Incumplimientos reiterados en la concesión determinan el derribo del hotel Oliva Beach de las Dunas de Corralejo

"Incumplimientos reiterados" en la concesión otorgada para la ocupación y aprovechamiento del dominio público en las Dunas de Corralejo por parte del complejo hotelero Oliva Beach han determinado la caducidad del permiso del hotel y apartamentos. Esto es lo que explica el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la resolución de caducidad firmada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, una resolución que implica de hecho el derribo del hotel. No supone, sin embargo, la demolición de la parte del complejo ocupada por los apartamentos, a la espera de esclarecer "la situación jurídica de los 20 titulares registrales de estos apartamentos que no tuvieron ocasión de solicitar la concesión compensatoria".

El Ministerio detalla que la declaración de la caducidad se produce "tras detectarse incumplimientos reiterados de la empresa Geafond", cuya administradora única es Carmen Riu. Geafond es titular de una concesión otorgada de acuerdo con el régimen transitorio de ley de Costas sobre el complejo hotelero, una concesión que "se otorgó en 2003 para compensar la pérdida de una propiedad preexistente al deslinde del dominio público marítimo terrestre".

Las explicaciones del Ministerio establecen una cronología de los incumplimientos por parte de Geafond. Así, señala que en marzo de 2022 se resolvió el expediente sancionador incoado a Geafond por incumplimiento de la normativa de Costas y de las condiciones de esa concesión. "Se impuso una multa de 204.000 euros y se ordenó demoler las obras ilegales", apunta y asegura que la empresa no hizo ninguna de las dos cosas.

En efecto, la empresa no cumplió los requerimientos porque recurrió la resolución y el recurso está pendiente de resolución. Geafond, matriz de RIU, primero recurrió en vía administrativa y la resolución desestimatoria del recurso administrativo se impugnó posteriormente ante la Audiencia Nacional.

Incumplimientos por parte de RIU

Hay toda una lista de transgresiones de la ley y de la concesión por parte de la empresa Geafond - RIU, según el Ministerio para la Transición Ecológica que dan lugar a la sanción y que constituyen, a su vez, causa de caducidad de la concesión. Estas son:

• La realización de obras no amparadas en el título concesional.
• La existencia de usos no previstos por el título concesional.
• El incumplimiento de la condición de dedicar una parte de la superficie de la concesión (18.000 metros cuadrados) al uso público, lo que supone una vulneración tanto de la normativa de costas como de las concretas condiciones de esta concesión.

A la vista de estas transgresiones, el Ministerio incoó el 5 de julio de 2022 el procedimiento de caducidad de la concesión como obliga la normativa de costas.

Hitos del expediente de caducidad

A lo largo de la tramitación del expediente de caducidad se han dado varios trámites de audiencia a todos los interesados (asociaciones ecologistas, organizaciones de trabajadores, titulares registrales de varios apartamentos ajenos a Geafond, la propia Geafond…). La cronología de los pasos dados desde el Ministerio de Transición Ecológica es la siguiente:

• El 7 de julio de 2023 el Consejo de Obras Públicas emitió dictamen favorable a la propuesta, que concluyendo que procede la declaración de caducidad del título concesional.
• El 19 de julio de 2023 la Abogacía del Estado informó favorablemente la propuesta de resolución de caducidad.
• El 20 de septiembre de 2023 se remitió al Consejo de Estado para su preceptivo dictamen el expediente de caducidad. El 10 de octubre el Consejo de Estado devolvió el expediente para que se completaran algunos trámites, que se llevaron a cabo, tras lo cual el expediente se volvió a remitir al supremo órgano consultivo el 4 de diciembre de 2023.
• El 15 de febrero de 2024 el Consejo de Estado emitió dictaminó que procede declarar la caducidad de la concesión.
• El 27 de febrero de 2024 concluyó el expediente de caducidad del complejo del Hotel y Apartamentos Oliva Beach, declarándose por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la caducidad de la concesión.

Conflicto competencial

Esta resolución abre un conflicto competencial entre el Estado y el Gobierno de Canarias, conflicto ya admitido por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha declarado su intención de pelear el derribo del hotel Oliva Beach en el Tribunal Constitucional. Canarias considera que las competencias son suyas y no del Estado.

Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sostiene lo contrario y alude a un dictamen del Consejo de Estado. "Tal y como recoge el dictamen favorable emitido por el Consejo de Estado con fecha 15 de febrero, la competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio es del Estado; no se ha traspasado a ninguna de las comunidades autónomas que han asumido funciones relacionadas con los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre", destaca en el comunicado emitido este jueves para dar a conocer su resolución. Entre las cuatro comunidades que han asumido esas competencias está Canarias. Las otras tres son Cataluña, Andalucía y Baleares.