El Ayuntamiento de Puerto del Rosario impugnará la decisión del Ministerio de Defensa de ampliar la zona de seguridad del acuartelamiento militar ' Teniente Coronel Valenzuela', ubicado en el barrio de El Matorral, a escasos kilómetros de la capital majorera, al considerar que la iniciativa frena la futura ampliación del aeropuerto internacional de Fuerteventura. El aeródromo militar registró el pasado año la llegada de más de seis millones de pasajeros, siendo este el mayor volumen de usuarios que ha alcanzado en sus cincuenta años de historia. Esta cifra supera los 5.676.817 pasajeros que registró el aeropuerto el pasado 2016, consolidándose este año como el undécimo aeropuerto de la red de Aena en volumen de tráfico.
El Ministerio de Defensa decidió ampliar el área de protección del citado campamento militar en unos 500.000 metros cuadrados afectando, al margen de del aeropuerto majorero, al trazado reservado tanto en el planeamiento municipal como insular para infraestructuras básicas, como el eje viario Norte-Sur sino que se extiende al entorno del barrio de La Mareta, afectando ademas a diversas previsiones contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana de Puerto del Rosario (PGOU) que prevé en la citada zona una serie de actuaciones urbanísticas destinadas a consolidar el popular barrio.
El alcalde capitalino, Nicolás Gutiérrez, ha dado instrucciones a los Servicios Jurídicos del Consistorio portuense para que inicie el ejercicio de acciones judiciales contra la decisión de Defensa, al considerar que las citadas instalaciones se encuentran ubicada en una parcela de una superficie de más de un millón de metros cuadrados afectando la ampliación de la zona de seguridad "al trazado de uno de los tramos de la autovía del Eje Norte-Sur, a la ampliación del aeropuerto internacional de Fuerteventura, así como a la expansión urbana de los barrios de El Matorral y La Mareta".
Desde el Consistorio capitalino se arremete contra el Ministerio militar al considerar que el Ayuntamiento "no ha sido consultada previamente a la aprobación de la mencionada Orden ministerial teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda". Además, añaden, que la iniciativa castrense "constituye una decisión unilateral que desconoce el deber de coordinación administrativa".
El grupo de gobierno capitalino elevará a la consideración del próximo pleno municipal una moción donde se autorice a la institución a ejercer acciones judiciales.
