Una familia francesa, neerlandesa o italiana de cuatro miembros que quiera volar a las Islas a partir de 2024 tendrá que desembolsar una media de 400 euros más que ahora. Cien euros más de media por cabeza. Son los cálculos que maneja Airlines for Europe, la mayor asociación de compañías aéreas de la Unión Europea –las firmas que la integran representan el 70% del tráfico en el espacio aéreo comunitario–, sobre el impacto de la tasa verde en los precios de los vuelos de media distancia, donde se incluyen las rutas entre el Archipiélago y sus principales caladeros de turistas: Alemania, Francia, Países Bajos...
La intención de las autoridades comunitarias, en el marco de su plan para la descarbonización –el llamado plan verde–, es imponer a las aerolíneas una tasa de hasta 70 euros por tonelada de gases de efecto invernadero emitida a la atmósfera. Para hacerse una idea de hasta qué punto se trata de un gravamen punitivo basta con apuntar que la estrategia de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que tiene su propio plan para la progresiva descarbonización del transporte aéreo, plantea una tasa de tres euros por tonelada de dióxido de carbono lanzada a la atmósfera. La diferencia es, por tanto, abismal, con lo que la competitividad de las compañías aéreas europeas se vería seriamente afectada. No en vano, una aerolínea que opere fuera del espacio comunitario, en virtud de la estrategia de la OACI, soportaría un gravamen verde de tres euros por cada tonelada de gases contaminantes, mientras que las compañías bajo bandera de la UE pagarían una tasa hasta 23 veces superior por sus operaciones en el ámbito de la Unión. En última instancia, la distorsión en el mercado de la aviación comercial sería de tal magnitud que parte del tráfico aéreo comunitario se desviaría fuera de su espacio.
Hace falta mayor contundencia del Estado en la defensa del Archipiélago en Bruselas
Lo lógico a juicio de las empresas es que se acabe por encontrar un marco común a nivel global que evite esas distorsiones en el mercado, porque el sobrecoste para las aerolíneas europeas, y por ende el encarecimiento de los billetes para amortiguarlo, sería difícilmente asumible. Aunque el sobrecoste variaría en función de la ruta de que se trate –y en consecuencia también la subida de los precios de los vuelos–, los cálculos preliminares muestran que esa tasa de hasta 70 euros/tonelada implicaría un coste extra de 38 euros por billete en vuelos de corta distancia. Una cuantía que se iría hasta los 200 euros de media en el caso de conexiones de largo alcance y hasta los 100, aproximadamente, en las rutas que unen al Archipiélago con los países de donde proviene la mayoría de turistas, que son rutas de media distancia.
Las cifras explican por qué el Gobierno de Canarias va a redoblar esfuerzos para lograr que los vuelos internacionales con las Islas queden al margen de la tasa verde. Está por ver que se consiga para las conexiones con la Península –existe el compromiso de la CE– y para las interinsulares –aquí solo se ha ganado la comprensión de la comisaria Elisa Ferreira–; pero, además, hay «dificultades mayores» en el caso de las rutas internacionales, según admitió este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez. Por eso se busca la «complicidad» del Gobierno central y de los eurodiputados isleños, para entre todos ejercer presión sobre las autoridades comunitarias.
El impuesto verde es un misil a la línea de flotación de la economía canaria
La preocupación también es notoria en la patronal. «Vivimos del turismo; esta tasa pondría un pie encima de la recuperación», explicó el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. El dirigente empresarial pidió al Ejecutivo autonómico que «redoble esfuerzos» para lograr la total exención del impuesto verde e hizo hincapié en que «hace falta mayor contundencia del Estado en la defensa de los intereses del Archipiélago en Europa». En esta línea, Agustín Manrique de Lara, presidente de la CCE, ahondó en que el impuesto supone «un misil a la línea de flotación de la economía canaria». De Lara lamentó que «no se haya hecho nada» hasta ahora, «ni una sola iniciativa», y reclamó una oficina u órgano autonómico que se ocupe de la defensa del REF y de velar desde aquí por los intereses isleños en Bruselas.
Una familia francesa, neerlandesa o italiana de cuatro miembros que quiera volar a las Islas a partir de 2024 tendrá que desembolsar una media de 400 euros más que ahora. Cien euros más de media por cabeza. Son los cálculos que maneja Airlines for Europe, la mayor asociación de compañías aéreas de la Unión Europea –las firmas que la integran representan el 70% del tráfico en el espacio aéreo comunitario–, sobre el impacto de la tasa verde en los precios de los vuelos de media distancia, donde se incluyen las rutas entre el Archipiélago y sus principales caladeros de turistas: Alemania, Francia, Países Bajos...
La intención de las autoridades comunitarias, en el marco de su plan para la descarbonización –el llamado plan verde–, es imponer a las aerolíneas una tasa de hasta 70 euros por tonelada de gases de efecto invernadero emitida a la atmósfera. Para hacerse una idea de hasta qué punto se trata de un gravamen punitivo basta con apuntar que la estrategia de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que tiene su propio plan para la progresiva descarbonización del transporte aéreo, plantea una tasa de tres euros por tonelada de dióxido de carbono lanzada a la atmósfera. La diferencia es, por tanto, abismal, con lo que la competitividad de las compañías aéreas europeas se vería seriamente afectada. No en vano, una aerolínea que opere fuera del espacio comunitario, en virtud de la estrategia de la OACI, soportaría un gravamen verde de tres euros por cada tonelada de gases contaminantes, mientras que las compañías bajo bandera de la UE pagarían una tasa hasta 23 veces superior por sus operaciones en el ámbito de la Unión. En última instancia, la distorsión en el mercado de la aviación comercial sería de tal magnitud que parte del tráfico aéreo comunitario se desviaría fuera de su espacio.
Hace falta mayor contundencia del Estado en la defensa del Archipiélago en Bruselas
Lo lógico a juicio de las empresas es que se acabe por encontrar un marco común a nivel global que evite esas distorsiones en el mercado, porque el sobrecoste para las aerolíneas europeas, y por ende el encarecimiento de los billetes para amortiguarlo, sería difícilmente asumible. Aunque el sobrecoste variaría en función de la ruta de que se trate –y en consecuencia también la subida de los precios de los vuelos–, los cálculos preliminares muestran que esa tasa de hasta 70 euros/tonelada implicaría un coste extra de 38 euros por billete en vuelos de corta distancia. Una cuantía que se iría hasta los 200 euros de media en el caso de conexiones de largo alcance y hasta los 100, aproximadamente, en las rutas que unen al Archipiélago con los países de donde proviene la mayoría de turistas, que son rutas de media distancia.
Las cifras explican por qué el Gobierno de Canarias va a redoblar esfuerzos para lograr que los vuelos internacionales con las Islas queden al margen de la tasa verde. Está por ver que se consiga para las conexiones con la Península –existe el compromiso de la CE– y para las interinsulares –aquí solo se ha ganado la comprensión de la comisaria Elisa Ferreira–; pero, además, hay «dificultades mayores» en el caso de las rutas internacionales, según admitió este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez. Por eso se busca la «complicidad» del Gobierno central y de los eurodiputados isleños, para entre todos ejercer presión sobre las autoridades comunitarias.
El impuesto verde es un misil a la línea de flotación de la economía canaria
La preocupación también es notoria en la patronal. «Vivimos del turismo; esta tasa pondría un pie encima de la recuperación», explicó el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. El dirigente empresarial pidió al Ejecutivo autonómico que «redoble esfuerzos» para lograr la total exención del impuesto verde e hizo hincapié en que «hace falta mayor contundencia del Estado en la defensa de los intereses del Archipiélago en Europa». En esta línea, Agustín Manrique de Lara, presidente de la CCE, ahondó en que el impuesto supone «un misil a la línea de flotación de la economía canaria». De Lara lamentó que «no se haya hecho nada» hasta ahora, «ni una sola iniciativa», y reclamó una oficina u órgano autonómico que se ocupe de la defensa del REF y de velar desde aquí por los intereses isleños en Bruselas.
Tres ministros en tres días
El Tratado de la UE establece que las medidas comunitarias deberán tener en cuenta «las características y exigencias especiales de las Regiones Ultraperiféricas». Este sería el principal argumento que Canarias esgrimiría ante el Tribunal de Justicia de la UE si la tasa verde acabara en disputa judicial. Aunque es muy pronto para plantear esta posibilidad, el Gobierno autonómico deja la puerta entreabierta para recurrir al TJUE si Bruselas hace oídos sordos. De momento se busca el respaldo a las tesis isleñas de los ministros de Hacienda, María Jesús Montero; Transición Ecológica, Teresa Ribera -que estará el lunes en Tenerife por el desmantelamiento de la refinería-; Transportes, Raquel Sánchez -que visitará las Islas el miércoles-; y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares -que vendrá también el miércoles-. | R.A.D. / M.Á.M.
