Telde, Pozo Izquierdo y Vecindario: 136 personas investigadas por construcciones ilegales en espacios naturales protegidos

A vista de pájaro, conformaban una nueva suerte de núcleos poblacionales en zonas rurales de Gran Canaria, con parcelas delimitadas con cerramientos, colocación de portones y obras para las canalizaciones. Los movimientos de tierra eran claros. Tan claros que alertaron al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil porque las áreas en las que se estaban ejecutando las construcciones (no precisamente pequeñas) eran espacios protegidos y, por tanto, las obras, ilegales.

La operación Domos se puso en marcha a principios de 2023. Más de un año en el que los agentes peinaron los terrenos naturales de la Isla en busca de edificaciones no permitidas. Y las hallaron, sobre todo, en el Sureste. Telde, Vecindario y Pozo Izquierdo son las zonas cero de estos delitos contra la ordenación del territorio, donde varios promotores compraban fincas rústicas a bajo precio y las vendían a particulares por una cuantía más elevada. ¿El motivo de esa ganga? Los terrenos que adquirían los promotores tenían uso muy restringido por su protección ambiental. 

La Policía Local de Arrecife y el Seprona liberan al perro 'Drago' del maltrato que sufría

Los agentes del Seprona, en el marco de la operación Domos, investigan a 136 personas por el presunto delito ambiental, tras observar un incremento de construcciones en los espacios naturales protegidos de Gran Canaria. «Está prohibido este tipo de uso y entre las consecuencias del delito está la obligación de demoler la obra y llevar a cabo la reposición a su estado original del terreno protegido», explican desde la Guardia Civil.

Las obras se ejecutaban, sobre todo, con fines residenciales para configurar segundas residencias en los espacios rurales, aunque los agentes detectaron la proliferación con motivos recreativos e industriales. Siempre en suelos protegidos. «Conllevan la degradación de zonas ambientales, poniendo en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades locales legalmente asentadas», añade la Guardia Civil.

'Modus operandi'

Una vez que Domos dio comienzo, los investigadores constataron un nuevo ‘modus operandi’. Tras comprar las fincas, a bajo precio por su protección y restricción, procedían a su segregación y parcelación para sacar los terrenos a la venta por un precio mayor. «Tenían la falsa creencia de que las construcciones en esas parcelas quedarían legalizadas en el tiempo por prescripción», continúan las fuentes consultadas. Pero los han cazado antes de que ese tiempo se cumpliese. 

Debido a ese ‘modus operandi’, el terreno que compraban, para poder dividirlo, no era precisamente pequeño. Fuentes consultadas por este diario explican que, dependiendo del caso, adquirían parcelas protegidas de entre 5.000 o 10.000 metros cuadrados que luego dividían en fincas de unos 500 metros cuadrados. Así conseguían sacar mayor rentabilidad a los terrenos. Ahora, se enfrenta a penas de prisión y a multas que pueden ascender a más de 200.000 euros. 

Las obras son ilegales de principio a fin, desde que comienza el movimiento de los suelos. Pero, obviamente, estos no serían rentables para levantar viviendas si no tuviesen los servicios mínimos habitacionales.

Dotaciones de servicio

Por ello, los promotores llegaban al punto –según la investigación de la Guardia Civil– de facilitar a los compradores dotaciones de servicios, como la construcción de manera conjunta de cerramientos exteriores, colocación de portones de acceso a las nuevas parcelas a, incluso, la gestión de la contratación de suministros de abastecimiento de agua de consumo humano. Utilizaban para ello a un instalador autorizado y la investigación apunta a la falsedad de los boletines para obtener el suministro.

Tras ellos, los nuevos propietarios sin contar con ningún tipo de licencia ejecutaban en las subparcelas la construcción de las edificaciones, mayoritariamente, de uso residencial.

«Como consecuencia, se crean núcleos poblacionales que no cuentan con los servicios mínimos necesarios y da lugar a una problemática en la gestión de los residuos y accesos», subraya la Guardia Civil. Los nuevos moradores tampoco contribuían con el pago de los tributos urbanos. 

Los agentes mantienen abiertas las indagaciones y continuarán peinando la Isla por si detectan nuevas construcciones ilegales en zonas protegidas, un delito contra la ordenación del territorio que conlleva penas de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y la reposición al estado original del espacio natural protegido.