La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, reconoce que las posibilidades de que Madrid asuma las enmiendas presentadas por el Gobierno de Canarias a la nueva ley que regula los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares son "mínimas". Sin embargo, ayer se manifestó absolutamente dispuesta a mantener abierta la vía de la negociación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo "hasta el último minuto" y señaló que lo hace "por el interés general de Canarias".
Un día después de que los diputados nacionalistas y socialistas en el Congreso de los Diputados, donde se tramita la nueva ley, se confesaran seguros de que el PP hará caso omiso a las modificaciones que el Ejecutivo canario pretende introducir, la consejera Luengo manifestó abiertamente que la baraja no está rota. "Acudiremos a cuantas reuniones hagan falta hasta que el PP haga suyas nuestras propuestas tal cual las hemos diseñado y las presente como enmiendas parciales propias", explicó ayer Luengo, que mañana acudirá nuevamente a la sede del ministerio para intentar acercar posturas.
Dos son las principales líneas que el Gobierno de Canarias pretende mantener dentro de la nueva ley: la garantía del suministro y continuar ostentando la potestad de autorizar la instalación de nuevas infraestructuras en primera instancia.
Francisca Luengo señaló que en la redacción de las enmiendas ha participado "personal de alta cualificación técnica y jurídica" que, en su opinión, "ha sabido defender" sus criterios en el ministerio que comanda José Manuel Soria. "Se trata de un grupo de trabajo con detallado conocimiento técnico, de forma que nos reafirmaremos durante las negociaciones en nuestro criterio, que es claro", afirmó la consejera de cara a la reunión que tendrá lugar mañana.
La nueva ley cercena la posibilidad de que la única empresa que actúa en el subsector de la generación convencional en las Islas -Endesa- continúe creciendo. El temor de la consejera es que ninguna otra eléctrica venga y Canarias se enfrente a problemas de suministro.
De otro lado, la norma reserva a la Dirección General de Política Energética y Minas la posibilidad de dar autorización previa para las nuevas instalaciones. De tal manera, que incluso parques eólicos que han resuelto el trámite administrativo o parte de él, tendrían que iniciar de nuevo el tedioso proceso burocrático, con el consiguiente retraso a la hora de poder ponerse en marcha.
