1,3 millones de familias que viven en alquiler están en riesgo de pobreza (el porcentaje más elevado de la UE)

España tiene censados en su territorio 18,9 millones de hogares, que suman una población de 47,4 millones de personas. Del total de familias, el 15,9% vive en alquiler a precio de mercado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto eleva el número de hogares que vive en régimen de arrendamiento hasta los tres millones, que ganan de media al año menos de 21.300 euros anuales, según el mismo organismo público.

El último artículo sobre el mercado del alquiler de CaixaBank Research señala que “el 44,8% de los españoles que residen en viviendas de alquiler a precio de mercado estan en riesgo de pobreza o de exclusión social”. Esto supone que casi uno de cada dos inquilinos, es decir, más de 1,34 millones de familias, se encuentran en esta situación, el porcentaje más elevado de toda la Unión Europea.

No solo eso. El 39,4% de los hogares destinan más del 40% de su renta disponible a pagos relacionados con la vivienda, casi el doble que en la Unión Europea, donde se sitúa en el 21%, también según CaixaBank Research. Más de 1,18 millones de hogares en alquiler rebasan el umbral recomendado por todos los reguladores para preservar la salud financiera en el mercado residencial.

Los alquileres han subido más que los salarios

Entre 2014 y 2023, los diferentes indicadores, tanto públicos, como de los portales inmobiliarios, apuntan que los alquileres han subido mucho más que los salarios y la renta disponible de las familias: según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el precio del arrendamiento ha subido entre un 22% y un 23%; mientras la renta disponible solo lo ha hecho en un 12% y los salarios en un 6%.

"A pesar de las diferencias entre indicadores, lo más relevante es que todos coinciden en señalar un incremento significativo del precio del alquiler desde 2015. Además, este crecimiento ha sido superior al aumento de los ingresos de las familias en este periodo y ello ha generado cierta tensión en el mercado del alquiler en las zonas más demandadas y que ha afectado de forma más contundente a los hogares de rentas más bajas", añaden desde CaixaBank Research.

Además, la demanda de nuevos alquileres es grande: entre 2004 y 2014, 73.000 hogares se decantaban por el alquiler al año, mientras esa cifra se elevó hasta los 122.000 entre 2015 y 2019. Entre 2019 y 2022, solamente se crearon 5.000 nuevos hogares que residían en alquiler a precio de mercado, concentrándose 341.000 en propiedad, pero está relacionado con la pandemia e influenciada por las facilidades de financiación de los últimos años, por lo que podría estar generando una demanda embalsada.

¿Cómo se soluciona este problema?

Para solucionar esta situación, que se resume en un problema de accesibilidad a la vivienda, hay dos corrientes: los que apuestan por aumentar la oferta de inmuebles en alquiler asequible y los que consideran que debe colocarse topes a los precios, tanto para contratos en vigor, como para nuevos contratos.

La forma más realista de ampliar el parque de pisos en arrendamiento es a través de colaboraciones público-privadas, donde una administración local o regional cede suelos a empresas privadas para que construyan vivienda que se alquilarán a un precio previamente fijado en los pliegos de un concurso. Varios gobiernos lo han puesto ya en marcha, como la Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Madrid, el de Málaga o el de Barcelona y su área metropolitana.

En paralelo a esto, se han ejecutado también controles en los precios del alquiler. Primero, con los decretos del Gobierno para paliar los efectos de la Guerra de Ucrania, que prohíbe renovar los contratos por encima del 2% en 2022 y 2023 y del 3% en 2024. También la Ley de Vivienda insta al Instituto Nacional de Estadística a elaborar un nuevo índice que servirá de referencia a las renovaciones anuales, aunque desde el organismo no se han pronunciado. Además, contempla incentivos fiscales a los propietarios que bajen el precio en zonas que sean declaradas tensionadas por las administraciones locales, regionales y el Ejecutivo central.