Termina la primera semana del año, la que quedará como la que ha acercado de manera prácticamente definitiva la continuidad de JSP, una de las principales industrias de Canarias. Lo hará si el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que sigue el concurso voluntario de acreedores solicitado por la compañía, aprueba el plan de viabilidad. Hasta ahí la lectura en positivo, que, sin embargo, no puede ocultar que JSP llega a este punto tras recorrer un vía crucis que se sustancia en 278 despidos y el abandono de líneas de negocio como el café.
Hiperion ya tiene la pelota botando dentro del área. El símil futbolístico cabe, más aún si se contempla que este fondo de inversión de procedencia asturiana tiene a su frente a Celso González, expropietario del Real Oviedo. Comandando junto a él esa nave aparece el presidente de Quirónsalud, Víctor Madera.
En los últimos días de mayo del año pasado, Hiperion hizo pública su voluntad de comprar JSP. Se abrió un plazo de 25 días para llevar a buen puerto el traspaso de poderes, pero embarrancó en el detenido estudio de las cuentas por parte de los aspirantes. De hecho, habían llegado a la pugna final junto al fondo alemán Quantum, también de riesgo y con experiencia en el sector de la alimentación. Algunos de los directivos germanos hasta giraron visitas a las instalaciones que la compañía canaria tiene en Güímar, pero no hallaron una hipótesis de negocio en la que los números se pintaran en negro.
Antes de presentarse en las Islas con la chequera a medio asomar, Hiperion se había anotado un sonado éxito en el sector turístico ibicenco. El propietario del Grupo Playasol, Fernando Ferré, terminó en la cárcel tras aceptar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que le había investigado por diversas ilegalidades en el ámbito laboral. Los asturianos se hicieron con la gestión de la compañía y cuatro años después lanzaron una oferta para quedarse –junto a la inmobiliaria Sunparty– con los activos.
Operación Ibiza
La operación incluía una deuda hipotecaria de 270 millones de euros y la inversión de 20 millones más para traer al presente una planta alojativa obsoleta y un servicio mínimo, el que demanda el turismo de borrachera que llenaba de manera habitual esos apartamentos.
Volviendo a lo ocurrido con JSP, lo que parecía una entrada de capital rápida y limpia en la que la familia Sánchez (JSP, José Sánchez Peñate) mantendría una parte importante de la compañía en sus manos acabó con el talonario desapareciendo del todo dentro del bolsillo de las chaquetas de González y Madera. El tiempo se agotaba, el preconcurso voluntario de acreedores se había presentado en marzo y antes de pasar cuatro meses era necesario contar con un nuevo inversor capaz de levantar los balances.
En las cuentas pesaban como una losa los cerca de 50 millones de euros de deuda, acumulada desde la anterior crisis económica. Los mayores acreedores eran los bancos –unos 36 millones de euros–, que representaban un escollo de difícil salvación. El Santander, al que se adeudaban cerca de doce millones de euros, no ponía las cosas fáciles.
En la última reestructuración del pasivo, las entidades financieras impusieron la entrada en el consejo de administración de JSP de dos hombres de su confianza. Una presencia que cualquier nuevo inversor iba a rechazar, como así fue, y hubo de estudiarse el modo de despejar el camino.
Llegar de manera voluntaria al concurso suponía tener a un administrador, pero dejar el timón en manos de los propietarios
La solución fue llegar de manera voluntaria al concurso. Eso suponía tener en el procedimiento a un administrador nombrado por el juzgado –Praxis de Reestructuraciones y Concursal– pero mantener el timón en manos de los propietarios. Lo primero que hicieron estos fue despejar los sillones del órgano de gobierno que ocupaban los hombres de los bancos y nombrar a un nuevo CEO de perfil bajo. En pleno proceso de negociar quitas con los acreedores y despidos con los trabajadores, el administrador concursal no podía dar luz verde a ningún gasto elevado. El cargo fue para Roberto Angulo, que ya contaba con experiencia anterior en el sector lácteo.
Colocados los actores en sus puestos, faltaba por acometer la última y más ardua labor para mantener activa la empresa, el expediente de regulación de empresa (ERE) que dejara la masa salarial en los niveles que Hiperion consideraba necesarios para entrar definitivamente en JSP.
Durante el verano, ya con el concurso de acreedores en marcha, el Gobierno de Canarias instó un pacto entre empresa y trabajadores. El contenido del mismo pasaba por garantizar los puestos de trabajo y propiciar salidas dignas a todos aquellos que fuera imposible mantener. Además, se colocaba como prioridad inexcusable la integridad de las diversas actividades del grupo; esto es, que JSP no se troceara para, posteriormente, venderse por partes.
Negociación del ERE
A finales de octubre, la nueva dirección de la compañía llamó a los representantes de los trabajadores para comunicarles que 317 empleados iban a salir. De lo contrario, la empresa cerraría sus puertas. Además, se ponía fin a la actividad del tostadero de café y también echaba la persiana la planta de Madrid dedicada a la repostería.
Coalición Canaria (CC) llevó el asunto al Parlamento de Canarias. ¿Qué había de aquel acuerdo del verano? La consejera de Economía, Empleo y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, contestó que la autoridad laboral (Dirección General de Trabajo) era depositaria de ese pacto y, por tanto, velaría hasta el final por que se cumpliera.
La mesa de negociación constituida para pactar el ERE se reunió en tres ocasiones, la última el 28 de diciembre. Todo pareció irse al traste, incluso la representación de los trabajadores pareció partirse; UGT, a favor de la última oferta de la empresa y CCOO, en contra.
Los retrasos e impagos durante los últimos años han sido moneda corriente en JSP. Los representantes de CCOO en la mesa de negociación exigían garantías de cobro de las mejoras que la empresa proponía. En UGT, en cambio, entendían que se escapaba el último tren e, incluso, llegaron a dar por muerta la negociación y a la propia empresa tras no estampar todos los presentes su firma en el documento final.
Sin embargo, al inicio de esta semana que ahora termina, los contactos se intensificaron. El lunes los teléfonos no cesaron de sonar hasta entrada la noche, cuando el humo blanco dio cuenta de que el acuerdo que parecía imposible unos días antes había llegado. Solo 150 de los trabajadores de JSP se mantendrán en sus puestos de trabajo. Los 278 que salgan percibirán una indemnización de 25 días por año trabajado hasta un máximo de 16 mensualidades y podrán inscribirse en una bolsa de empleo que durante cuatro años proporcionará el personal para cubrir las vacantes que puedan producirse.
"Al Gobierno hay que decirle que apoye y facilite las cosas al inversor que viene"
Las garantías de cobro se dan por cubiertas con la entrada del nuevo inversor. «Estoy seguro de que esta situación la revertiremos entre todos», afirmó el martes tras la firma definitiva del acuerdo Ángel Yanes (CCOO), uno de los sindicalistas que mantuvo la cuerda tensa hasta el último momento.
¿Qué pasará con los activos que se dejan caer como el tostadero de café? Puede aparecer un comprador o puede servir para saldar parte de la deuda con los bancos; de hecho está hipotecado, por lo que ellos son los verdaderos dueños.
Con el entendimiento entre las partes e Hiperion en el horizonte, no se esperan problemas para la continuidad. Además, aunque el acuerdo destruya tantos empleos, tampoco parece probable que la autoridad laboral avente la entente del verano. «Ahora toca arrimar el hombro y sacar esto adelante entre todos. Al Gobierno hay que decirle que apoye y facilite las cosas al inversor que viene», y si lo dice el propio Ángel Yanes, poco le resta por hacer al Ejecutivo.
