Los trabajadores del hotel Oliva Beach han solicitado al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ejecute la declaración de interés regional de las obras del complejo turístico que fue aprobada por el Parlamento de Canarias. Además, reclaman al máximo responsable del Ejecutivo autonómico que defienda el Estatuto de Autonomía frente a las injerencias del Ministerio para la Transición Ecológica. También demandan que se ejecuten los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias y las instituciones majoreras, al tiempo que denuncian que el Ejecutivo regional ha incumplido lo acordado por el Parlamento regional.
La angustia y la incertidumbre continúan atrapando a la plantilla del mencionado hotel y sus familias ante la desidia institucional al observar atónitos como ha transcurrido cerca de tres años sin que se desbloquee la licencia para la rehabilitación del complejo hotelero. Fue en diciembre de 2017 cuando la cadena RIU, propietaria del hotel, presentó ante la Dirección General de Costas de Canarias la autorización para la renovación integral del hotel y su entorno. Hasta la fecha, no han tenido una respuesta positiva.
El pasado 2 de diciembre el Parlamento de Canarias aprobada una proposición no de ley (PNL) donde se acordaba la calificación del Oliva Beach como proyecto de interés regional. Además, tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Ayuntamiento de La Oliva aprobaron sendas mociones en apoyo de los trabajadores, así como la continuidad del recinto hotelero en la localidad de Corralejo.
Más contundentes se muestran los trabajadores del emblemático hotel con el presidente Torres al considerar que como representante de todos los canarios no ha defendido el Estatuto de Autonomía. “La competencia asumida por el Estatuto en el artículo 175 es exclusiva en materia de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, pero queda en papel mojado cuando el Ministerio para la Transición Ecológica notifica el acuerdo de incoación y pretende desmantelar un hotel en un municipio canarios”, alegan.
Ante la actitud del Ministerio, el comité de empresa y la Asociación Salvar el Oliva Beach, invitan al presidente del Gobierno de Canarias a instar un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional, ya que consideran que se está invadiendo competencias autonómicas asumidas desde la aprobación del nuevo Estatuto hace dos años.
Los trabajadores le recuerdan al presidente Torres que el impacto global sobre el empleo en el municipio de La Oliva seria de 518 puestos de trabajo, “los cuales afectan principalmente al sector de la hostelería y comercio. Ese golpe a la maltrecha economía majorera nos situaría en cifras superiores al 25% de paro”. Además, añaden, que “ como presidente no lo puede permitir”.
