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Reducción de la temporalidad

Es de justicia y será legal

Es de justicia y será legal

El próximo miércoles 29 termina el plazo de presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que proviene de un real decreto-ley convalidado por el Congreso el pasado 21 de julio, por un solo voto, con el compromiso adquirido de desarrollarlo como proyecto de ley con Esquerra y Podemos. El objetivo comprometido en ese desarrollo debía ser incluir en la norma que los procesos de estabilización para los trabajadores que llevaran más de diez años en abuso de temporalidad pudieran concretarse como concursos de méritos, facilitando la consolidación del trabajador, y que estos no tuvieran carácter eliminatorio.

La presentación de enmiendas parciales se ha ampliado hasta en tres ocasiones, algo que es incongruente con un proceso de urgencia, con una negociación de presupuestos que requiere del apoyo de los socios parlamentarios, que son los que presentan enmiendas y que condiciona esta negociación.

Existe un compromiso con la Comisión Europea –que ha advertido que sigue muy de cerca el desarrollo de este proyecto de ley– para que se adecúe a las directivas comunitarias.

Recordemos que este proyecto de ley fue ‘consensuado’, sin acuerdo total, por el ministro Miguel Iceta en la mesa sectorial con las comunidades autónomas y en la mesa general de negociación de la Función Pública con los sindicatos más representativos, a pesar de que estos últimos no tienen el reconocimiento por parte de la mayoría de las plataformas y coordinadoras de trabajadores temporales como interlocutores válidos. Nunca se ha contado oficialmente con la opinión de los afectados ni sus representantes pese a las movilizaciones masivas.

Este proyecto de ley, aunque contiene mejoras parciales como el derecho a una ínfima indemnización, está muy alejado de lo que sería un reconocimiento real del abuso al trabajador temporal público y el derecho a la estabilidad como sanción, algo que se incluye ya en directivas europeas.

Ante este debate, aparecen tanto sindicatos como grupos políticos valorando la imposibilidad de una estabilización por la ‘inseguridad jurídica’ que podría producirse y el aumento de los procesos judiciales.

Cuando utilizan esta generalización, que es muy común cuando alguien quiere oponerse a alguna ley que no le gusta, están devaluando la capacidad legislativa que tiene el Gobierno y el Parlamento y que emana del pueblo.

La legislación evoluciona según las necesidades de la sociedad a la que se dirige. Tenemos todos los días ejemplos de leyes que pueden que no gusten a todos, pero que son avances sociales y son legítimas.

Respecto a otro argumento también utilizado que indica que una ley sería contraria al principio de igualdad en el acceso a la función pública, hay que recordar que todos los trabajadores en abuso llevan 5, 10 15 o 20 años dentro de la administración y que en su mayoría entraron con procesos selectivos o los que se requirieran en esa convocatoria. Por tanto, ya accedieron legalmente y en igualdad.

Pero cabe recordar que esto no va de acceso, sino de sanción del abuso sufrido y de resarcir el daño provocado con la permanencia en el puesto, algo que no solo es de justicia, es que lo contrario sería castigar nuevamente a la víctima por un acto fraudulento de la administración.

Se ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo por parte de la CUP que se vota el jueves, con poco viso de prosperar. Posteriormente, se debatirá en la Comisión de Función Publica del Congreso las enmiendas que los grupos parlamentarios hayan presentado. El proyecto de ley debería ser refrendado y concluido en octubre.

Mientras, deberían estar paralizadas todas las OPE (ofertas píblicas de empleo) y convocatorias, a la espera de un nuevo marco jurídico más favorable.

Aunque esta ley pase desapercibida es vital para más de 900.000 trabajadores públicos.

Con bastante probabilidad el docente de su hijo es interino, lleva 20 años de centro en centro, incluso trabajando hasta en tres centros a la vez; quien le atiende en su centro de salud es probable que tenga contratos de una semana y lleve así mas de 15 o 20 años; los empleados de su oficina de empleo, de su biblioteca, del centro de mayores…

Conocemos las intenciones y compromisos de algunos grupos políticos como Esquerra, que aboga por la reducción del tiempo para el reconocimiento de la situación de abuso a 3 años, en línea con Podemos. O el apoyo de otros grupos, con sus matices. O el anuncio de Ciudadanos de una revisión administrativa de cada caso.

También observamos la pasividad ante un hecho tan relevante por parte de muchos sindicatos –difícil de entender que sean los partidos políticos los que les tomen la delantera en la reivindicación de derechos laborales–.

Porque es justo y será legal, si todos los grupos políticos y la sociedad en su conjunto reconocen la labor de estos empleados públicos y su derecho a permanecer en sus puestos. Y evidentemente evitar que esto vuelva a producirse.

Esperamos un debate sosegado pero intenso que establezca un marco legal amplio y duradero que logre la estabilidad de todos los trabajadores públicos y el fin de este conflicto.

Los trabajadores públicos temporales en situación de abuso no cesarán en sus reivindicaciones hasta asegurar que nadie pierda su trabajo.

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