¿Las reformas de las pensiones se hicieron pensando más en aplacar a los mercados y seguir las directrices de Bruselas que en garantizar la sostenibilidad económica y social del sistema?
Sin duda la presión de los mercados en general y de la Comisión Europea en particular ha sido decisiva, no tanto para que se realice una reforma, como para que las reformas hayan sido las que han sido. Es decir, para que en la elección entre dotar de más recursos al sistema, reducir las pensiones o una combinación de ambas, se haya optado por simplemente bajar las pensiones tanto como sea necesario para que el sistema esté en equilibrio. La crisis de ingresos públicos ha sido la excusa perfecta para que la sociedad aceptara sin protestar que no se aumentaran los recursos del sistema y se recortaran las pensiones del futuro. Pero, obviamente, las pensiones del futuro no afectan en nada al déficit actual, que es la excusa que se ha utilizado para justificar el recorte de pensiones. El sistema de pensiones debía reformase. Pero, ciertamente, ni el momento en que se ha hecho ni la forma cómo se ha hecho son razonables.
Del informe se infiere que el pensionista futuro perderá un 35% de media. ¿Por qué es así?
La reducción del 35% es un resultado promedio de largo plazo cuando todas las medidas de reforma se apliquen a todos los pensionistas, y compara lo que se cobrará con lo que se hubiera cobrado de no haber habido reforma. Es, por tanto, el coste que tendrá la reforma en el largo plazo para el trabajador medio. Aproximadamente un 10% viene de que pensión inicial será más baja, por ampliación del número de años en la base reguladora, el menor peso de cada año cotizado y ajustes en la pensión por el aumento en la esperanza de vida; otro 10%, porque la cobrará menos tiempo debido al retaso en dos años de la edad de jubilación, y un 15% por la pérdida de valor debida al índice de revalorización.
¿Era irremediable retrasar la edad de jubilación?
En lo esencial, el ajuste de pensiones se debería haber limitado a retrasar la edad de jubilación, lo cual es razonable porque implica repartir la esperanza adicional de vida entre trabajo y jubilación, y debería haberse dotado de más recursos al sistema para mantener una tasa de sustitución (porcentaje del salario que sustituye la pensión) elevada. Es obvio que el sistema debía reformase porque las prestaciones prometidas no podían pagarse con las cotizaciones que se iban a recaudar. Pero si hay un déficit, éste se puede corregir reduciendo gastos, aumentando ingresos o combinado ambas. Lo justo y respetuoso con los derechos de los trabajadores hubiera sido una combinación de ambas.
El empleo está creciendo, pero con salarios bajos y por tanto con bases de cotización bajas que socavan los ingresos de la Seguridad Social. ¿Caminamos hacia nuevos recortes a corto plazo?
En los últimos años el sistema de pensiones ha tenido un déficit anual de más de 10.000 millones, equivalentes a casi el 10% de las pensiones. Este déficit sigue creciendo porque, como la población jubilada sigue aumentando, el coste de las pensiones sube muy por encima del aumento de cotizaciones. El déficit se ha ido pagando con el Fondo de Reserva del que se han sacado más de 10.000 millones cada uno de los últimos años. A este fondo le quedan algo más de 30.000 millones. Por lo tanto si el crecimiento del empleo y la evolución de los salarios no cambian radicalmente, en unos pocos años, quizá cuatro o cinco, habrá una disyuntiva: o se pagan las pensiones con impuestos o se quita el límite del 0,25% y se bajan las pensiones. También puede ocurrir que la inflación repunte sustancialmente y por sí sola haga parte del trabajo de reducir las pensiones reales y sanear el sistema.
Se ha sugerido que la siguiente reforma puede consistir en sacar las pensiones de viudedad del sistema contributivo y pagarlas vía impuestos. ¿Es una solución?
Es una forma indirecta de inyectar impuestos al sistema y tiene un coste muy elevado. Las pensiones de viudedad suponen en torno a 18% del total, por lo que esto equivaldría a pagar 18% de las pensiones contributivas con impuestos. Solucionaría los problemas de corto y medio plazo y muchos de los de largo plazo. El riesgo es que, al depender de él, el Gobierno intentara bajar las pensiones de viudedad para reducir su coste o que en el futuro las pensiones de viudedad tengan menos peso que ahora en la factura total de pensiones.
¿Subirán las pensiones el mínimo del 0,25% durante un largo período?
La revalorización de la pensiones depende de la evolución de las cotizaciones, del aumento en el número de pensionistas, del crecimiento de la pensión media de los nuevos pensionistas y del déficit del sistema mientras lo haya. Dada la evolución previsible de estos parámetros, es razonable pensar que el límite inferior de subida del 0,25% durará bastantes años. Ciertamente al menos cinco años y puede que varios más.
Eso conduce al empobrecimiento y puede que a episodios de convulsión social...
Mientras la inflación sea baja no habrá grandes problemas. Al igual que en los dos últimos años, puede ocurrir que los precios bajen y el magro 0,25% de subida conlleve mayor capacidad de compra. Sin embargo no hay que engañarse. Esto ha sido una anomalía que no va a durar. El objetivo del Banco Central Europeo es una inflación del 2% y que antes de la crisis la inflación en España ha estado casi siempre en torno a 3%. Cuando la inflación vuelva a sus niveles normales, durante mucho tiempo las pensiones perderán valor real cada año. Los jubilados serán más pobres (podrán comprar menos bienes con sus pensiones) cuanto más ancianos sean. Esto puede, sin duda, crear tensiones. En realidad, que la inflación haya sido baja ha evitado que los pensionistas vieran las consecuencias reales sobre sus pensiones de la reforma del año 2013. Esto le ha venido bien y mal al Gobierno. Bien, porque ha evitado que perdiera muchos votos en las elecciones. Mal, porque ha impedido que se reduzca el déficit de la Seguridad Social.
