La apertura de una grieta entre los sindicatos con presencia mayoritaria ha seguido a la finalización, este martes, del periodo de negociación mantenido entre la empresa JSP y los representantes de los trabajadores. UGT quería rubricar, entre otras cuestiones, la indemnización de 25 días por año trabajado y un máximo de 16 mensualidades para los 276 despedidos en el expediente de regulación de empleo (ERE) incluido en el plan de viabilidad.
No estriban ahí las diferencias entre las organizaciones de representación de la plantilla. Tampoco CCOO rechazaba ese acuerdo, pero exigía garantías de cobro de las mejoras aceptadas por la empresa.
Los despidos son cuantiosos, pero también 41 menos que los 317 planteados en un primer momento. Ambos sindicatos entendían que a poco más podían aspirar teniendo en cuenta, además, que quienes causaran baja recibirían el mínimo que marca la ley, 20 días por año y doce mensualidades como máximo.
En la mesa de negociación estaban presentes siete representantes de CCOO, cinco de la planta de Güímar y dos de los centros de Gran Canaria (Miller Bajo y El Tablero), y cinco de UGT, dos de Celgán, dos de Madrid y uno más de Gran Canaria. El tercero y último de los encuentros de la mesa de negociación consumió toda la mañana del martes y parte de la tarde.
Mientras los representantes de CCOO insistían en que las asambleas habían solicitado garantías de cobro, los de UGT aseguraban que el documento que estaba encima de la mesa cubría el mandato del conjunto de las plantillas. Según los últimos, la exigencia de garantías no era mayoritaria.
Los ugetistas advierten de que habrá liquidación, tal y como anunció la empresa
Además, los representantes ugetistas señalaban después en su comunicado que el cobro “se ha garantizado de la única forma legal posible existente, tal es la garantía de los créditos de los salarios e indemnizaciones contra la masa de acreedores, demostrando la empresa la existencia de recursos propios para ello”.
Insuficiente, según CCOO, que también decidió emitir su opinión por escrito tras el encuentro que los representantes de esta organización presentes en la mesa de negociación mantuvieron con el departamento jurídico del sindicato.
Propusieron prolongar el diálogo hasta el 4 de enero “al objeto de cerrar el tema de garantías, que fue, mayoritariamente, lo que los trabajadores solicitaron en las asambleas”. A pesar de la negativa de la empresa a esa ampliación del plazo para hallar un entendimiento, que la representación de CCOO calificó como “insólita”, desde este sindicato mantienen viva la esperanza en durante los próximos días lleguen “el consenso y el acuerdo, vitales para todas las partes”.
Los ugetistas, en cambio, aseguraron que la plantilla “ha sufrido la gran inocentada de su vida”, en alusión a la fecha de celebración de la última reunión. “En breve”, tomando como cierta “la amenaza de la empresa” JSP entrará en “liquidación”.
Eso tendrá que determinarlo el Juzgado de lo Mercantil número dos de Las Palmas de Gran Canaria, que es donde se sigue el proceso de concurso de acreedores voluntario presentado por la compañía el pasado mes de julio. El administrador concursal, Praxis de Reestructuraciones y Concursal, depositará allí el plan de viabilidad mediante el que se intentará garantizar el futuro de la compañía, que pasa por la entrada de un inversor.
CCOO se muestra convencida de que aún hay tiempo para alcanzar un acuerdo
No obstante, los representantes de UGT también hicieron un hueco a la esperanza de que la empresa tenga “un plan B y se pueda retomar la situación antes de que sea demasiado tarde”. Además acusaron, sin identificar, a “cierta representación sindical” de CCOO de dedicar parte del encuentro a asegurarse de que no estarían afectados por el ERE; cuestión esta que ninguna asamblea había promovido.
Siempre según el comunicado de UGT, la empresa accedió a este extremo y, a pesar de ello, CCOO mantuvo su negativa por no existir esas garantías de cobro de las indemnizaciones. Con la quiebra sindical instalada en el seno de la mesa, los ugetistas intentaron sin éxito que JSP aceptara “la adhesión voluntaria al acuerdo por parte de cada representación sindical o parte de la misma de cada centro de trabajo, incluso adhesiones individualizadas”.
“La representación legal de la empresa, única presente en la mesa en ese momento, se negó a ello, solo tenía prisa”, afirma el comunicado de UGT, en referencia al acta en el que se reflejó el rechazo a la última propuesta por parte de los trabajadores.
