¿Con un presupuesto de 112 millones de euros que tiene la Consejería que usted dirige se pueden atender las necesidades de los ciudadanos: mayores, menores en desamparo, violencia de género y la emergencia social?

No. No se puede llegar a todos. Las cuatro grandes áreas son: mayores y personas con discapacidad, y luego violencia de género y menores. También estamos en proyectos sociales con ONG y fundaciones o con ayuntamientos, pero el gran problema es que no se cubre toda la demanda de los ciudadanos, pese a que los 112 millones de euros son casi el veinte por ciento del presupuesto de todo el Cabildo, y que es el área con más dinero, no da para solucionar todos las demandas sociales.

¿Y cómo se trabaja así?

Pues, en el día a día vamos intentando optimizar los recursos sobre todo en dependencia, que son mayores, con las listas de espera, y las personas con discapacidad, a los que destinamos en conjunto 50 millones de euros.

¿Cuántos mayores están en lista a la espera de una plaza en un centro del Cabildo?

Unos 2.000 mayores de Gran Canaria están a la espera de una plaza para acceder a una residencia pública. Considero que lo que tiene que hacer la administración es buscar ya alternativas porque no puede absorber toda la demanda que hay, y no queda más opción que concertar con empresas privadas o también recurrir a las casas de acogida como se hace en algunos países de Europa.

Hay residencias públicas, otras concertadas, y en todos los mayores tienen que aportar buena parte de su pensión. ¿Hacia qué modelo de gestión de estos centros va el Cabildo?

El sistema de la dependencia lo que hace es que dispone de la pensión para atender al mayor. En la mayoría de los centros es así, se coge el 75% de la pensión, y el resto se cubre con las partidas de la dependencia. Este es el modelo actual y el que va a seguir funcionando, que cada mayor aporte en función de sus ingresos. Hay mayores que están abandonados, y que tienen una ayuda de 400 euros, y pagan en función de esa cantidad.

¿Cómo se siente cuando llega a un área en el que se percibe que los ciudadanos necesitan más ayudas y e l dinero no llega?

Hay dos actitudes: o te pones una coraza y te vuelves frío, o te pones en la piel de las personas e intentas resolver sus problemas, y es lo que hago, y también lo hice cuando traté con los agricultores y ganaderos. Hay que entender a esas familias que tienen un hijo con discapacidad síquica profunda y necesitan un centro, y ahí tiene que estar la administración junto a muchos casos de urgencia.

¿Pues no es muy ágil el Cabildo ya que los ciudadanos se quejan de que las ayudas de emergencia las reciben hasta con seis meses de retraso?

Sí. Este año se empezaron a firmar la semana pasada las ayudas de emergencia social.

Estamos en el mes de mayo.

Sí, el convenio con los ayuntamientos lo firmó la semana pasada el presidente del Cabildo. Tiene razón en que la administración tarda en llegar con las ayudas, y al final, toda la burocracia hace que no seamos lo ágiles que tenemos que ser, y eso hay que acortarlo. Me pongo en la piel de las personas y es verdad, que no tenemos derecho a tardar en tramitar las ayudas tanto como ahora. En este momento, si la administración quiere ponerse en valor tiene que ser más ágil porque la gente lo está pasando mal, y nos tenemos que poner las pilas todos los que estamos en el sector público.

¿Y qué se pide más para comida que antes de la crisis?

Con la crisis se ha disparado la demanda de ayudas para comer, pero también piden para pagar el alquiler, y el agua y la luz. Como está empezando el año no sé decirle pero ya se ha dado para alquileres y recibos de agua y luz.

¿Ve bien que los jóvenes que están en desamparo a los 18 años se queden fuera de los centros sin ningún tipo de ayuda?

No, son situaciones complicadas y difíciles. El trabajo de los profesionales es preparar a ese joven que no ha tenido acogimiento familiar, pero si a los dieciocho años tienen que abandonar los centros. En los hogares del Cabildo hay unos 500 menores, y se intenta el acogimiento familiar, pero desgraciadamente eso no se consigue.

¿Por qué hay ayuntamientos, algunos gobernados por el PP, como Santa Brígida o San Bartolomé de Tirajana que no quieren los servicios de la violencia de género, y el pasado año se dejó de gastar millón y medio de euros?

El problema de los ayuntamientos es que han tenido que asumir esas competencias, y lo que no querían era tener que disponer de más personal para poder ofrecer estos servicios. Por eso, ahora en lugar de firmar convenios con los ayuntamientos para atender a la mujer se está haciendo a través de las mancomunidades. Ningún ayuntamiento se va a quedar sin servicio, pero se está mirando que donde hay más casos dispongan de más recursos. Además, este año se va a atender a los hijos de la violencia de género.

La semana pasada organizó el Cabildo la feria ´Gran Canaria accesible´,¿ pero vivimos ajenos a los problemas de los discapacitados para moverse por la ciudad?

Es cierto, seguimos siendo una sociedad un poco hipócrita porque sabemos que las infraestructuras no son las adecuadas, pero lo olvidamos en el día a día. Es verdad que queda mucho camino por recorrer, pero sí que es cierto que Gran Canaria se ha puesto a la vanguardia de ser una Isla para todos.