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JSP planea despidos para allanar la entrada del nuevo inversor

El nuevo CEO de la empresa canaria comunica a la plantilla su intención de hacer un ERE

Protesta de los trabajadores de JSP. JOSÉ CARLOS GUERRA

El futuro de la canaria JSP cada vez se parece más al que se temían los representantes de los trabajadores. En pleno concurso de acreedores, el nuevo CEO de una de las principales industrias de las Islas, Roberto Angulo, ha comunicado a los representantes de las plantillas la inevitable aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) como paso previo al desembarco de un nuevo inversor.

Antes de finalizar este mes, Angulo pondrá sobre la mesa el número de trabajadores que podrían verse afectados por los despidos. Fuentes del comité de empresa temen que la cifra no baje de 200 y que la operación incluya el cierre o venta de algunas de las plantas de producción, lo que daría carta de naturaleza al aspecto de papel mojado que siempre tuvo el documento firmado por trabajadores y empresa en presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el pasado 2 de julio.

El pacto «impulsado desde Presidencia del Gobierno», según la nota hecha pública en su día, abogaba por «mantener la viabilidad de la empresa José Sánchez Peñate [JSP] y Celgán como una unidad empresarial, siendo el mantenimiento de los puestos de trabajo una de las máximas prioridades».

La caída de la producción en varias plantas hace temer que finalmente se trocee el negocio

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La semana pasada, los empleados de la planta de Madrid recibieron una comunicación que les instaba a marcharse de vacaciones quince días. La producción de café está parada y Celgán funciona a medio gas. En opinión del presidente del comité de empresa de JSP en Tenerife, Ángel Yanes, todo por la «falta de materia prima».

La actividad languidece en buena parte de los centros de producción y los trabajadores temen que se deje morir a la espera de uno o varios compradores que se hagan con ellos. En conclusión, JSP terminaría troceada, justo al contrario de lo que se anunció en ese documento de julio que se registró en el depósito de convenios colectivos y se publicó en el Boletín Oficial de Canarias.

También hace dos semanas la Inspección de Trabajo sometió a un careo a las partes. Yanes afirmó ayer que en dicha cita la representante de la mercantil negó la inclusión de un ERE en la hoja de ruta para la salvación de JSP. Una semana después, sin embargo, la reducción de masa salarial apareció como condición sine qua non.

El documento suscrito hace poco más de tres meses contemplaba la «amortización de empleos» como último recurso. Llegados a ese punto, «a las personas afectadas se les procurará una salida digna (…)». A ello aludió precisamente Yanes, para quien «no resultaría de recibo que se sirvan de las arcas del Estado» para adelgazar la plantilla. Es decir, el representante sindical rechazó que se envíe a los trabajadores a cobrar del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

«Sería increíble, porque están hablando del futuro de unos de los principales acreedores; hemos puesto en esta empresa más de 14 millones de euros», lamentó Ángel Yanes. El representante de los trabajadores se refirió de ese modo a los varios descuelgues de convenios que aceptaron desde la anterior crisis para, al menos en teoría, propiciar la continuidad de la empresa y de sus empleos.

El fondo de raíz asturiana Hiperion aparece como principal candidato para hacerse con la nueva JSP, que será lo que quede de la antigua tras el lento naufragio de la década pasada. Negociar una quita con los principales acreedores no está resultando sencillo, hay serias reticencias por parte de una de las entidades financieras.

La negociación de la quita ha topado con la negativa de una de las entidades financieras

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En la junta de accionistas celebrada en agosto se destituyó a los dos consejeros impuestos por los bancos para concretar la última reestructuración del pasivo, que en global supera los 60 millones de euros. Es decir, la relación con parte de los acreedores financieros no es sana.

Acudir motu proprio a la jurisdicción mercantil –lo hicieron en marzo al presentar el preconcurso– permite a los propietarios mantener las riendas. Sus decisiones están bajo la supervisión del administrador concursal, Praxis de Reestructuraciones y Concursal SL Profesional.

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