La mesa de negociación para el expediente de regulación de empleo (ERE) que se incluye en el plan de viabilidad de la empresa JSP agotó este martes sin acuerdo el periodo de negociación. Los 317 despidos previstos inicialmente se redujeron a 276, con lo que solo 150 trabajadores mantendrían sus puestos de trabajo.
En cuanto a las indemnizaciones, la propiedad de la empresa llegó a 25 días por año trabajado y un máximo de 16 mensualidades. El gran escollo surgió al exigir los representantes de los trabajadores garantías de cobro, extremo al que se opuso la empresa al entender que, por ley, la plantilla ya está en la primer fila de los acreedores.
Terminada la negociación, tras la celebración de tres reuniones entre las partes a lo largo de este mes, el administrador concursal elevará ahora el plan de viabilidad al titular del Juzgado de lo Mercantil número dos de Las Palmas de Gran Canaria. Con el documento en la mano, este será quien en última instancia decida si procede llevar a cabo ese proyecto o, por el contrario, lo estima inviable e insta la liquidación de la empresa.
El último encuentro resultó maratoniano y se prolongó por espacio de más de seis horas. Tras constatar la imposibilidad de hallar puntos de encuentro, empresa y representantes de los trabajadores se retiraron. Hasta entrada la noche, los servicios jurídicos de los sindicatos analizaban la situación y no descartaban que aún se produjera un cruce de llamadas.
"No hemos firmado porque no nos garantizan que vayamos a cobrar las cantidades que superan lo que nos correspondería en el Fogasa" (Fondo de Garantía Salarial), explicó el presidente del comité de empresa de uno de los centros de trabajo de Tenerife, Ángel Yanes. En su opinión, en estas condiciones resulta imposible vincular a toda la plantilla a un acuerdo que no saben si se cumplirá.
Para la plantilla, la confianza en las promesas de la empresa está quebrada desde hace tiempo
Para la plantilla, la confianza está quebrada desde hace tiempo. En 2018, los trabajadores admitieron un descuelgue que les privaba del cobro íntegro de las cantidades contempladas en el convenio en vigor. Un año después se les volvió a aplicar el recorte, esta vez sin mediar acuerdo, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) conminó a la empresa a abonar los más de 1,2 millones de euros que integraban la suma.
La semana pasada, de nuevo la máxima instancia judicial canaria intervino para tumbar el ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que una de las principales industrias canarias hizo extensivo a la práctica totalidad de la plantilla en los meses de abril y mayo de este año. No cabía dejar solo fuera de la medida a catorce empleados, todos ellos con «contratos de jubilación parcial».
Los problemas financieros llevaron a JSP a presentar preconcurso de acreedores el pasado mes de marzo. En el periodo que esa figura otorga fue imposible cerrar un acuerdo con un inversor interesado en reflotar la compañía. Varios se asomaron, pero las negociaciones no cristalizaron. Al final de la carrera, se quedó solo el fondo de capital riesgo Hiperion, gestado y comandado por los asturianos Celso González, expropietario del Real Oviedo, y Víctor Madera, presidente de Quirónsalud.
La operación tenía poco de brindis al sol. Hiperion echó cuentas y vinculó su desembarco a la concreción de una serie de actuaciones previas. Como quiera que, llegado el mes de julio, el plazo se agotaba, fue la propiedad la que presentó concurso voluntario de acreedores. Tomar la iniciativa les permitió mantener el control en todo momento. La primera acción fue descabalgar a los dos miembros del consejo de administración que habían impuesto las entidades financieras como condición para la última reestructuración de una deuda que supera los 35 millones de euros.
En la misma junta de accionistas se nombró nuevo CEO a Roberto Angulo. Como quiera que para entonces Praxis de Reestructuraciones y Concursal ya había designado para comandar la administración del concurso de acreedores, se optó por un perfil cercano a los futuros inversores y dispuesto a firmar un salario alejado de los comunes para dicho cargo.
Negociar con los bancos una quita se ha topado con Santander como el hueso más duro de roer, según han deslizado fuentes de la empresa en varias ocasiones. Pero además, en la nueva JSP, si llega a ver la luz, a Hiperion le sobran personal y vías de negocio. La planta de Madrid y el negocio del café no son rentables, en su opinión. A finales de octubre, los representantes sindicales de la plantilla conocieron el número de despidos contemplado, 317.
Las tres reuniones de la mesa de negociación se han celebrado los días 3, 20 y 28 de este mes
Desde entonces, los días 3, 20 y 28 se han mantenido sendos encuentros para acercar posturas. En el entretanto, a requerimiento de la oposición, la consejera de Empleo, Economía y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, advirtió de que su departamento sigue de cerca el proceso. En julio, el Ejecutivo regional promovió y auspició un acuerdo por el que la empresa se comprometía a velar por el mantenimiento de los puestos de trabajo y la integridad del grupo para evitar su venta troceada. Hasta el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, ocupó un espacio en la foto de ese acto.
Si el juez da el visto bueno al ERE, tocará mover ficha a la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo que se integra en el organigrama del departamento que comanda Máñez. Lo que tendrá que valorar es el precio de conservar 150 empleos (276 despidos) y el coste de perderlos todos. Además, tendrá que auditar las condiciones que oferta la empresa para concluir si están o no dentro de la dignidad por la que hasta Torres hizo un hueco en su agenda.
Como en todos estos procesos, el ERE contempla un periodo voluntario en el que los trabajadores que lo deseen quedarán desvinculados de la empresa con los consabidos 25 días de indemnización por año trabajado y el máximo de 16 mensualidades. En el segundo encuentro, el de la pasada semana, los representantes de los trabajadores pedían 28 días por año trabajado y 18 mensualidades como tope, además de la creación de una bolsa de empleo de tres años de vigencia para cubrir futuras vacantes en la empresa.
