La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias tiene voluntad "de arrimar el hombro" con los hoteleros, que reclaman una condonación o rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de Actividades Económicas (IAE) y el tributo de la basura, al menos durante los cerca de tres meses que tuvieron que cerrar sus establecimientos por decreto gubernativo ante el Covid-19.
Los ayuntamientos turísticos plantean en el caso de la basura o bien exonerarlo en ese periodo o cobrar lo mínimo porque no hubo servicio, pero en el IBI, el más importante en los ingresos de las arcas municipales, solo podrían proponer rebajar "algún punto" a 31 de diciembre, que es cuando se revisa, si el Estado les inyecta dinero porque la pandemia del coronavirus ha acrecentado su falta de recursos y hay que "mantener unos servicios básicos, como servicios sociales, limpieza, policía o seguridad".
De este modo, Onalia Bueno, vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) y alcaldesa de Mogán, valora las reclamaciones de los empresarios hoteleros que se han visto obligados a cesar en su actividad pero les han cobrado los mismos impuestos. Onalia Bueno entiende las quejas de los empresarios, pero puntualiza que los ayuntamientos tienen que dar soporte a los ciudadanos y, ahora mismo, están asfixiados económicamente,
Por tanto, en este momento ningún ayuntamiento ve viable condonar el pago del IBI o rebajarlo en los próximos presupuestos, porque es necesario para los ciudadanos, precisa Bueno. Eso sí, lo que los municipios harán es flexibilizar el pago y alargarlo para que lo abonen cómodamente en 2021.
"Si el Gobierno de España nos deja utilizar los recursos propios podemos sentarnos a hablar con los empresarios, pero ahora ningún ayuntamiento está en condiciones de bajar el IBI", subraya.
El gasto en servicios sociales ha aumentado en estos meses por la pandemia, y en septiembre se les va a dar un "hachazo" a los trabajadores en ERTE al rebajar la cuantía de lo que cobran del 75% al 50% al haber pasado seis meses desde que se promovió esta prestación temporal, "y eso va a repercutir más en las ayudas sociales que prestan los ayuntamientos", enfatiza. "No hay margen de maniobra si no se inyectan recursos desde el Gobierno de España", remarca, y demanda que no se les trate como un "hermano chico" y, al igual que lo ha hecho con la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Pedro Sánchez no se quede con los remanentes y superávit que tienen los municipios en los bancos, sino que les permita usarlos para afrontar sus gastos.
Comparte la protesta de numerosos ayuntamientos de España que han rechazado el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),relativa a permitir que sus recursos acumulados en los bancos - 3.200 millones de euros en el caso de los municipios canarios- los use el Estado, y considera que el fondo de 5.000 millones a cambio para todas las comunidades y que se los devuelvan en diez años es "el chocolate del loro".
