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El PSOE de Fuerteventura exige al Gobierno que no recurra la suspensión de la nueva línea eléctrica

Advierten de que si presenta el escrito tendrá enfrente a toda la isla

Los socialistas de Fuerteventura, a través de su vicesecretario, Juan Jiménez, dejaron clara este jueves su postura con respecto a la paralización cautelar de la nueva línea eléctrica que ejecutaba Red Eléctrica de España (REE).

A la decisión de suspender los trabajos adoptada la semana pasada por la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le siguió el pasado lunes el anuncio por parte del Gobierno de Canarias de la presentación de un recurso de reposición con el objetivo de que las obras puedan continuar. El PSOE majorero ha exigido al Ejecutivo que recapacite y no curse el escrito al TSJC.

En declaraciones a Efe, Jiménez argumentó que la decisión de detener la construcción de la línea en el tramo entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal supone "un respaldo importante para la cruzada medioambiental que viene llevando a cabo el Cabildo en los últimos años".

El proyecto cuenta con la autorización administrativa del Gobierno canario, que eludió el consenso con la institución insular y los ayuntamiento que atraviesa el nuevo tendido invocando el interés general. Este concepto hacia alusión a la necesidad de reforzar el tendido en la isla y a la rapidez con que debe existir un soporte capaz de asumir el incremento de la presencia de energías renovables. Existen cinco proyectos de otros tantos parques eólicos que deben estar funcionando antes del final del próximo año.

La energía eléctrica viaja en Fuerteventura desde el norte, donde se genera, hasta el sur por un solo hilo de 66 kilovoltios, lo que pone en serio riego el suministro. De hecho, según datos de la propia REE, más del 70% de la energía no despachada en el Archipiélago tiene por escenario esta isla. Nadie discute la necesidad de reforzar el sistema eléctrico majorero.

Sin embargo, Cabildo, municipios y colectivos medioambientalistas rechazan que se opte por la política de hechos consumados sin antes haber escuchado sus opiniones. De ahí las numerosas protestas elevadas en los últimos tiempos contra la línea de 132 kilovoltios. Juan Jiménez entiende que la Consejería de Industria debe entender que la paralización cautelar “beneficia a Fuerteventura”.

El también consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo majorero advirtió además al viceconsejero de Industria y Energía, Adrián Mendoza, que en caso de mantener su postura de recurrir el auto del TSJC tendrá "enfrente al Cabildo majorero y a Fuerteventura”, y añadió que la isla tiene la “firrme determinación” de defender su idiosincrasia ambiental y la calidad de vida futura. Sin embargo, resulta ilógico que el Ejecutivo no presente el recurso, ya que la decisión judicial anula de manera cautelar una actuación protagonizada por esa misma administración.

El representante socialista insistió en "seguir luchando política y jurídicamente por derribar el tendido eléctrico que se está instalando”. Las instituciones majoreras señalan que las torretas -apoyos- de más de 30 metros de altura causan un grave impacto paisajístico en una superficie tan llana como la de Fuerteventura.

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