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El Gobierno tiene lista la derogación del despido por bajas médicas acumuladas

Díaz planea acometer la reforma laboral en dos fases y un nuevo Estatuto de los Trabajadores

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró ayer que, aunque la línea de trabajo de su Ministerio va a ser el diálogo social, la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido de un trabajador por acumulación de bajas médicas aunque estén justificadas "no es un asunto negociable".

"Cuando hay vulneración de derechos fundamentales no se puede negociar nada", subrayó en declaraciones a RNE.

Díaz reveló que los agentes sociales ya conocen esta decisión, que el real decreto-ley que anulará este artículo, derivado de la reforma laboral de 2012, ya está listo y que el Consejo de Ministros lo aprobará con rapidez.

La ministra explicó que trabajará desde el diálogo social, aunque asegura ser consciente de que en algunos momentos el debate se cerrará sin acuerdo. No ha sido, con todo, el caso del salario mínimo interprofesional (SMI), que subirá este año, con efecto desde el 1 de enero, a 950 euros mensuales después de que Gobierno, sindicatos y empresarios alcanzaran el miércoles un acuerdo para elevarlo un 5,5% respecto a la cifra de 2019 (900 euros mensuales).

Respecto a la derogación de la reforma laboral, la ministra dejó claro que se va a hacer en dos fases y que se va a cumplir con lo firmado en el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos. En la primera fase, que se va a hacer rápidamente, se abordarán cuestiones como la derogación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, la ultraactividad o la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa, en línea con las peticiones recurrentes de los sindicatos.

En una fase posterior, se abordarán elementos "más complejos", entre los que se encuentra la contratación, señaló insistiendo en que le gustaría que todo contase con el visto bueno de los agentes sociales.

Desde su punto de vista, también es un "enorme reto" el hecho de abordar la redacción de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que dé respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.

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