La Audiencia de Las Palmas se ha declarado este martes incompetente para juzgar la causa que se sigue contra el exalcalde de Puerto del Rosario Marcial Morales (CC) y un técnico de la corporación por un presunto delito de prevaricación, que ahora se traslada al Juzgado de lo Penal de la capital de Fuerteventura.
En una vista celebrada en la Ciudad de la Justicia, el magistrado de la sección primera de la Audiencia Miguel Ángel Parramón ha argumentado que como los hechos son anteriores a 2015 y la pena que se exige no excede a los 10 años de inhabilitación, la causa compete al Juzgado de lo Penal.
El Ministerio Público, que no ejerce acusación, así como las defensas, que piden la absolución de sus clientes, se han mostrado conformes con la decisión de la Audiencia.
La acusación particular, que representa a un estudio de arquitectura que reclama además el pago de 27.553 euros por responsabilidad civil, ha mostrado su protesta, por entender que sí corresponde juzgar los hechos a la Audiencia.
En el procedimiento figuraba también, en un principio, un delito de malversación de caudales públicos que fue sobreseído tras un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, que confirmó la Audiencia de Las Palmas, por lo que, según expusieron las defensas, carecía de sentido el continuar el juicio al poder derivar en la nulidad de las actuaciones.
Morales, en declaraciones a Efe, ha explicado que la causa se inició después de que el Ayuntamiento se negara a abonar a un estudio de arquitectura los 27.000 euros que reclamaba un anteproyecto del que no tenía constancia "ni en papel ni en soporte informático" el Consistorio y del que tampoco había procedimiento administrativo alguno.
Según Morales, lo que hizo fue salvaguardar el interés general al negarse a pagar la cantidad exigida, por lo que se ha mostrado confiado en que acabe archivada o sobreseída.
Ha recordado que cuando llegó al Ayuntamiento se encargó en 2010 a un técnico que llevara a cabo los sondeos previos para conocer precios e ideas para acometer dentro del Plan de Embellecimiento del municipio una actuación paisajística de ocho rotondas y que ningún otro estudio ha hecho reclamación alguna.
La acusación ejercida por el estudio sostiene que la contratación de los proyectos de paisajismo se hizo y "con pleno conocimiento" de los acusados de la "injusticia e ilegalidad" al tramitarla sin expediente administrativo alguno ni informe favorable por parte del técnico competente y sin la "más mínima dotación presupuestaria".
