Gran Canaria es la isla más afectada por el retraso del Estado en transferir a la Comunidad Autónoma los ocho millones de euros para abaratar el sobrecoste que pagan los agricultores isleños por la desalación y extracción de agua de pozos y galerías. Por la extensión de la superficie destinada al sector primario y por el número de beneficiarios de la pasada y única convocatoria, los agricultores de Gran Canaria son, a priori, quienes más afectados están por el impago de la partida para el agua de riego agrícola recogida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias, Rafael Hernández, calcula que entre 4.000 y 5.000 agricultores están a la espera de que los fondos lleguen al Archipiélago. La mayoría, indica, están ubicados en Gran Canaria por ser una de las islas con mayor dedicación a la agricultura y por necesitar desalar más agua.
El sector primario está en pie de guerra por la dilación en el ingreso de los ocho millones de 2018. Los agricultores no pierden de vista, además, los ocho millones que también tienen que llegar este año al estar prorrogadas las cuentas. El 5 de abril el campo sacará los tractores a las calles de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ciudad en la que también está previsto la suelta de ganado, para reclamar unas partidas que consideran fundamentales para competir en igualdad de condiciones con los operadores de la Península, que pagan la mitad por el precio del agua para riego en comparación con los importes a los que tiene que hacer frente los labradores canarios.
Beneficiarios por islas
En la lista provisional de adjudicatarios de la subvención para compensar el sobrecoste energético de la captación de agua para riego agrícola correspondiente al año 2017, que supone un total de 6 millones de euros, hay 28 beneficiarios, de los que una docena son de Gran Canaria, nueve de Tenerife, cinco de la Palma, uno de Lanzarote y otro de El Hierro. Aunque el número de subvencionados es pequeño, hay que tener en cuenta el perfil de los mismos. Es decir, los beneficiarios son consejos insulares de aguas, cabildos, empresas del sector hidrológico, entidades de sector primario, particulares y comunidades de regantes, de las que dependen o están asociadas numerosos agricultores. En otras palabras, los adjudicatarios directos son pocos, pero los favorecidos por estas ayudas son miles. Gran Canaria acapara casi de la mitad de la inversión (45,13%) al hacerse con algo más de 2,7 millones. Pese a que en Tenerife hay un mayor número de beneficiarios, La Palma se lleva una cuantía más elevada: 1,52 millones frente a 1,46 millones de la isla picuda. El adjudicatario de Lanzarote contará, por su parte, con 161.146,82 euros y el de El Hierro con 146.997,26 euros.
Es previsible que en las convocatorias de las ayudas de 2018 y de 2019 aumente el número de solicitantes. Para las subvenciones de 2017 no pudieron optar, por ejemplo, todas las comunidades de regantes al no cumplir con todos los requisitos exigidos al carecer del tiempo suficiente para tramitar todos los documentos solicitados. Y si bien la distribución de la inversión y el número de beneficiarios por islas será diferente en las próximas adjudicaciones, porque entre otras razones la partida pasa de seis millones a ocho, el sector prevé que se mantenga un peso similar por isla.
El coste del agua supone el segundo gasto más importante de los agricultores tras la mano de obra, por lo que siguen a la espera de que el Estado apruebe de forma definitiva las ayudas, más aún cuando las lluvias son escasas. No en vano, el pasado mes fue el febrero más seco registrado en las Islas desde 2012, según los datos publicados por la Aemet.
Hace un par de días la consejera de Hacienda del Ejecutivo regional, Rosa Dávila, exigió un "viernes canario" para que en un Consejo de Ministros se aprueben las partidas que están pendientes de llegar al Archipiélago. "El dinero para el agua agrícola es esencial que llegue para que la agricultura canaria sea competitiva. No es una cuestión de pedir, no es un privilegio", apuntó.
El sector agrícola, harto de esperas y de promesas incumplidas, tiene convocada para el 5 de abril una manifestación en las dos capitales de provincia. El Ministerio para la Transición Ecológica sometió a consulta pública un borrador del real decreto para la aprobación de estas ayudas. Este trámite tampoco cuenta con la aprobación de los agricultores, que no entienden por qué ahora se realiza si ese paso no se dio con la partida anterior.
Asimismo, denuncian varias "anomalías" en el borrador porque, a su juicio, incorporan "trabas burocráticas más complejas" y obliga al Gobierno canario a adelantar el dinero de las ayudas. Para la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), el borrador del real decreto no garantiza la transferencia de los ocho millones, principalmente porque alguna alegación presentada puede impedir su tramitación y porque se puede retrasar durante meses su aprobación.
