El pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario agoniza y se tambalea. La situación generada es tan delicada que se cierne sobre el mismo un futuro incierto. Las tensiones entre los propios socios de gobierno se multiplican a diario y se airean fuera del Consistorio. El penúltimo episodio se localiza en la decisión del alcalde Juan Jiménez (PSOE) de revocar las competencias de firma a la primera teniente de alcalde, Mayra Marichal (Nueva Canarias-AMF), tras la negativa de ésta de convocar un pleno por no haber sido incorporada una moción sobre la aprobación de nuevas bases para la distribución de los recursos procedentes del REF.
Tras las pasadas elecciones municipales Juan Jiménez logró la alcaldía gracias a un acuerdo de gobierno entre PSOE, Podemos, NC-AMF, Ciudadanos y Agrupación de Electores de Puerto del Rosario (AEPR), con el que se puso fin a veinte años de gobierno de Coalición Canaria.
No empezó con buen pie el ' Pacto a Cinco' dado que a los pocos días de anunciarse el acuerdo, Ciudadanos abrió expediente de expulsión a sus dos concejalas, Peña Armas y Sonia Álamo, hasta el punto que finalmente las expulsó de la formación, aunque ambas han recurrido la decisión de la formación política. Tras la expulsión tuvieron que ingresar en el Grupo de los no adscritos.
Sin embargo, desde entonces los desencuentros entre los socios han sido reiterados, no sólo en los diferentes órganos de gobierno sino que los mismos han traspasado las relaciones personales. Las interferencias de unos y otros en las distintas áreas han sido reiteradas y constante en los meses que se lleva de legislatura. A ello se le une el distanciamiento entre los ediles de una misma formación, lo que ha provocado un clima enrarecido en el grupo de gobierno que ha repercutido en una gestión más que discutida. La moción que pretendía presentar Mayra Marichal estaba negociada entre el grupo de gobierno capitalino y el Ayuntamiento de Betancuria. Éste viene reclamado desde 2012 recuperar los criterios iniciales del reparto del REF, que fueron modificados solidariamente en la isla en el 2003 por necesidades económicas entonces del municipio capitalino.
Los alcaldes Marcial Morales y Nicolás Gutiérrez, ambos de Coalición Canaria (CC), se negaron de manera reiterada a realizar un reparto justo y equilibrado en la isla. Este recurso que reclama el Consistorio histórico supone un ingreso para sus arcas de más de 200.000 euros, una cifra que sería un importante complemento a su situación de municipio menor y con escasos recursos.
Por su lado, el alcalde Jsocialista uan Jiménez tiene ante sí un engorroso asunto. Poner orden en el grupo de gobierno, situación delicada porque hasta el momento no lo ha logrado dala las dificultades para liderar un gobierno con cinco partidos. Las deslealtades y enfrentamientos han sido contínuas, hasta el punto que en la última Junta de Gobierno, el regidor se refirió a una edil "como una instigadora y desestabilizadora".
