Frente a las comunidades autónomas, el Estado y la Seguridad Social, los ayuntamientos españoles son las únicas instituciones públicas con las cuentas saneadas pese a la crisis. En 2013, los 8.112 municipios del país ingresaron 65.000 millones de euros y gastaron 60.800, por lo que el superávit se situó en torno a los 4.200 millones de euros. La clave de esta buena situación financiera está en gran medida en los incrementos en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se han producido por dos vías: la revalorización del propio valor catastral y la subida de los tipos impuesta por el Estado a las corporaciones locales a finales del 2012.
Un imposición que no ha tenido sin embargo un efecto homogéneo en el conjunto de corporaciones locales, que han aplicado mayores o menores subidas en el recibo que cobran anualmente a sus ciudadanos. Entre las primeras se encuentra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que entre los años 2007 y 2012 ha visto aumentar sus ingresos por el IBI hasta en un 70,4%, según datos del Ministerio de Hacienda. Es la octava capital de provincia que más ha incrementado el impuesto que pagan sus contribuyentes por sus propiedades inmobiliarias. En el otro extremo de la relación se sitúa la otra capital canaria, Santa Cruz de Tenerife, que ha aplicado una subida de tan solo el 17,9%, la más baja de todas -la media de la subida para el conjunto de ayuntamientos está en el 55%-.
Más presión fiscal
La financiación de las administraciones locales y sobre todo las modificaciones catastrales que viene promoviendo el ministro Cristóbal Montoro como vía para financiarlas sin dejarlas acceder al crédito, está dando sin duda buenos resultados para los arcas municipales, pero a costa de arañar el bolsillo de los contribuyentes. Algunos ayuntamientos han vuelto incluso a recuperar tasas asociadas al IBI que se habían desgajado, como el servicio de basuras, o incluso han creado nuevas figuras relacionadas con la movilidad por la ciudad.
De ahí que la presión fiscal que se está produciendo a través del Impuesto de Bienes Inmuebles esté siendo contestada no tanto por los afectados -con escasa capacidad para oponerse individualmente a la subida de su recibo particular- como por expertos fiscales, que han llegado a recordar que la reforma sobre el impuesto de los bienes inmuebles que quiso imponer en su época Margaret Thatcher -la Poll Tax- marcó precisamente el fin de la actividad política de "la dama de hierro".
Para estos analistas, lo sorprendente de estos significativos incrementos del impuesto sobre las propiedades patrimoniales es que se han estado produciendo en el momento de mayor parálisis del mercado inmobiliario. Y es que los ingresos públicos por este concepto ya no vienen de la tributación sobre la construcción o adquisición de los inmuebles, sino por su tenencia.
De ahí que, en plena recesión, los ayuntamientos hayan conseguido aumentar sus ingresos por el IBI en un 54% entre los años 2007 y 2012. De hecho, el Impuesto de Bienes Inmuebles es la única figura tributaria cuya recaudación nunca ha descendido a lo largo de su historia: además de su enorme capacidad recaudatoria -en España hay 37,6 millones de inmuebles y 13,6 millones de parcelas- es de muy difícil evasión.
El caso es que el IBI va a seguir aumentando en España de aquí al 2020 a través de la campaña de regulación catastral que incorporará más metros por pequeñas reformas en la vivienda al valor del inmueble y que aún no ha llegado a aplicarse de forma masiva. Pero se aplicará a todos los municipios en los próximos años y a todos los contribuyentes, salvo a los pocos propietarios que están exentos de pagarlos.
Exenciones fiscales que llevan a algunos a calificar de injusto un impuesto que se aplica, sobre todo, a las propiedades de los ciudadanos. Por ejemplo la Iglesia, que con un patrimonio inmobiliario que incluye 65 diócesis y más de 22.500 parroquias ha llegado a ser calificada como "la mayor propietaria de bienes inmobiliarios de España"; hasta el punto que se ha calculado que, de pagar IBI, superaría los 2.000 millones de euros. O la Cruz Roja -con un inmovilizado de 242 millones según su última memoria de actividades- y otras organizaciones no gubernamentales.
También están exentos del pago de esta contribución los inmuebles de las instituciones públicas que se dediquen a la seguridad ciudadana, los servicios educativos y penitenciarios y la defensa nacional: colegios, cárceles, comisarias, cuarteles... Todos los demás imbuebles que integran las 55.000 propiedades públicas existentes en España deberían cumplir el pago del impuesto, aunque algunos como la sede institucional del Cabildo de Gran Canaria no lo hayan cumplido nunca con esta obligación tributaria, según acaba de denunciar el la Hacienda municipal de la capital grancanaria.
