El Cabildo majorero rechaza la petición del Partido Popular de crear una Comisión de Investigación para estudiar las presuntas irregularidades en el reparto de las ayudas ganaderas por parte del jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca, Casto Berriel, así como apartar al funcionario y retirar las competencias a la consejera del área, Rita Díaz. El presidente, Mario Cabrera, aseguró que "la Guardia Civil y la Justicia están actuando ya y no hay mejor investigación que la de la Justicia".
Los populares demandaron esta iniciativa tras la publicación por LA PROVINCIA/DLP el pasado domingo de la denuncia de la Fiscalía de Las Palmas contra Casto Berriel por la concesión de ayudas con dinero público a granjas ganaderas que contrataban los servicios veterinarios a través de su empresa. Ante la citada denuncia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, cuyo titular es Santiago Romero Buck-Arstad, ha abierto diligencias previas al considerar que Berriel ha podido cometer un presunto delito continuado contra la Administración Pública. Por su parte, el funcionario investigado rehusó ayer hacer declaraciones sobre el asunto argumentando que se defenderá ante el juez y que su abogado le ha aconsejado que mientras tanto calle.
En opinión del presidente del Cabildo majorero, Mario Cabrera, "es una investigación que lleva un año en trámite y hemos aportado toda la documentación y facilitando toda la información que se nos pide. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo: colaborar con la Justicia".
Respecto a la demanda de los populares para que se depuren responsabilidades en el sector primario, apartando del cargo a la actual consejera del área, Rita Díaz, e investigando la etapa de su antecesora, Natalia Évora, el presidente insular respondió con referencias al caso Patronato. "Veo que cuatro años después el PP reconoce que hicimos bien cuando adoptamos las decisiones derivadas del caso Patronato retirando competencias a su presidenta (en referencia a Águeda Montelongo) cuando se conocieron facturas de vacaciones a altos cargos del PP en la Isla pagadas con dinero público. Sin embargo, subrayó que "la situación es muy distinta ahora. Aquí no hay ningún tipo de pago de vacaciones a altos cargos de ningún partido. Y la consejera de Agricultura, Rita Díaz, ha puesto desde el primer momento a disposición de la Justicia toda la información que ha sido necesaria para colaborar en el esclarecimiento de los hechos".
En cuanto a la petición de los conservadores de apartar de sus funciones a Casto Berriel, el presidente abogó por "respetar el principio de presunción de inocencia". "La Justicia dictará cómo se tiene que actuar. Todas las personas tienen unos derechos laborales que hay que respetar, no se puede actuar al libre albedrío del político de turno sin decisiones judiciales firmes", señaló Cabrera.
