Han pasado más de cuatro años y medio desde que se aprobó la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (4/2014). Madrid dio entonces hasta enero de 2015 para que las comunidades autónomas elaboraran sus respectivos textos legales sobre la materia. A estas alturas solo Canarias y otras dos regiones no han cumplido el mandato. El trámite está avanzado y el texto legal podría aprobarse en el último pleno de este mes. A pesar de ello, la desconfianza se ha instalado en las instituciones camerales, que alertan del perjuicio que supondría agotar la legislatura sin que vea la luz.
"Me preocupa que se paralice en el último momento para dejar el muerto a quienes salgan de las próximas elecciones autonómicas", señaló ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, José Sánchez Tinoco. Si su temor se concretara, significaría "empezar otra vez desde cero", es decir, habría que esperar a la constitución de un nuevo Gobierno autonómico, que fijaría su propia agenda de prioridades, y tendría que elaborar un nuevo anteproyecto de ley.
Si bien "hay otros asuntos" también importantes, lo que más preocupa a Santiago Sesé, homólogo de Sánchez Tinoco en la Cámara de Santa Cruz de Tenerife es que esta norma salga adelante. "Ahora estamos con una ley", superada por la reforma estatal normativa de las cámaras, "que no nos aporta ninguna seguridad jurídica para el normal funcionamiento", explicó.
El proyecto de ley entró en el Parlamento de Canarias en junio. Desde ese momento, se procedió al trámite de enmiendas, en el que todos los grupos con representación hicieron aportaciones. "Ya no es por el tiempo transcurrido desde entonces, sino por todo el que ha pasado desde que se aprobó la nacional, es una vergüenza", enfatizó Sánchez Tinoco.
Desconfianza
Por fin ya hay fecha para la ponencia, que se abordará el próximo lunes 21 de enero. A partir de entonces, podría incluso procederse a su debate y aprobación en la última sesión plenaria del mes, fijada para los días 29 y 30; si así lo acuerda la Junta de Portavoces.
A pesar de que el calendario parece evidenciar que a estas alturas no caben más retrasos, la desconfianza acumulada a lo largo de los últimos años se deja notar en los rectores camerales. Prefieren esperar al momento en que la presidenta de la Cámara regional, Carolina Darias, dé por aprobada la ley para cantar victoria.
Una batalla que parecen tener ganada es la de la inclusión en la norma de un artículo que obligue a garantizar sus gastos de funcionamiento con cargo al presupuesto. Esa ausencia de financiación fue precisamente una de las cuestiones sobre las que alertó el preceptivo informe que el Consejo Consultivo evacuó tras el análisis del proyecto de ley.
"Resulta imposible entender que se pida a una institución que preste un servicio público sin aportar la correspondiente partida para que pueda hacerlo", señaló el presidente de la Cámara de Gran Canaria. En su misma línea, Sesé subrayó la necesidad de contar con "ingresos públicos" que sostengan las labores que se les encomiendan. El rector cameral de la provincia occidental subrayó "la sensibilidad" que encontraron en los grupos parlamentarios cuando les expusieron sus demandas al respecto.
La totalidad del arco parlamentario presentó enmiendas para que las cuentas regionales reserven un capítulo a las cámaras de comercio. Habrán de ponerse de acuerdo sobre el reparto que se hará de los fondos, cuya cuantía quedará en manos del Ejecutivo regional. "No planteamos una financiación como la que teníamos", destacó Sesé en referencia al momento previo a 2010 en que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, tras una reunión con treinta de las grandes corporaciones españolas, decidió poner fin a la obligación de que todas las empresas abonaran la cuota cameral.
Además de la entrada de dinero para sufragar el funcionamiento de las cámaras, la ley a aprobar también contempla la elaboración de los planes canarios de internacionalización y competitividad, que abordarán las instituciones camerales previa firma de los correspondientes convenios.
