El Gobierno canario se arma para contener la liberalización de las VTC

Canarias se arma ante la liberalización del sector de los vehículos con conductor (VTC). Tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tumbó el pasado mes de junio la limitación española de una licencia para este servicio por cada 30 de taxi, el Gobierno isleño está estudiando la puesta en marcha de una regulación que controle la expedición de nuevos permisos. Una contención a la entrada en el Archipiélago de empresas como Uber, Cabify o Bolt, que ya no puede basarse en la protección del negocio de los luces verdes, por lo que la Consejería de Movilidad busca atar dicha norma a criterios de sostenibilidad, medioambiente o emisiones de CO2, cuestiones que sí están comprendidas en el marco del derecho comunitario.

«La gente piensa que nuestra norma prohíbe el desembarco de estas empresas en las Islas, pero no es cierto», asegura la directora general de Transportes, María Fernández. Explica que el mercado de licencias VTC canario está «saturado», así que, en la actualidad, la única vía que tienen estas compañías es comprar permisos a las empresas que ya están operando, que se dedican sobre todo al transporte de turistas, o esperar a que los cabildos, que poseen la competencia del servicio de transportes, aumenten el parque de taxis. «Se les están negando las solicitudes porque lo que quieren las VTC son autorizaciones nuevas a coste cero», subraya Fernández. 

La competencia sobre las VTC estuvo en manos del Estado hasta la moción de censura al popular Mariano Rajoy. El primer ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en 2018 el decreto Ábalos –apellido del ministro de Fomento–, que dejó en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos el desarrollo normativo y la regulación. Así, el Parlamento regional en 2019 aprobó la Ley de Transporte por Carretera, que refrendó la proporción de un coche de alquiler con conductor por cada 30 taxis, y dejó en manos de las corporaciones insulares la otorgación de licencias.

El varapalo de la autoridad judicial de la UE a esta limitación en Barcelona ha generado un terremoto en toda España. Los jueces europeos sentenciaron que la relación 1/30 va en contra de la libertad de establecimiento, y que la viabilidad económica del taxi no justifica el sistema. Por ello, ahora la limitación debe escudarse en motivos medioambientales y de gestión del tráfico en las ciudades. Así lo dispuso el Gobierno central tras la sentencia del TJUE, además de declarar al taxi «servicio de interés público» para blindarlo frente a empresas como Cabify o Uber. 

Esta contención medioambiental de Madrid ha puesto un parche para que las solicitudes se mantengan fuera de las carreteras de Canarias, pero el desarrollo normativo sigue estando a merced del Ejecutivo isleño. Fernández destaca que el objetivo de la nueva regulación del Archipiélago es «cumplir los requisitos de Europa y seguir protegiendo al ciudadano y al mercado». Subraya que los precios de los VTC se fijan según la demanda, mientras que los del taxi están topados. De esta forma, como hay mayor proporción de estos en el mercado, la competencia ayuda a que las compañías de vehículos con conductor no puedan disparar los precios en los picos de demanda, si llueve o hay grandes eventos, lo que favorece a los consumidores, apunta la directora general. 

Permisos

Con el nuevo ordenamiento regional, una vez esté en vigor, al no estar ya operativa la regla del 1/30, Fernández avisa de que puede que «crezcan un poquito» los permisos de VTC. Todo depende de la nueva proporcionalidad, que se atará al carácter finito de las Islas, por lo que entraría en juego el número de vehículos o la demanda real de la población. «A una multinacional no le cuesta nada poner una flota de 2.000 vehículos en Canarias, pero a territorios tan pequeño como el nuestro le perjudicaría muchísimo», critica la titular de transportes.

Al menos siete firmas han recurrido en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria la resolución de la Consejería de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria que les negó 600 licencias. Pero no son las únicas que han sido rechazadas, la cartera que dirige Teodoro Sosa ha dado carpetazo en total a 3.400 solo al inicio de este mandato. 

Tenerife tampoco se queda atrás. Allí el Cabildo ha descartado ya 2.350. Uber es la última firma que ha entrado en las isla. Opera desde el verano en el sur, donde ofrece vehículos de lujo y taxis asociados a su aplicación. Aunque el presidente de Élite Taxi Tenerife, Miguel Ojeda, expone que no tiene constancia de que haya compañeros vinculados con la multinacional. Por su parte, Uber no ha respondido ni facilitado información que lo desmienta. 

Entonces, ¿no hay huecos en blanco en el mar canario de los vehículos de alquiler con conductor? De acuerdo con la regla 1/30, sí, pero no son muy atractivos. En La Gomera no ha desembarcado todavía ninguna empresa de VTC, los dos permisos de la isla están libres –cuentan con 60 taxis–. En El Hierro tampoco existe este servicio, pero se debe a que, como los taxis no llegan a 30 –hay 22–, no hay cabida. En Fuerteventura dos autorizaciones andan pendientes de dueño. Ahora mismo solo hay diez en la isla, y como cuenta con 363 taxis, podrían circular por sus carreteras hasta 12 VTC. Lo mismo ocurre en La Palma y Lanzarote. En la isla bonita, donde los 187 taxis dan para seis VTC, en la actualidad solo hay cuatro; y en la de los volcanes, sus 434 taxis dan para 14 vehículos VTC, pero solo operan 12. En total, quedan por repartir ocho permisos. 

El panorama es muy distinto en las islas capitalinas. El ratio 30/1 no se cumple, por eso se han rechazado tantas solicitudes. Gran Canaria, con 2.656 taxis y 102 VTC, posee una densidad de 26 luces verdes por cada vehículo de alquiler, y para no infringir la relación debería haber 30 o más. Mientras, en Tenerife, con 2.299 taxis y 117 VTC, la proporción es de casi 20 por cada uno. ¿Por qué en estas islas se supera el límite legal? La mayoría se solicitaron durante la ‘liberalización’ del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo operativa entre 2009 y 2013. Este cambio agilizó los trámites administrativos y redujo el ratio, lo que provocó una avalancha de solicitudes y aprobaciones. El sector del taxi no tardó en movilizarse, consiguiendo que en 2013 el gabinete de Mariano Rajoy volviera a instaurar el 1/30.

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