Energía

Las eléctricas urgen al Gobierno a aumentar el límite de inversión a las redes ante el aluvión renovable

"Es fundamental que la red de distribución y transporte se refuerce. Y eso solo se puede conseguir con mucha más inversión", afirma el presidente de Naturgy

Torres de la red de transporte de electricidad de Red Eléctrica de España.

Torres de la red de transporte de electricidad de Red Eléctrica de España.

Sara Ledo

Mientras en Bruselas se celebra este jueves un foro de alto nivel organizado por la Comisión Europea para impulsar la ampliación de las redes eléctricas para la transición energética, en Madrid las compañías españolas han urgido este jueves al Gobierno a aumentar el límite de inversión a las redes que existe en este país para poder conectar los alrededor de mil parques solares y eólicos proyectados para los próximos años.

"Es fundamental que la red de distribución y transporte se refuerce. Y eso solo se puede conseguir con mucha más inversión. Naturgy y otras compañías pensamos que se deben adecuar los límites de inversión y la regulación actual para que se pueda invertir más y se invierta más rápido", ha anunciado el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, en su intervención en el VIII Foro de Energía organizado por El Economista.

El transporte y la distribución son actividades reguladas en España que se desarrollan en un régimen de monopolio natural. En el caso de la red de transporte con Red Eléctrica (REE) y en el de distribución con Iberdrola, Endesa y Naturgy. Estas compañías son las encargadas de desarrollar las redes pero tienen un tope anual a la inversión porque esas inversiones las pagan los consumidores a través de los del recibos de la luz vía peajes, uno de los costes regulados de la factura eléctrica.

En la actualidad, el límite máximo de inversión es del 0,65% del PIB anual (unos 8.626 millones de euros si se calcula con el PIB de 2022) para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB (1.725 millones de euros siguiendo el cálculo anterior) para la distribución, excluyendo en este caso las inversiones relativas a la digitalización. Las empresas llevan años reclamando un alza de estas tasas e, incluso, su eliminación. De hecho, tras la pandemia, el Ministerio para la Transición Ecológica aumentó los porcentajes de forma temporal hasta 2022 al 0,75% y 0,14%, respectivamente, porcentajes que representan una cantidad cercana a los 12.000 millones de euros, según el PIB del año pasado.

Pero ahora, ante el aluvión de conexiones renovables que se prevé realizar, las compañías urgen cambios en el modelo. Según el consejero delegado de Endesa, José Bogas, este sistema regulatorio "estaba pensado para otros momentos". "Unos momentos en los cuales se controlaba muchísimo lo que se hacía y se desincentivaba la inversión en infraestructura. Pero hay que incentivarla y subir los límites", ha explicado.

"La manera de que las energías renovables, que son más baratas que las que están vinculadas a los combustibles fósiles, lleguen a los consumidores es a través de las redes de transporte y distribución (...) Hay que hacer un esfuerzo importante en redes anticipándonos", ha insistido el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, tras afear al Gobierno que el PNIEC no incluya una planificación de la red de transporte 'ad-hoc'.

Pero no solo los propietarios de las redes de distribución que conectan las subestaciones con los consumidores piden cambios, Arancha Martínez, 'country manager' en España de la compañía de renovables X-Elio, ha puesto el foco en la necesidad de una planificación de la red de transporte "dinámica, que se revise cada seis meses y en la que se pueda introducir cambios". En la actualidad, la planificación de las redes se realiza por sexenios (la última se aprobó en 2022 y hacía referencia al periodo 2021-2026).

Hace justo un año, en el Plan Más Seguridad Energética diseñado por el Gobierno para hacer frente a la crisis de precios derivada de la guerra de Ucrania, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció que realizaría una actualización del contenido de la planificación de transporte para introducir "modificaciones puntuales" para "dar viabilidad a proyectos estratégicos a corto plazo" y que pondría en marcha una nueva planificación para el periodo 2024-2029, vinculada al PNIEC.

En el primer caso, se trata de actuaciones urgentes derivadas del Plan de Recuperación como, por ejemplo, una subestación en Vigo y otra en Sagunto para las plantas de vehículos eléctricos previstas por Stellantis y Volkswagen, respectivamente, según explican fuentes de ese departamento. Según se desprende del real decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, que anunciaba el inicio de esta revisión, estas actuaciones se podrán financiar en parte con cargo a los fondos europeos, mientras que el resto no computará dentro de los límites de la inversión.