El Gobierno canario reclama ser escuchado en el Consejo de Estado sobre el Tres Islas

Julio Pérez espera que Canarias haga oír su voz en el trámite de los expedientes

Los trabajadores de los hoteles de la cadena RIU durante una protesta.

Los trabajadores de los hoteles de la cadena RIU durante una protesta. / LP/DLP

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, indicó ayer que desde el Ejecutivo regional se ha pedido ser escuchada en el Consejo de Estado para la resolución de los expedientes de los hoteles de la cadena RIU en Fuerteventura afectados en cuanto a la concesión sobre dominio público.

Canarias tiene desde comienzos del año 2023 las competencias en costas y en este sentido Pérez puntualizó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que hay que esperar al resultado final de los expedientes, si bien aseguró que el Ejecutivo autonómico «no va a permitir que no sea su opinión y su competencia ejercitada», según Europa Press.

A ello, agregó, que «no» cree que «tampoco» el Estado pretenda traspasar la frontera que establece el decreto de traspaso de competencias, por lo que afirmó que espera que Canarias «haga oír su voz en el trámite» a través del Consejo del Estado, ya que hay un precepto legal que da derecho a las comunidades a ser oídas cuando tengan interés en lo que se refiere al procedimiento.

Pérez, añadió que el Gobierno de Canarias lo que quiere es que los puestos de trabajo que «puedan depender de decisiones administrativas se conserven», así como ejercer sus competencias.

Sobre la posibilidad de acudir o no a los tribunales, Pérez puntualizó que solo «se podrá llevar o no» cuando exista una decisión aunque espera que «no» ocurra.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ultima declarar la caducidad de la concesión otorgada a Sonco Canarias, en la actualidad RIU hotels, en relación con los terrenos e instalaciones del hotel Tres Islas, ubicado en las dunas de Corralejo, al tiempo que ordena el levantamiento y la retirada de las instalaciones del dominio público e insta a la Demarcación de Costas de Canarias que lleve a cabo el acta de reversión.