Los 134 trabajadores de la empresa pública de gestión recaudatoria de Canarias (Grecasa) amenazan con ir a una huelga indefinida apoyada por el sindicato CSIF a partir del día 15 de este mes si no reciben mejoras salariales. Los miembros de esta empresa encargada de gestionar ocho de las once oficinas que conforman la red de atención al público de la Agencia Tributaria Canaria comenzaron desde este miércoles las protestas en las puertas de las sedes de Grecasa de las islas capitalinas. Protestas que pretenden continuar todos los días a partir de las 12:00 para así llamar la atención del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Hacienda y de la propia Agencia Tributaria Canarias (ATC), instituciones de las que depende la empresa. Las protestas y la futura huelga tiene carácter autonómico pero tendrán mayor impacto en Gran Canaria y Tenerife por la cantidad de trabajadores y la afluencia de ciudadanos, según ha informado la empresa pública. "En las dos isla capitalinas el seguimiento es absoluto por lo que el servicio al ciudadano no va a ser el mismo" avisa Cristina Llamas, presidenta del Comités de Grecasa de Las Palmas.

La empresa pública también se hace cargo de la sede y del portal de la Agencia Tributaria Canaria encargada de gestionar los impuestos de la comunidad autónoma que se verán afectados porque "todo el personal encargado de esos trámites acudirá a la huelga" afirma Llamas. La presidenta del comité asegura que están buscando acabar con un problema que comenzó hace diez años con la llegada de la crisis económica y que trajo como consecuencia "recortes salariales sucesivos y acumulados" desde hace ocho."Mi salario de 2018 es menor que el de 2010" afirma Llamas que asegura que a pesar de los múltiples encuentros con la directora de la Agencia Tributaria Canaria, María Jesús Varona, "no se han visto materializado los compromisos con la empresa y encima nos han quitado más" refiriéndose al complemento de productividad que les quitaron tras la última reunión en la mesa de negociación del convenio en junio del pasado año. La consejera de Hacienda, miembro del Consejo de administración de la empresa, "todavía no nos ha escuchado" afirma Llamas que destaca que han llegado a ponerse en contacto con parlamentarios para que "les dieran un poco de luz" y no han conseguido resultados.

"Nosotros no queremos ir a la huelga, pero la gente no puede más" asegura la presidenta que aprovecha para denunciar que desde el año 2016 el resto de personal público de la administración ha empezado a recuperar derechos que perdieron con la crisis y que en su caso no sólo no han visto esa recuperación sino que además "la situación de sus salarios ha empeorado". La intención de la empresa es solucionar todas estas cuestiones con los responsables antes del día 15 de enero. Todavía se desconoce si existirán servicios mínimos durante la celebración de la huelga.