El jurado popular declaró culpable de cohecho a Gregorio R. V. G. por haber intentado sobornar al exedil y miembro de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de La Oliva Álvaro de Astica para que este le otorgase la explotación de las hamacas de un sector de las playas de Corralejo. El tribunal también rechazó la solicitud de la defensa sobre considerar la atenuante de dilaciones indebidas y se negó a darle el indulto mientras que declaró que el imputado “merece el beneficio” de la suspensión de la condena privativa de libertad ya que carece de antecedentes penales.
La jornada de ayer comenzó con la segunda y última sesión del juicio contra el empresario para el que la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel. El primero en declarar fue el exconcejal de Votemos (Unidas Podemos) y denunciante, quien narró que el 28 de marzo de 2016 se encontró al procesado por la calle y este le dijo que un comerciante que tenía adjudicada la explotación de las hamacas iba a renunciar a la misma y le pidió que le ayudase a dársela al segundo aspirante. “Si yo lo ayudaba a que se le entregase al siguiente licitador –el que había quedado de segundo en la puja– para que obtuviese la concesión, él me lo agradecería mucho, mucho”, relató.
Esa no fue la primera vez en la que, según el denunciante, Gregorio R. V. G. le pediría la adjudicación, sino que le “insistió varias veces”. Como, a su juicio, “era evidente que ese proceso no se podía hacer así porque si renunciaba un hamaquero tenía que salir otra vez a concurso público, decidió ir a la oficina de Contratación a preguntar. Cuando le respondieron que “no” era legal dar la concesión al segundo aspirante, entendió que lo querían “sobornar”. Asimismo, expuso que le investigado tenía problemas con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por lo que planeaba ejecutar el contrato mediante un “testaferro” y que este –que se acogió a su derecho a no declarar– no dijo “todo lo que sabe”.
Según el exconcejal, el procesado pretendía atender la explotación a través de un testaferro
Una vez que el denunciante se enteró de la ilegalidad de lo solicitado por el acusado, acudió el 6 de abril del mismo año a la Fiscalía a presentar la denuncia. “La fiscal me puso en contacto con la Policía Nacional y, a partir de ahí, todo lo que hice fue con ellos”, contestó el exedil a preguntas de la acusación pública. El testigo contó que el primer encuentro de ambos ocurrió en una cafetería después de que Gregorio R. V. G. le dijese que le daría “un primer agradecimiento”. “Pensé que ahí me entregaría el dinero del soborno pero me dijo que me daría 3.000 euros y que me llamaría cuando los tuviese”, sostuvo De Astica. Para ello, declaró que había pactado con la Policía ponerse un jersey cuando el procesado le entregase el dinero para que así los agentes, que estaban vigilando el encuentro, detuviesen al investigado. Sin embargo, no solo no se ejecutó la entrega, sino que los funcionarios declararon que desconocían ese pacto así como una grabación que el testigo aseguró haber hecho y que no se tomó en cuenta por su mala calidad y porque se rompió la cadena de custodia.
El 27 de abril de 2016 “me dice que ya estaba solucionado el tema del dinero y que podíamos quedar para entregármelo”. Así que, tras coordinar con el inspector de la Policía Nacional, quedó con el acusado en su vivienda. Una vez que llegó el investigado, ambos entraron al portal de la vivienda del testigo donde este le entregó el dinero en un sobre que tenía escrito 2.300 euros. Esto le “llamó la atención” ya que le había ofrecido 3.000 y se puso nervioso porque temía que la Policía pensara que él se había quedado el resto. Al preguntarle por los 700 euros que faltaban el acusado le indicó que se los daría tras un mes de estar trabajando con las hamacas.
Tras recibir el monto del soborno, ambos salieron del edificio donde finalmente dos agentes les efectuaron un cacheo y De Astica les dio el sobre antes de que se llevaran detenido al procesado. Asimismo, negó la tesis de la defensa, cuya letrada expresó que el exconcejal fue quien pidió el dinero a Gregorio R. V. G. para otorgarle una “consulta legal sobre la subasta” y así sufragar las deudas que el testigo tenía con la TGSS. A lo que este alegó que, de ser así, no lo hubiese denunciado.
Un amigo del empresario añadió que el acusado siempre le pedía dinero y que, aunque no recordaba, admitió en fase de instrucción que la letra plasmada en el sobre que contenía del soborno era de él. Una funcionaria del Ayuntamiento también explicó que el denunciado le llamó en varias ocasiones “interesado” por unas concesiones, lo que llevó al jurado a determinar que el acusado mostró con anterioridad el “interés” de obtener la adjudicación. La defensa, por su parte, pidió la pena mínima y así el juicio quedó visto para sentencia.
