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Cabildo La situación de los centros de atención social

Los centros de mayores de la Isla tienen una lista de espera de 1.736 personas

Gran Canaria dispone de 4.482 plazas sociosanitarias y necesita otras 3.000 para el año 2020

Los centros de mayores de la Isla tienen una lista de espera de 1.736 personas

Más de 2.100 ciudadanos están a la espera de entrar en alguno de los centros sociosanitarios públicos de Gran Canaria, una isla que necesita crear un mínimo de 3.000 nuevas plazas para atender las demandas de las personas mayores y con discapacidad en los tres próximos años. El caso del vecino de Teror que confesó esta semana que mató a su anciana madre al no poder ingresarla en la residencia de Valleseco ha conmovido a la sociedad isleña y, pese a ser un hecho sin precedentes y con otras truculentas motivaciones, ha puesto el foco en la falta de instalaciones para atender de forma adecuada a esas personas.

Los complejos sociosanitarios de Gran Canaria disponen actualmente de 4.482 plazas públicas y todas están ocupadas. De ellas, 2.036 corresponden a los centros de mayores, 1.385 residenciales y 651 de estancia diurna. La lista de espera para acceder a ese servicio se eleva a día de hoy a 1.736 personas, pero el dato "no es real" porque solo se contabilizan los solicitantes a los que el Gobierno de Canarias ya ha reconocido como beneficiarios del Plan Individual de Atención (PIA), explica Elena Máñez, consejera de Política Social del Cabildo grancanario.

La situación es similar en los centros para personas con discapacidad. Las instalaciones públicas suman 1.656 plazas, de las que 1.144 son de estancia diurna y 512 residenciales. El número de aspirantes a una de esas plazas asciende a 389. Por último, en los centros de Salud Mental existen otros 790 puestos, 419 diurnos y 371 a tiempo completo. En este caso, el Cabildo no dispone de lista de espera, pues la gestiona directamente el Servicio Canario de Salud (SCS), dependiente del Gobierno autonómico.

Solicitantes

Esas son las cifras oficiales de la Ley de la Dependencia, insiste Máñez, porque el Cabildo grancanario, y los de las otras islas, desconocen el número de solicitantes que están a la espera del PIA o de aquellas personas que ni siquiera piden una plaza porque han perdido la esperanza de lograrla.

Para remediar esas carencias, el Gobierno de Canarias está elaborando el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2017-2020 y ya ha solicitado a los siete cabildos que les remitan sus necesidades de plazas para los próximos años. La propuesta de Gran Canaria incluye la creación de otras 1.886 plazas en centros de mayores y 1.297 para personas con discapacidad.

La construcción de los inmuebles sociosanitarios para crear esas 3.183 nuevas plazas se hará con fondos de la Comunidad Autónoma y del propio Cabildo. Máñez reclama que sea al 50%, tal como ocurrió en el primer Plan del Gobierno regional. La inversión prevista suma 252, 5 millones, 168.000 en mayores y 84,5 en discapacidad. El Cabildo ya esta buscando espacios para incrementar la capacidad y también ha pedido a los ayuntamientos que cedan inmuebles en desuso que se puedan rehabilitar como centros de día.

El Cabildo ya ha destinado este año casi 3,5 millones de euros a la reforma y ampliación de centros. Dentro del llamado Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles se recogen 1,5 millones para El Sabinal, 957.000 euros para la residencia de mayores de Taliarte y otros 900.000 euros para el antiguo Psiquiátrico.

La intención del gobierno insular, ya anunciada por el presidente, Antonio Morales, es invertir unos 15 millones de euros el año próximo en la rehabilitación del Psiquiátrico, lo que permitirá crear 240 plazas. "Es un inmueble del Cabildo que está infrautilizado porque actualmente solo se utiliza una de las alas para 54 plazas sanitarias y para oficinas de una asociación", apunta Máñez.

En paralelo, según la consejera de Política Social, el Cabildo está preparando un plan insular de centros sociosanitarios para "un periodo 15 a 20 años", pues la demanda va a seguir creciendo en las próximas décadas. "Hay que empezar a construir desde ahora lo que vamos a necesitar en el futuro. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida, habrá más personas a atender y ciudadanos que necesitarán unos servicios más complejos que ahora, por eso es necesario estudiar el ritmo de crecimiento y definir los nuevos modelos de atención", subraya.

Ante el sistema de la discapacidad que rige en Canarias, donde el Gobierno autónomo tiene las competencias y los cabildos aportan las instalaciones y una parte de la gestión, Máñez sostiene que "es fundamental" planificar desde ahora para luego decirle al Gobierno canario lo que se necesita en cada isla.

"Cuando el Gobierno regional se ponga las pilas y actualice todas las solicitudes, las listas de espera se pueden incrementar aún más porque ahora solo tenemos contabilizados a los demandantes que tienen el PIA, pero eso es solo la punta del iceberg porque hay personas que han solicitado ese servicio y en algunos casos llevan esperando desde hace dos años por el reconocimiento beneficiarios", subraya Máñez, quien considera que solo una planificación exhaustiva permitirá conocer cuál es la demanda real.

A su juicio, el número de personas que tendrían derecho a una de las plazas es mucho mayor que los 2.125 solicitantes que reflejan las listas de espera, 1.736 en mayores y 389 en discapacidad. Aunque son números elevados, opina que es necesario hacer un análisis para conocer por qué se ha llegado a esta situación.

"Desde que se implantó la Ley de la Dependencia", recuerda Máñez, "los cabildos vienen suscribiendo convenios anuales con el Gobierno de Canarias, al 50% en mayores y al 60-40% en dependencia, mientras que en otras Comunidades Autónomas son ellas las que financian todo".

Puesto que la potestad para la planificación la tiene el Gobierno regional, eso obliga a negociar año a año las plazas sociosanitarias que tienen financiación. De hecho, el convenio para funcionar este año todavía no se firmado, por lo que ni siquiera se sabe cuáles serán las necesidades para el 2018.

Planificar

"Cada año es como un sorteo donde cada cabildo pide lo suyo y el Gobierno responde si aporta el dinero o no lo da; por tanto, cada cabildo pone la parte que le corresponde en función de lo que diga el Gobierno, pero así es imposible que los cabildos puedan planificar algo, pues ni siquiera sabe cuántas personas han solicitado la discapacidad", recalca la consejera.

Con el actual sistema, según Máñez, "solo se conseguirá seguir parcheando", por lo que propone que en primer lugar se establezca una coordinación entre administraciones para ajustar la oferta y la demanda de plazas sociosanitarias, pues "de nada sirve que los cabildos construyan centros si luego el Gobierno de Canarias no financia las nuevas plazas".

"Los cabildos" -añade- "no pueden resolver el problema de forma unilateral, sino en coordinación con el Gobierno canario, pues, aunque quisieran, no pueden financiar plazas fuera del convenio de la dependencia porque la ley no lo permite". Al respecto, entiende que el II Plan del Gobierno para el periodo 2017-2020 "ya llega con retraso", pues los cabildos no pueden empezar obras hasta saber cuántas plazas va a ofrecer el Ejecutivo regional a cada isla. "Ya deberíamos estar construyendo los centros que necesitaremos dentro de tres años, pero se puede dar el absurdo de que los edificios se queden vacíos porque el Gobierno no cubre esas plazas".

Además de los recortes del Estado por la crisis económica, un problema añadido que tienen los cabildos es que no pueden gastar el dinero que tienen en los bancos porque lo impide la regla del gasto del ministro Montoro. "Con los recortes de Madrid, también los ayuntamientos reciben cada vez menos dinero del Plan Concertado que viene del Estado y han tenido que poner fondos propios, pero aunque los municipios tengan dinero, el techo de gasto de Montoro no se los deja gastar", agrega.

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