La burocracia entierra al sector: más de 20 requisitos para pasar controles fitosanitarios

Los productores están cansados de tener que dejar a un lado el pico, la cosechadora y el tractor para dedicarle tiempo al papeleo, el cuaderno de campo y los certificados digitales. Se sienten enterrados con «tanta burocracia» y exigen una simplificación de la carga administrativa para poder seguir dedicándose a su trabajo. «La actividad agraria y ganadera es la más regulada y la más intervenida. Hay normativas, leyes y reglamentos en todos los niveles de la administración», afirma el secretario insular en Tenerife de COAG Canarias, Miguel López, quien se queja del trato hacia el sector. «Nos tratan como delincuentes», lamenta. Los controles son constantes y la entrega de documentación, «el pan de cada día». Hay procesos que requieren la presentación de más de 20 documentos.

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El correcto uso de fitosanitarios, la higiene o el bienestar animal son solo algunos de los parámetros que se analizan en los diferentes controles anuales. Pero las administraciones también hacen seguimiento a las explotaciones que reciben algún tipo de reconocimiento, como los sellos ecológicos, y a aquellas a las que se han entregado ayudas. «No sé cuantos tipos de inspecciones existen, pero nosotros el año pasado las tuvimos todas», apunta la gerente de la empresa Sat Beig, Natalia Donate, quien reconoce que hay agricultores que «pierden mucho tiempo» arreglando papeles para «cumplir con los requisitos que imponen las administraciones».

S. R. M., un joven agricultor de 39 años, se vio obligado el pasado año a solicitar una incapacidad permanente al empeorar su estado de salud por no poder descansar cuando terminaba su jornada de trabajo. «Tras estar horas en la finca llegaba a casa y no descansaba, me tenía que poner a arreglar documentos», recuerda. Ahora sigue ligado al sector ayudando a otros jóvenes productores a enfrentarse a la entrega de todo el papeleo. ¿El mayor problema que encuentra? La inseguridad jurídica. «Cambian las reglas del juego con el tema de las subvenciones y a los jóvenes se les complica mucho enfrentarse a toda esa carga administrativa», critica. Según S. R. M. es indispensable tener conocimientos de derecho y conocer la «escala normativa» para poder pelear con el funcionariado «cuando comete errores».

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Presión

La presión burocrática ha llegado hasta tal punto que algunos productores optan por no presentarse a los procedimientos para recibir subvenciones por no tener que estar pendiente del papeleo. «Prefieren comprar un tractor con su dinero, que estar entregando documentos y justificando cada paso que dan», asegura Donate. Y es que los agricultores se enfrentan a sanciones si no cumplen con los requisitos que exigen las administraciones para entregar las ayudas.

Según el representante de COAG, el control que se hace del gasto de dinero público en el sector es excesivo. «No puedes tener un sistema montado sobre la base de que todos somos unos delincuentes, hay que hacer una simplificación», afirma.

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El ingeniero agrónomo, Iosu Arostegui, se dedica precisamente a ayudar a las explotaciones de las Islas a realizar los trámites para cumplir con la normativa y acceder a las subvenciones. El experto cree que el problema no está en la presentación de documentos sino en el tiempo que tarda en llegar la ayuda a los agricultores y ganaderos que muchas veces tienen que tirar de «ahorros» para poder continuar en el sector. «Algunos piden un crédito porque el dinero no llega hasta dos años después de solicitarlo», asegura. El secretario insular en Tenerife de COAG asegura que «cuando las administraciones quieren», pueden acelerar la llegada de las ayudas.

El impacto de la tecnología en un sector envejecido –el 62% de los jefes de explotación en Canarias superan los 55 años– es otra de las preocupaciones de las asociaciones. No solo por la obligación de presentar documentos digitalizados para cumplir con los controles, sino también por la tendencia hacia el cuaderno de campo (lugar donde queda registrada toda la actividad de la explotación) digital. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ya anunció la semana pasada que el cambio será voluntario, pero se establecerán incentivos para su puesta en práctica. «Entendemos que a los jóvenes se les pidan nociones digitales, pero las administraciones deben tener en cuenta la edad de los productores y que este tipo de cambio no se pueden hacer de un día para otro», apunta López. Desde COAG reclaman, además, que Europa imponga el mismo control a las importaciones que vienen de terceros países. «Estamos a favor de cuidar la salud de los consumidores, pero los productos que llegan de fuera también tienen que jugar con las mismas reglas del juego», insiste.