El Club de Campo El Cortijo no logra sacudirse los problemas que arrastra desde prácticamente el inicio de la crisis. En concurso de acreedores desde hace más de dos años, las dificultades que halla el núcleo duro del actual consejo de administración para captar nuevos inversores impiden un cambio de rumbo. Para el viernes tiene prevista la celebración de su junta general de accionistas en segunda convocatoria, cosa que sucederá si no prospera la solicitud de suspensión presentada por uno de los consejeros.
La suspensión de la convocatoria aplazaría esa reunión anual obligatoria a la primera mitad de julio. El motivo que ha llevado al integrante del consejo a echar el freno es la presentación a los socios de unas cuentas que no han pasado previamente por el órgano de gobierno de Club de Campo El Cortijo de Gran Canaria, SA.
El artículo 249 bis de la Ley de Sociedades de Capital señala en uno de sus apartados que el consejo de administración no puede "delegar en ningún caso (...) la formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general". Es decir, los rectores obviaron un precepto que llevó a una parte del consejo a advertir del defecto para protegerse frente a responsabilidades futuras.
En una empresa familiar en la que existe la sintonía y los accionistas se cuentan con los dedos de una mano cabe una reformulación de cuentas a posteriori, pero no cuando a la junta están llamados más de 1.000 socios.
A esa ausencia del certificado de formulación de cuentas se unió otra del mismo calado. Tampoco partieron del órgano rector la convocatoria de la junta, "la elaboración del orden del día y la propuesta de acuerdos", funciones que también le son exclusivas, según recoge en otro apartado del mismo artículo la norma mencionada. Esta omisión también se refleja en la misiva remitida a la actual presidenta de El Cortijo, Rocío Muñoz-Rojas Manrique de Lara.
El pasado año también hubo de retrasarse un mes la junta. En aquel caso porque no se había convocado al administrador del concurso de acreedores en el que se halla inmersa la empresa desde que los plazos para el pago de la deuda corren sin que la anunciada llegada de inversores llegue a materializarse.
También la plantilla ha sufrido las consecuencias de la situación financiera, que hubo de pasar por un expediente de regulación de empleo (ERE). Otra consecuencia de la sangría de socios y usuarios que se desató en este y otros clubes sociales y deportivos de toda España desde la irrupción de la crisis económica.
Rocío Muñoz-Rojas y su hermano Ignacio forman parte del órgano rector de la mercantil pública, en el que también ocupan un sillón la madre de ambos y la hermana de esta última. Así es desde que en 2016, las desavenencias familiares sobre el modo de conducir la empresa concluyeron con la salida del consejo de Agustín Manrique de Lara, actual presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CEE).
Este último había puesto en marcha un plan de viabilidad que, entre otras cuestiones, tenía que servir para enjugar la deuda de 4,8 millones de euros contraída con CaixaBank. Aparte de la importante quita que Agustín Manrique de Lara aseguró haber obtenido -de hasta el 50%- por parte de la entidad financiera, diseñó una ampliación de capital en varios plazos que suponía la dilución de parte del valor de los títulos que la familia mantenía en su poder, el 40% del total del capital social.
Dicha estrategia quedó en un cajón con el cambio de manos en el timón y, finalmente, la entidad financiera se deshizo del préstamo vendiéndolo a Cerberus, considerado un fondo buitre y que de esa manera pasó a ser el principal acreedor del club sito en el valle de Jinámar.
La ejecución de la deuda no resulta viable, por lo que el fondo estadounidense está prácticamente obligado a negociar con el club. Solo la entrada de oxígeno en forma de capital garantiza el adelgazamiento del debe. Aunque han pasado ya tres años desde que tomara las riendas, el consejo mantiene que es posible en el corto plazo el desembarco de nuevos inversores que ayuden a poner al día los servicios que se prestan.
En la época de mayor esplendor, llegaron a hacer uso de las instalaciones del club alrededor de 3.800 personas repartidas entre unas 1.250 familias, hoy este número se ha reducido a unas 200. Con el agravante de que los núcleos familiares no cuentan con tantos integrantes como en la anterior generación, con lo que el volumen de usuarios se ciñe a unos tres centenares.
Aparte de en lo social, la situación económica en el día a día es también muy justa y todo queda fiado a esa entrada de un socio que inyecte capital y permita hacer planes para el medio plazo. Entre otras cuestiones, afrontar las mejoras de las instalaciones que se han deteriorado durante los veinte años de historia que acaba de cumplir El Cortijo.
