La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) derribó de la vivienda de Josefa Hernández Góez, conocida como la abuela de Fuerteventura, que ingresó en la cárcel en agosto de 2015 acusada de un delito contra la ordenación del territorio al edificar su modesta casa dentro de los límites del Parque Rural de Betancuria. Su caso, desvelado por LA PROVINCIA /DLP, despertó un enorme interés mediático en todo el país.
Entre fuertes medidas de seguridad, la piqueta acabó con el sueño de una familia que hace 23 años levantó con muchos sacrificios su vivienda para acoger a los siete hijos y una madre que había llegado desde Gran Canaria tras su divorcio.
La tranquilidad del barrio de Campo Viejo, en el municipio de Betancuria, se quebró al mediodía del pasado lunes cuando vehículos de la Guardia Civil controlaban todos los accesos tanto desde la zona de Virama como desde la carretera general que conduce a Aguas Verdes. Con anterioridad, el equipo de técnicos de la Apmun, a cuyo frente se encontraba la Jefa de Servicio de Ejecución del Restablecimiento de la Realidad Física Alterada, Teresa Abreu, ya habían acotado la zona de seguridad no solo con carteles sino con cintas para garantizar la seguridad de la demolición.
El origen de este caso se remonta a noviembre de 2007 cuando agentes del Seprona de la Guardia Civil denuncian la realización de unas obras de ampliación. La primera era de 20 metros cuadrados, y la segunda de unos 70 metros cuadrados. Josefa amplió la casa para acoger a su hija Cristina, que sufre una discapacidad, y a sus tres nietos, con la intención de evitar que Asuntos Sociales le retirara la custodia de los menores. El Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario dictó una sentencia en 30 de marzo de 2012 donde condenó a Josefa Hernández a seis meses de cárcel, multa de doce meses a razón de una cuota diaria de dos euros, que contabilizan 700 euros, y a la demolición de las obras ilegalmente construidas y a la reposición de la realidad física alterada. La abuela Fefa pagó la sanción económica pero desobedeció la orden judicial de la demolición, lo que le llevó a ingresar en el Centro Penitenciario de Tahíche durante tres días y medio, hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas revocara la orden de la juez que ordenó el encarcelamiento. También, al día siguiente de su liberación el Consejo de Ministro le concedió el indulto.
Josefa Hernández y sus hijos no quisieron estar presentes en el derribo de su casa, aunque a primera hora algunos de sus vástagos se acercaron al inmueble a retirar algunas pertenencias que todavía no habían desalojado del interior del mismo.
Su hija Minerva Cerpa señaló a este periódico que su madre "se encuentra mal. A pesar que estábamos mentalizados a que iban a demoler la casa, donde crió a sus siete hijos, cuando llega el momento no puedes evitar las lágrimas porque la construimos con muchos sacrificios en un suelo de nuestra propiedad. Y ahora, no hay nada". Además, añadió que "no es de justicia que a nosotros nos apliquen la ley y con otras viviendas ilegales no hagan lo mismo. Está claro que hay dos justicias: una para ricos y otra para pobres".
Minerva, aclaró, que "han derribado la aljibe y la caseta de madera, cuando no podían hacerlo porque eso no estaba recogido en la sentencia".
