistas, lo hacen después de repetir un mantra que parece casi acordado: «No hablo de política, hablo de vida».

Las voces de este reportaje coinciden en que la única alternativa viable para vivir acorde con los derechos humanos es abandonar Cuba. La intención de R. es vender su vivienda para financiar su huida a través de la ruta de Nicaragua. Aquellos que no tienen ninguna propiedad o capacidad económica invierten 10.000 pesos entre 20-40 personas para construir una balsa y dejar su destino en manos de las olas.