El Gobierno de Canarias sostiene que la aplicación de la bonificación del 75% para viajar a la Península, aprobada en los Presupuestos Generales del Estado desde este año como carácter indefinido, podría ser inmediata. Si el Consejo de Ministros aprueba el próximo viernes un decreto ley de "urgente necesidad" el sábado podría entrar en vigor. Sólo se necesita voluntad política por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El gabinete de Fernando Clavijo ha enviado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma en los que avala la aprobación de un decteto ley como solución sino que sustenta y le aclara que el argumento jurídico que busca para sustentar el decreto ley está claramente establecido en el artículo 86 de la Constitución que regula el uso del decreto ley de urgente necesidad, que debería ser convalidado en su caso por el Congreso en un plazo de 30 días, pero que entraría en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Ministros.
Según el informe del Ejecutivo regional, el Tribunal Constitucional ha reconocido el "juicio puramente político del Gobierno", al que incumbe la dirección política del Estado para la apreciación de la concurrencia de las circunstancias de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifican esa medida. Y añade en este sentido que el presupuesto habilitante al que se refiere el incremento de la bonificación a los viajes a la Península "puede ser apreciado por el Gobierno con un razonable margen de discrecionalidad, debiendo no obstante hacerse explícita la definición de su concurrencia".
Insiste así en que el Constitucional concluye en diversas sentencias que la utilización del decreto ley "tiene que reputarse como una utilización constitucionalmente lícita en todos aquellos casos en que hay que alcanzar objetivos marcados para la gobernación del país que, por circunstancia difíciles o imposibles de prever requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta". Así, en una sentencia de mayo del 2016 se reconoce explícitamente por el tribunal de vigilancia que en ocasiones "ha descartado" que "la utilización por el Gobierno de su potestad legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o emergencia", y sí exigido para la utilización de esta vía "la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad". Todas ellas se dan para este caso, según el Ejecutivo canario.
Precisamente la portavoz del Gobierno regional, Rosa Dávila, subrayó ayer que Fomento no puede perseverar en una postura que mantiene "en vilo" a los canarios. La también consejera de Hacienda pidió al titular de Fomento que hoy mismo, en la reunión con Clavijo y Armengol, quede resuelta una situación que, insistió, depende mucho de la "voluntad política".
