El "acuerdo" entre ganaderos, queseros y cadenas de distribución para subir el precio de la leche empieza a tambalearse. A principios de mayo el Gobierno autonómico logró que las industrias y los supermercados se comprometieran a pagar más a los productores por la leche para que estos pudieran, cómo mínimo, cubrir sus gastos. Se pagaba a 48 céntimos y se planteó un incremento de entre 12 y 15 céntimos y los granjeros recuperaron la esperanza. Un mes después la leche ha subido solo un par de céntimos y se paga a 50, pero el coste de producción está en 60. Y lo que más preocupa a los ganaderos es que, Francisco Martel, el mayor quesero de Gran Canaria ya que compra el 70% de la leche que se produce en la isla, no está dispuesto a seguir pagando más a los productores "a la fuerza" porque es el "mercado el que marca el ritmo de la subidas". Lo que ha llevado a los ganaderos a anunciar manifestaciones a las puertas de su fábrica.
Según el empresario es la administración pública la que debe "hacerse responsable" del los sobrecostes que tienen los granjeros como consecuencia del conflicto en el este de Europa y no el sector industrial. Se ha encarecido más de un 50% la alimentación, los forrajes y los fletes. "Somos una empresa privada, si vendo más caro la gente no me lo va a comprar", afirma Martel, quien asegura que en el encuentro con el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, "jamás" se acordó que la leche llegaría a los 60 céntimos. "Todavía hay clientes que están aceptando las subidas que hemos ido haciendo en los últimos meses, no podemos poner el precio que nos da la gana del golpe", explica el quesero, que insiste en que las "manifestaciones y quejas deberían trasladarse a los edificios de las administraciones".
El gerente de la Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez, ha convocado mañana a todos los ganaderos que le venden leche a Martel para manifestarse en la puerta de la fábrica en Valsequillo a pesar de que el empresario está actualmente fuera de la isla. "No está cumpliendo con lo que nos prometieron y ya no podemos seguir asumiendo costes", afirma Pérez, quien asegura que si no hay mejoras de los precios "el sector seguirá tomando medidas". La situación ya ha llegado a tal punto que algunos ganaderos han tenido que sacrificar las vacas con baja producción.
Lo cierto es que con los precio actuales se sigue incumpliendo la Ley de Cadena Alimentaria que impide que ningún eslabón venda por debajo de lo que ha pagado. La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ya anunció la semana pasada que Canarias empezará a aplicar la ley de cadena alimentaria el próximo mes por lo que se empezará a sancionar a aquellos que no cumplan con la cadena. La destrucción de valor de la cadena está tipificada como una falta "grave" y supone una multa de entre 3.001 euros y 100.000 euros. Para los reincidentes la cantidad podría alcanzar el millón de euros. Aunque los ganaderos no confían en la palabra de la consejera. "Si no se ha hecho hasta ahora no creo que empieza a ponerse serios ahora", afirma Pérez.
A principio del mes de junio los ganaderos esperan que el presidente vuelva a convocar una reunión con todos los implicados para "controlar que se cumple con lo acordado", pero Martel asegura que por el momento no ha recibido ninguna invitación. Parece que las promesas y las buenas intenciones que protagonizaron el primer encuentro se han esfumado y ahora toca esperar el próximo movimiento del Ejecutivo canario que tiene entre sus manos a un sector que si antes tenía el agua al cuello ahora ya la tiene cubriéndole la nariz.
