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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Un acuerdo de última hora da un asalto extra a la industrial JSP

Empresa y trabajadores pactan el ERE que quedó en suspenso la pasada semana

Protesta de los trabajadores de JSP en la capital grancanaria.

Acuerdo in extremis entre empresa y sindicatos para cerrar el ERE de JSP. En los últimos días se han multiplicado los contactos para mejorar los 276 despidos con 25 días por año trabajado y un máximo de 16 mensualidades que ofreció la empresa. Hasta el momento no han trascendido las condiciones del acuerdo final. La negociación arrancó con 317 despidos.

El administrador concursal tendrá que presentar en los próximos días al juez el plan de viabilidad. Este decidirá si el nuevo proyecto tiene viabilidad o, por el contrario, decreta la liquidación de la sociedad. Hiperion, fondo de inversión que anunció su intención de entrar en el negocio de una de las principales industrias canarias exigía, para cerrar la operación, el adelgazamiento de la masa salarial y el abandono de las líneas de producción deficitarias, entre ellas el café y la planta de la localidad madrileña de Getafe, dedicada a la repostería.

La división sindical saltó en la última reunión de la mesa de negociación. UGT acusó a sus compañeros de CCOO de dinamitar el proceso y condenar a la compañía de la desaparición. Estos últimos dieron por quebrada la confianza en la propiedad de la empresa y se negaron a firmar un acuerdo que no contará con garantías de cumplirse.

La consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, advirtió de que su departamento sigue de cerca el proceso. En julio, el Ejecutivo regional promovió un acuerdo por el que la empresa se comprometía a velar por el mantenimiento de los puestos de trabajo y la integridad del grupo para evitar su venta troceada. Hasta el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, ocupó un espacio en la foto de ese acto.

Si el juez da el visto bueno al ERE, tocará mover ficha a la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo que se integra en el organigrama del departamento que comanda Máñez. Lo que tendrá que valorar es el precio de conservar 150 empleos y el coste de perderlos todos. Además, tendrá que auditar las condiciones que oferta la empresa para concluir si están o no dentro de la dignidad por la que hasta Torres hizo un hueco en su agenda.

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