Los encargados de atender a los más vulnerables tienen poca confianza en el buen funcionamiento de la renta canaria de ciudadanía, cuyo anteproyecto el Gobierno regional acaba de enviar al Parlamento. La previsión es que llegue en una primera fase a 10.000 familias. La presidenta del Colegio de Trabajadores sociales de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Degado, considera que no dará los resultados esperados si no se modifican las deficiencias que presenta el texto. 

Entre otras cosas, advierte de que los trámites necesarios para solicitarla continúan siendo demasiado engorrosos. Igualmente, apuntó que no se han concretado las líneas de acción y que se deja fuera a la mitad de la población. No obstante, se mostró dispuesta a colaborar con el Gobierno para mejorar los aspectos que redundarán en una mayor efectividad y alcance de esta prestación.

La Ley de Renta de Ciudadanía tiene por objeto regular el derecho a la renta de ciudadanía como prestación económica de percepción periódica. Por tanto, reconoce el derecho a las prestaciones económicas que aseguren la cobertura de las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades.