Junts amenaza con sanciones a las 150 empresas que cambiaron Cataluña por Canarias tras el 1-O

En Junts no quieren dejar pasar ninguna oportunidad para cobrarse el precio de su apoyo a la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y así lo han demostrado a la primera ocasión. El partido de Carles Puigdemont pide sancionar a las empresas que han salido de Cataluña para establecerse en otras regiones desde el 1 de octubre de 2017, cuando tuvo lugar el referéndum independentista, y que se nieguen a regresar. La idea es incentivar la vuelta de estas firmas a la comunidad mediterránea, y en el caso de que esta no se produzca, forzarla por la vía punitiva. Junts no ha aclarado ni el alcance de los incentivos ni el de las eventuales multas o sanciones a los negocios que se resistan a regresar, pero esa es la base de su propuesta. Si esta exigencia no se incluye en el decreto ómnibus que se verá este miércoles en el Congreso –en realidad son tres decretos de los que dependen, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones o la llegada de otros 10.000 millones de euros de los fondos extraordinarios europeos–, los diputados de Junts votarán en contra del texto. Así que sin dar margen alguno, y con el Ejecutivo central ante la primera votación de calado de la legislatura, los secesionistas catalanes ya han puesto al Gobierno, y por extensión al PSOE, entre la espada y la pared: o acceden a su petición o difícilmente sacarán adelante los decretos, dado que el PP y Vox han avanzado que votarán en contra. Por eso, por la imperiosa necesidad que tienen el Ejecutivo y los socialistas de que el Congreso valide este miércoles los decretos ómnibus –en ellos van también las medidas anticrisis–, la petición de Junts aparece como factible. Algo que amenaza a las 150 empresas que desde el 1-O se han traído su sede social de Cataluña a Canarias y a las más de 4.000 que se la han llevado a otros puntos de España.

Las entidades que han llegado a las Islas facturan en conjunto 267 millones de euros

Lo cierto es que la pretensión de Junts no debe de haber sorprendido ni entre las filas del PSOE ni en el Consejo de Ministros. No en vano, el acuerdo que los socialistas firmaron con los de Puigdemont los compromete a «abordar los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años». Los últimos datos del Colegio de Registradores sobre la fuga masiva de negocios de la región mediterránea muestran que ya son la friolera de 4.942 las firmas que han dejado Cataluña desde 2017. Entre ellas gigantes de sus respectivos sectores como CaixaBank, el Sabadell, Abertis, Cellnex o Colonial, por citar solo algunos ejemplos. De hecho, el objetivo primordial del plan de Junts para llevarse a estas empresas de vuelta a Cataluña son precisamente las grandes entidades, esas que facturan cada año cientos de millones de euros. Además, hay que tener en cuenta que esto en ningún caso afectaría a las firmas que trasladaron su sede social a otras autonomías porque dejaron de operar allí o porque el grueso de su negocio ya no está allí. En definitiva, el objetivo de los independentistas es recuperar la sede de las empresas que han continuado operando en Cataluña pese al cambio de domicilio, una medida con la que estas entidades tan solo trataron de blindar los intereses de sus accionistas ante la incertidumbre que suponía continuar en un territorio con un gobierno dispuesto para salir de España y de la UE de forma unilateral.

Hasta el 1-O, cuando el procés llegó a su particular culmen, el número de empresas que trasladaban su domicilio social desde Canarias hasta Cataluña era superior al de los negocios que hacían el viaje en sentido contrario. Y, por supuesto, la facturación de las firmas isleñas que ponían rumbo a la región mediterránea era muy superior a la de las que se venían desde la autonomía del noreste peninsular. Muchas empresas nacen en el Archipiélago y cuando crecen se marchan a la Comunidad de Madrid y, antes, a Cataluña, los motores económicos del país. Pero esto cambió a finales de 2017 con la amenaza secesionista.

La CEOE alerta sobre las consecuencias de forzar la vuelta de los negocios ‘huidos’: «Es comunismo»

A partir de entonces han sido muchos más los negocios que han dejado Cataluña por Canarias, y lo que es más importante: ha sido mucho mayor el volumen de ventas que las Islas han ganado en este particular intercambio. En cifras, resulta que entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2023 –que es hasta donde abarca la estadística de Informa D&B–, se vino a las Islas desde la región mediterránea un total de 150 firmas. Una serie de empresas que, en conjunto, factura casi 267 millones al año, cuantía nada desdeñable para un tejido productivo que, como el isleño, lo integran esencialmente micropymes. Si al final Junts logra que se establezcan incentivos para su regreso a Cataluña, es más que probable que una parte de esos negocios ganados para el Archipiélago en los últimos años se vuelva para la región peninsular.

A la idea de los independentistas reaccionó este martes la CEOE, la gran patronal del país. Su presidente, Antonio Garamendi, explicó que serán «la estabilidad, la normalidad y la paz social» las que desembocarán en la vuelta de empresas a Cataluña, no el establecimiento de sanciones, lo que, por el contrario, sería –ahondó– «la mejor forma de que no se monten nuevas empresas. Una empresa se instala donde quiere e invierte donde le da la gana, y si no, se llama comunismo».

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