Las reclamaciones interpuestas por turistas británicos que aducen haber sufrido intoxicaciones alimentarias durante sus vacaciones en Canarias suman a estas alturas al menos 10,6 millones de euros. Los empresarios del sector alojativo de las Islas exigen a la secretaria de Estado, Matilde Asian, que incremente la presión ante el Reino Unido mientras el grupo Popular en el Senado ha registrado una moción en ese sentido, ya que dichas prácticas perjudican "no solamente al sector turístico, sino a la Marca España en su conjunto".
En el texto que ha elevado a la Cámara Alta, el senador por Mallorca Miquel Ramis (PP) cuantifica en más de 50 millones de euros las indemnizaciones que habrían de satisfacer los hoteleros de toda España. Así lo hará saber en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Canarias concentra más de la quinta parte de dichas reclamaciones.
La situación es grave. La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, se ha dirigido por ello a Matilde Asian para que explore también la vía judicial como método para detener unas prácticas que atentan de manera directa contra sus balances.
"Sin perjuicio de las acciones emprendidas hasta la fecha desde diferentes instituciones del Estado a nivel diplomático y comercial, consideramos que el apoyo del Gobierno de la Nación debe ir encaminado hacia otros ámbitos más expeditivos, como el jurídico, habida cuenta que este caso se está convirtiendo en una grave cuestión de interés general", reza la misiva remitida por el presidente de la FEHT, José María Mañaricua, a Asian el pasado 30 de marzo.
Esta organización sitúa en el pasado verano, "al menos en Gran Canaria", el origen del problema, que en euros suma más de "cuatro millones de libras" (4,6 millones de euros). A ellos se unen los seis millones de euros a los que la patronal hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) calcula que ascienden allí esas reclamaciones fraudulentas.
En su reciente paso por el Foro LA PROVINCIA, el embajador británico en España, Simon Manley, afirmó que el caso se ha puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia del Reino Unido, mientras que el titular del Foreign Office (ministro de Asuntos Exteriores), Boris Johnson, ha advertido a los turoperadores de que no tramiten estas denuncias falsas. Además, señaló que con anterioridad se han producido casos de esta naturaleza en otros países y siempre pudieron atajarse. De hecho, se ha advertido a la población de que presentar reclamaciones falsas constituye un delito.
Esos mensajes no calman, sin embargo, a los hoteleros isleños. En su carta a Asián, José María Mañaricua describe un método de actuación que a día de hoy les mantiene atrapados, ya que los propios turoperadores aplican "improcedentes descuentos" a la factura para proveer las denuncias de los turistas.
La propia ABTA (Asociación Británica de Agentes de Viajes) se sorprende por un incremento de las reclamaciones por intoxicaciones alimentarias del 131% en el verano de 2016. "Llama la atención que ese repunte (...) no se corresponde con un aumento de las enfermedades en los destinos", recoge la moción elevada por el PP a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado haciéndose eco de la valoración de la asociación.
La facilidad que encuentran los viajeros para que sus vacaciones les salgan gratis alienta el fraude. Despachos de abogados especializados en estas demandas espurias les informan a pie de playa de que basta la fotografía de un medicamento adquirido sin receta para reclamar toda vez que regresen a casa. A los demandados, los turoperadores, les sale más caro exigir la acreditación de la enfermedad que abonar la indemnización, cargan esta a los hoteleros y por eso los empresarios canarios exigen la quiebra inmediata de este círculo vicioso y delictivo.
