La administración concursal (Praxis de Reestructuraciones) y los representantes de los trabajadores de JSP presentaron la semana pasada un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), única vía actual para garantizar el cobro de las nóminas. De la celeridad de la respuesta por parte de la autoridad laboral -Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias-, dependerá que la castigada y recortada plantilla de la señera industria canaria pase uno o más meses sin ingresar un solo euro.
Esta iniciativa conjunta es prácticamente la única en la que existe consenso en un clima que se acerca al todos contra todos; el administrador concursal contra la única oferta llegada hasta el momento, la del fondo asturiano Hiperion; los representantes de UGT en comités de empresa como el de Celgán contra el administrador concursal por desoír esa propuesta; los de CCOO aplaudiéndolo porque no rechazarla supondría "una traición" al contenido del expediente de regulación de empleo (ERE) firmado en enero y por el que abandonaron la compañía 272 trabajadores...
En medio de ese totum revolutum hasta sorprende ver un mismo color en los once votos emitidos en la reunión decisiva para el ERTE. Y hasta ahí, porque una parte de la plantilla hasta culpa directamente al administrador concursal de haber llegado a este punto. "Están paradas todas las fábricas", lamentó ayer el presidente del comité de empresa de Celgán, Sergio Arvelo (UGT). Hasta el viernes de la semana pasada permaneció activa la panificadora de El Tablero (Gran Canaria). Fue la última en bajar palanca.
"En un momento en el que la demanda de leche es muy elevada, no se entiende que se pare la planta de Güímar"
"En un momento en el que la demanda de leche es muy elevada, no se entiende que se pare la planta de Güímar", continuó el sindicalista, para quien mantener ese centro de producción activo serviría para "pagar a los empleados lo que se les prometió" unos "cinco millones de euros", según sus cálculos. Es decir, cumplir los compromisos contenidos en el ERE de enero y que elevaban a 25 días por año trabajado y un máximo de 16 mensualidades las indemnizaciones para los despedidos en lugar de los 20 días y un año de tope, límites que marca la ley.
"El ERTE es la única opción de cobrar que nos queda ahora", confirmó el presidente del comité de empresa de Las Palmas, Ismael Trujillo (CCOO). De los 146 asalariados que quedan en JSP, solo cuatro vigilantes, otros tantos operarios de mantenimiento y dos administrativos no están incluidos en dicho ERTE, bien porque sus funciones no dependen de la producción, o bien solo es así en parte. Además, otros cuatro trabajadores, podrían o no incluirse dependiendo del rumbo que tome el negocio.
Para entender la quiebra existente -y larvada desde hace tiempo- en la propia representación de la plantilla, basta conocer la diferente opinión que despierta en Trujillo y Arvelo la presencia de Hiperion. Mientras el ugetista Sergio Arvelo la señala como la única oferta llegada hasta el momento y, por tanto, la única garantía para "mantener la actividad", desde CCOO la rechazan de plano por incumplir lo pactado en el ERE de enero.
Ese abandono de las mejoras comprometidas para el drástico adelgazamiento de la plantilla es en opinión de Arvelo "otro fallo de la administración concursal". Según sus palabras, por no determinar en el acuerdo quién está obligado a hacerse cargo de mejorar las indemnizaciones para los despedidos.
La administración concursal encargó a la empresa Asemar Concursal la busca de posibles inversores
En Hiperion defienden que el Estatuto de los Trabajadores marca que el recién llegado asuma la deuda si hay continuidad en la empresa, algo que consideran alejado de la realidad cuando todas las planta de producción están paradas. Fuentes próximas a las negociaciones señalaron ayer que el administrador concursal medita reactivar la fábrica de Güímar. "¿Quién va a venir a pujar por un negocio que está parado?", expuso el presidente del comité de empresa de esa planta productiva.
"La administración concursal ya ha cobrado y busca con la liquidación seguir cobrando", fuentes cercanas al proceso señalaron que en torno a 800.000 euros en total (la mitad ya percibida), "no teniendo en cuenta una oferta de casi 20 millones de euros [la de Hiperion], dejando en la calle a 145 trabajadores más y haciendo desaparecer la industria láctea más grande de Canarias".
Y mientras UGT dio el visto bueno a la entrada de Hiperion, CCOO puso la proa exigiendo que todos los despedidos recibieran las cantidades que se les prometieron. Todo lo que no sea así se considera "una traición" por parte de este sindicato. El administrador concursal se sumó a esta valoración e instó al inicio del mes pasado al juez a proceder a la "venta de la unidad productiva", lo que de facto supone subastar los activos. Si en alrededor de dos meses no aparece quien quiera reflotarla, se liquidará.
