¿Es posible que haya decenas de miles de desempleados y al mismo tiempo las empresas no encuentren trabajadores? ¿Y es posible que esto ocurra incluso cuando el puesto a cubrir no exige una alta formación? No solo es posible, sino que de hecho está pasando en Canarias. En las Islas faltan trabajadores pese a que sobran parados, una aparente paradoja que en realidad no lo es tanto. Menos aún en un momento en el que se produce un fuerte y rápido incremento de la demanda de mano de obra, como está ocurriendo en el Archipiélago una vez superado lo peor de la crisis del coronavirus. Las empresas necesitan contratar de inmediato, para ya mismo, pero incluso con tantos desempleados como hay en la región en estos momentos –casi 272.000 según la última Encuesta de Población Activa (EPA)–, «siempre hay meses, e incluso hasta un año, de cierto desajuste entre la oferta y la demanda», explica el catedrático de Economía Aplicada José Luis Rivero Ceballos.
Relacionadas
Las dificultades que están teniendo las empresas canarias para encontrar los perfiles que necesitan no son, por tanto, algo extraordinario para la ciencia económica. Más bien era algo previsible que, eso sí, podría haberse minimizado si se hubiera actuado en el momento justo. El economista José Miguel González, ex director general de Trabajo del Gobierno de Canarias y director de Consultoría del despacho Corporación 5, coincide con Rivero Ceballos en que la «brecha» entre la demanda y la oferta de empleo «se nota más ahora porque estamos en un momento de despegue donde en poco tiempo se necesitan muchas personas». El ejemplo más claro es el del sector de la construcción, que requiere de 15.000 nuevos trabajadores con urgencia y que, sin embargo, no logra cubrir las vacantes. González expone que este déficit de mano de obra, que la patronal atribuye a la falta de preparación para desempeñarse en un sector que nada tiene que ver con el de décadas anteriores, debió haberse previsto –y podía preverse, puntualiza el economista– con suficiente antelación. «Aquí sí es verdad que entra la Administración, que es la que plantea los planes operativos de formación y empleo y que vuelve a ser reactiva en lugar de proactiva», ahonda el experto. ¿Pero qué quiere decir el ex director general de Trabajo del Ejecutivo autonómico al calificar de «reactiva» a la Administración pública? Pues que no es capaz de adaptar los planes formativos a las necesidades futuras del mercado laboral pese a estar sobre aviso de cuáles serán esas necesidades futuras.
«Hay que dejar de ver la inmigración laboral como perniciosa»
«¿Desde cuándo sabemos en qué momento los ciclos de la economía generan una mayor demanda de mano de obra? Pues se sabe desde siempre», se pregunta y responde el responsable del área de Consultoría de Corporación 5. González recuerda que desde el año pasado se conocía que la recuperación de la crisis de la covid comenzaría en la segunda mitad de 2021, como ya en 2008 –el primer ejercicio de la larga crisis financiera– se sabía que el ciclo recesivo duraría alrededor de cinco años. Así que la Administración debió adaptar la formación, sobre todo en el caso de los desempleados, para que en esos momentos en los que la demanda de mano de obra se dispara –como está ocurriendo– las empresas encuentren lo que necesitan y las personas encuentren trabajo. Algo que, además, no es especialmente complejo en una Comunidad Autónoma donde el grueso del empleo se concentra en los servicios y la construcción.
«Hay que preguntarse qué es lo que va a suceder dentro de un determinado tiempo para formar a la gente, el llamado empleo cierto, es decir, si se sabe que vas a construir el tercer carril de Las Chafiras, pues empieza a formar ya a la gente, porque si no, la obra comienza y no tienes los perfiles adecuados», ahonda el economista. ¿Y qué pasa si esto no se hace, si la Administración pública no es «proactiva»? «Que esos puestos de trabajo no es que queden desiertos o sin cubrir, sino que serán ocupados por personas procedentes de otras regiones», de ahí que no se deba ver la inmigración laboral como algo pernicioso. «Son aportadores al sistema cuando las tasas de reposición de la natalidad de los países desarrollados apenas llegan ya al 2%, con lo que debes cubrir esa brecha con personas nacidas en otro lugar, y no pasa nada», apunta el experto, que agrega que «lo que no puede ser es que yo proteja mi incompetencia». Esto explica en buena medida por qué el Archipiélago no ha dejado de ganar población ni en los momentos más duros de crisis. «No es un fenómeno nuevo, sino recurrente», añade.
El alto precio de los carnés dificulta la incorporación al sector de los transportes
Con todo, la formación puede ser un problema por defecto, por exceso –personas que con carreras universitarias y/o posgrados pueden permitirse rechazar determinadas ofertas de trabajo porque no satisfacen no ya sus necesidades, sino sus pretensiones– o sencillamente no ser el verdadero problema. Así lo cree José Luis Rivero Ceballos, al menos en el caso concreto de la construcción. El catedrático de Economía Aplicada hace hincapié en que aun reconociendo la cada vez mayor formación que exige el sector del ladrillo en la era de la domótica y de los edificios accesibles y sostenibles, la preparación del trabajador de a pie de obra no es alta. «Para ser peón no hace falta ser ingeniero», apunta el experto, que insiste en que la actual «fricción del mercado laboral» ni es extraordinaria ni se limita a la construcción. «En la hostelería también están teniendo problemas para conseguir trabajadores», recuerda Rivero Ceballos.
«La gente suele incorporarse al empleo cuando se le agota la prestación»
De modo que no hay un solo factor que explique por qué en tiempos de relanzamiento de la actividad se produce este embudo en el paso del desempleo a la empresa. Más bien al contrario: están la cuestión formativa, tanto en el caso de quien no tiene la suficiente para desempeñar un puesto como en el de quien no encuentra un acomodo acorde con su preparación; la ineficacia de los servicios públicos a la hora de colocar a los parados; e incluso el dinero que hay que pagar para poder trabajar en aquello que se desea, que es algo que está pasando en el sector del transporte por el coste de sacarse el carné de guagüero, por ejemplo. Y está también el efecto desincentivador de la búsqueda de empleo que afecta en las Islas a un gran número de beneficiarios de prestaciones.
«También se producen desajustes porque muchas personas que están cobrando la prestación por desempleo no cogen la primera oferta, sino que esperan una mejor oportunidad», ahonda el catedrático de la Universidad de La Laguna, que recuerda que todos en alguna ocasión han escuchado a familiares o amigos decir aquello de me quedan seis, tres o dos meses de paro. «La gente, por lo general, se incorpora cuando se le acaba la prestación», asegura Rivero Ceballos, de ahí que un debate recurrente sea el de elevar la cuantía de la prestación a cambio de reducir su duración para no desincentivar la búsqueda de empleo. En esta línea, también José Miguel González pone énfasis en la necesidad de «condicionar» en mayor medida el cobro de la prestación a la inserción laboral.
La escasez de mano de obra es acuciante en la construcción: se necesitan ya 15.000 trabajadores
En espera de que la oferta y la demanda de trabajo vayan ajustándose poco a poco, a Canarias aún le faltan 112.000 ocupados para volver a la cifra de 940.300 que tenía a finales de 2019, el último año antes del estallido de la pandemia. Una súbita y fuerte destrucción de empleo que, en paralelo, ha dado lugar a que las Islas tengan 54.400 parados más que al cierre de 2019, un total de 271.800. Podría decirse así que tras el coronavirus faltan 112.000 trabajadores y sobran 54.400 desempleados, lo que de momento no evita que en las áreas de recursos humanos se las vean y se las deseen para dar con la persona que necesitan. Según un estudio de InfoJobs –la plataforma online de empleo–, las cinco actividades con más vacantes en Canarias son las de comercial y ventas, que representan el 27% de las ofertas de trabajo; atención al cliente (9%); informática (9%); compras, logística y almacén (8%); e inmobiliaria y construcción (8%).