Baleares reclama ser una exención al biocombustible como Canarias

Baleares vuelve a fijarse en Canarias para conseguir ventajas, como ya hizo con la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) recogida en el Régimen Económico y Fiscal (REF). Esta vez, el Gobierno balear quiere que el Ejecutivo estatal les libre de la obligación de usar biocumbustibles o sintéticos (USAF) para la propulsión de los aviones hasta 2030, tal y como ya se ha contemplado para Canarias por su condición de Región Ultraperiférica (RUP). El resto de territorios europeos, sin embargo, tendrán que acogerse a la normativa a partir de 2025.

Fue el pasado martes cuando el Parlamento Europeo aprobaba el nuevo reglamento sobre los combustibles en la aviación comercial. Una normativa que impone a las aerolíneas que usen los aeropuertos europeos el uso de, al menos, un 2% de combustibles sostenibles desde 2025. Según datos de la Comisión Europea, el sector de la aviación fue responsable en 2017 del 3,8 % del total de las emisiones de CO2 de la Unión Europea, una situación que pretenden cambiar una vez entren en vigor las nuevas exigencias.

El texto europeo es claro. Si Canarias se libra de cumplir esta norma hasta 2030 es por su condición de RUP, ya que el reglamento afecta a todo aeropuerto europeo que mueva más de 800.000 pasajeros o más de 100.000 toneladas de mercancías «y que no esté situado en ninguna de las RUP». Eso sí, se invita a tener «mayor nivel de ambición» en cuanto a la protección del medioambiente permitiendo que los países que lo deseen levanten la exención. La norma será respaldada a mediados de octubre también por el Consejo de la Unión Europea y quedará definitivamente aprobada. 

Europa obliga a los aviones a usar un 2% de combustible sostenible a partir de 2025

Pero a Baleares parece no importarle la justificación que se realiza de la exención y entienden que la norma «supondrá perjuicios para la ciudadanía y la economía» del Archipiélago. Según calcula Toni Costa, portavoz del Gobierno balear, usar combustibles limpios puede triplicar el precio de los billetes, lo que tendría un grave «impacto» en «los bolsillos» de los residentes y en la «competitividad» del turismo, que al igual que ocurre con Canarias, es su principal actividad económica.

En estas islas bañadas por el Mediterráneo no ha sentado bien que el expresidente balear con el PP y actualmente eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, calificara la norma como «un gran paso hacia la descarbonización». Tampoco la actitud del Gobierno de España les parece la senda a seguir, ya que consideran que en este caso de los combustibles se debe seguir el mismo trato que ya hubo con las subidas de las tasas aeroportuarias, donde Canarias y Baleares fueron de la mano al exigir una deducción del 100% para los residentes.

Para Costa, «Aena y el Ministerio de Transportes están actuando de forma unilateral en una toma de decisiones que afecta a los ciudadanos». Así, equipara la situación de Baleares, que no es una RUP, a la de Canarias, al afirmar que «es fundamental que las regiones europeas menos conectadas, como las insulares y ultraperiféricas, que a menudo dependen de la aviación como únicos medios de conexión, no se vean afectadas de forma desproporcionada por las obligaciones» de la norma.

No es la primera vez que desde Baleares piden quedarse fuera de la obligatoriedad del uso de biocombustibles. Ya a finales de julio fuentes gubernamentales señalaron que no veían «con buenos ojos» la subida de tasas aeroportuarias anunciada por Aena, por lo que pedían que ésta «no se produjera». Además, la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad balear, Marta Vidal, llegó a registrar entonces una carta al presidente de Aena para pedir que no se aplique una subida de tasas en las Islas. Sobre esa carta, el Gobierno balear asegura que no han recibido respuesta. 

Polémica por la RIC y el REF

Aunque el archipiélago balear no está alejado del continente en la misma medida que Canarias y, por tanto, no sufre en la misma medida las consecuencias económicas de la lejanía, no ceja en intentar lograr un trato similar al de las Islas del Atlántico. En agosto del año pasado, por ejemplo, se le concedió un instrumento tributario (REB) cuya finalidad -como la del Régimen Económico y Fiscal (REF) en su conjunto- es paliar esos condicionantes que frenan el desarrollo socioeconómico de las islas.

En las regiones ultraperiféricas como Canarias, la norma de la UE entrará en vigor en 2030

De esta forma, los presupuestos generales del Estado para 2023 incluyen una Reserva para inversiones en Baleares en los mismos términos que la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). En su cuarto punto, la ley establece que «los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades [...] tendrán derecho a la reducción en la base imponible de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en las Illes Balears, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones». Es, casi palabra por palabra, el mismo párrafo que encabeza el artículo 27 de la ley del REF que se refiere a la RIC.

Como era de esperar, estas concesiones no despertaron alegría en la mayoría de políticos isleños y tampoco en los sectores económicos. El presidente canario Fernando Clavijo llegó a afirmar el año pasado que el PSOE buscaba «desmontar el REF canario para montarlo en Baleares», mientras que desde la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso exigió modificar al alza el incentivo en Canarias.

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