Canarias elimina la tasa a la dirección e inspección de las obras públicas

Canarias ha decidido aliviar al sector de la construcción mediante la eliminación de la tasa impuesta a la dirección e inspección de las obras. De esta forma, el Gobierno canario opta por reducir en un 4% el coste total de este tipo de construcciones en un contexto de alza de los precios del transporte. La medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024 y se espera que redunde en la mejora de la competitividad del sector empresarial canario. 

El presidente regional, Fernando Clavijo, y el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, abordaron ayer este asunto con el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife -Fepeco-, Óscar Izquierdo. En el encuentro, Cabello precisó que la bonificación de la tasa al 100% «viene a paliar los sobrecostes que se vienen incrementando en cada una de las obras públicas, que tiene unos periodos de licitación muy largos, entre que se identifican los precios de referencia, se lleva a cabo la adjudicación y se desarrolla la obra. Al final, esto va eliminando incertidumbre», subrayó.

Por su parte, el presidente de Fepeco y de la Fundación Laboral de la Construcción agradeció al Gobierno canario el apoyo brindado al tejido empresarial de la industria de la construcción, especialmente a las empresas que acometen obras públicas de infraestructuras. «La medida supone un alivio muy importante para las empresas, porque de esta manera el beneficio industrial no queda disminuido, ni queda de una manera mucho más bajo, como consecuencia de tener que pagar esa tasa de beneficio de dirección e inspección de obra». 

Además, Izquierdo apuntó que la supresión de la tasa significa también un «alivio», en tanto que el aumento de precios de los últimos meses, sobre todo de las materias primas, sumado al aumento de los fletes y de los precios del transporte, «hacen que las empresas de la construcción estemos casi ahogados».

«Lo importante, sobre todo, es el apoyo al sector de la construcción, que siempre está tan maltratado, y que con acciones como esta se dignifica», insitió Izquierdo. 

En esta línea, Alfonso Cabello explicó que la labor de «coordinación y supervisión continua» con cada una de las certificaciones de la obra, se van a continuar haciendo, pero «se elimina esta tasa que para el conjunto de la Administración pública no tenía un significado especialmente relevante, mientras que para las empresas venía a tensionar más los sobrecostes».

En obras que tienen un plazo de ejecución muy largo, que puede estar por encima de los 20 meses, Cabello cree que los precios en el mercado de las materias primas añaden «muchísima incertidumbre». En su opinión, la supresión «viene a garantizar que se vayan licitando y realizandoobras públicas con los mejores acabados posibles».